El esquema, según lo expuesto por las autoridades, consistió en un robo continuado de saldos a favor de contribuyentes —conocidos como créditos fiscales— en la Dirección General de Ingresos (DGI). A la fecha, las autoridades han detenido a 17 personas, entre ellas abogados y empleados de la DGI que fueron destituidos y ahora enfrentan cargos de crimen organizado, corrupción y blanqueo de capitales.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo en un video que el gobierno "ha detectado graves irregularidades" en la DGI y señaló que la defraudación "comenzó hace muchos años, captó funcionarios y burló los controles del sistema" informático. La descripción sitúa el fraude no como un hecho aislado, sino como una operación sostenida en el tiempo dentro de la propia dependencia recaudadora.
Cómo operaba el esquema con créditos fiscales
El modelo tributario panameño permite que un contribuyente transfiera sus saldos a favor a un tercero —incluidos bancos— con descuentos, dinero que después sirve para pagar impuestos. Ese mecanismo legítimo habría sido el resquicio aprovechado por la red. Aunque las autoridades no han detallado el ilícito, reportes de prensa panameña indican que los funcionarios y sus cómplices eliminaban del sistema operaciones comerciales que ya habían generado pago de impuestos.
Esos fondos, de acuerdo con esos mismos reportes, eran convertidos luego en créditos fiscales para ser transferidos a intermediarios e incluso a bancos. Las entidades bancarias aseguran haberlos adquirido de buena fe, lo que abre un frente adicional: determinar la responsabilidad de los adquirentes finales de esos saldos. Los reportes de prensa apuntan a que el monto del desfalco podría superar el estimado inicial de 40 mdd.
Chapman anunció este lunes la suspensión del "trámite de todos los créditos fiscales bajo sospecha" y pidió a la Contraloría General de la República una investigación para identificar las vulnerabilidades de la plataforma informática. La medida congela, de forma preventiva, un procedimiento que forma parte ordinaria de la operación tributaria mientras se depura el alcance del fraude.
La Contraloría es, conforme al ordenamiento panameño, el órgano encargado de fiscalizar el manejo de los fondos públicos, por lo que su intervención abre una vía de auditoría paralela a la investigación penal que ya avanza con las 17 detenciones. Ambas líneas —la administrativa y la judicial— deberán establecer el monto real defraudado y la cadena de responsabilidades dentro y fuera de la DGI.
El antecedente de los Panama Papers
La imagen del país quedó seriamente dañada en 2016 con el escándalo internacional de los "Panama Papers", que reveló cómo personalidades de todo el mundo utilizaron esta jurisdicción para la evasión. Desde entonces, Panamá ha impulsado reformas para salir de las listas de paraísos fiscales, un esfuerzo de reputación que el nuevo caso vuelve a poner a prueba, esta vez por una falla interna del propio aparato recaudador y no por el uso de estructuras extranjeras.
El caso actual difiere de aquel episodio en un punto central: mientras los Panama Papers apuntaban a esquemas offshore de terceros, la operación Pandora señala directamente a funcionarios de la administración tributaria y a los controles informáticos del Estado, lo que traslada el foco de la evasión privada a la corrupción dentro de la institución encargada de recaudar.
Las 17 personas detenidas quedan sujetas al proceso penal por los cargos de crimen organizado, corrupción y blanqueo de capitales, mientras la Contraloría deberá entregar los resultados de la auditoría solicitada sobre la plataforma de la DGI. De esa revisión dependerá tanto el cálculo definitivo del daño patrimonial como las medidas para cerrar las vulnerabilidades que permitieron eliminar operaciones del sistema durante años.