La reserva por tres años de los expedientes de auditoría se habría decidido en los días previos a la salida de Rodríguez Padilla de la dirección general de Pemex, una determinación que activó el reclamo de los diputados panistas integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro, que consideraron "vago" el argumento oficial de comprometer información estratégica.
La diputada Paulina Rubio fue la voz más dura del reclamo. Vinculó la reserva con acusaciones de violencia doméstica que, dijo, pesan contra el exdirector por parte de su esposa, y sostuvo que el episodio confirma un patrón del gobierno federal. "Se trata de cubrirle las espaldas corruptas a este hombre acusado por su esposa de maltrato físico y violencia doméstica", declaró. La legisladora afirmó que reservar esa información "es una muestra del cariño y apoyo incondicional de la presidenta de México con los agresores de mujeres" y añadió: "Ahora la presidenta nos da una cara nueva, su compromiso con la opacidad y la corrupción en Pemex".
Rubio enmarcó el episodio en la reforma constitucional que eliminó los órganos autónomos, incluido el organismo garante de la transparencia, aprobada tras alcanzar Morena y sus aliados la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, "ese que nos aseguraba el buen camino del ejercicio público".
Ernesto Sánchez, integrante de la misma comisión, advirtió que la reserva "se trata de un nuevo intento por blindar la corrupción del escrutinio ciudadano". Señaló que el acceso a la información es un derecho consagrado en la Constitución y que la reserva solo puede justificarse de manera excepcional, nunca como mecanismo para ocultar posibles irregularidades o proteger a "amigos" del régimen.
"Morena ha convertido la excepción en regla", sostuvo Sánchez, quien acusó al partido en el gobierno de emplear la figura de la reserva para "cerrar expedientes, esconder auditorías y evitar la rendición de cuentas cuando los señalados forman parte de su círculo político". El legislador exigió transparentar "qué ocurrió en Pemex y quiénes deben responder por sus decisiones".
El vocero del Grupo Parlamentario del PAN, Federico Döring, señaló directamente a la secretaria de Energía, Luz Elena González, y a la propia Sheinbaum como responsables del respaldo a la reserva, con la que, afirmó, "las tranzas de Víctor Rodríguez quedarán blindadas". Döring atribuyó a Rodríguez Padilla responsabilidad en derrames petroleros durante su gestión: "es él el responsable de los derrames petroleros y nos mintió, además de querer engañar diciendo que no había".
El vocero panista mencionó además contratos que calificó de "curiosos y corruptos", presuntamente otorgados desde Pemex "por instrucciones superiores" a empresas afines a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de señalamientos formulados por el legislador que, hasta el momento, no han sido acreditados ante ninguna autoridad ni son objeto de una causa penal conocida, por lo que deben entenderse como acusaciones políticas y no como hechos probados.
El diputado local panista Raúl Torres Guerrero centró su crítica en las finanzas de la empresa, a la que describió como "prácticamente quebrada", y advirtió que mantener reservada la información "no solo compromete el fracaso de esta administración, sino que encendería focos rojos para las calificadoras internacionales", que desde hace años vigilan el elevado endeudamiento de la petrolera estatal.
El marco legal de la reserva
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde 2015, establece que la reserva de información debe fundarse y motivarse caso por caso, acreditando que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad nacional, la estabilidad financiera o económica del país, o intereses protegidos por la ley. El plazo ordinario de reserva es de hasta cinco años, prorrogable. Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la función de garante quedó reasignada dentro de la estructura del Ejecutivo tras la reforma que eliminó los órganos autónomos.
En solicitudes anteriores, Pemex ha argumentado que ciertos datos de auditorías internas pueden comprometer estrategias comerciales, negociaciones contractuales o información sensible frente a competidores y contrapartes, un criterio que los legisladores panistas consideran insuficiente por su generalidad en este caso concreto.
La controversia por la opacidad en la información de la petrolera no es inédita. Durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y del propio López Obrador, organizaciones civiles y legisladores de oposición reclamaron en distintas ocasiones la desclasificación de contratos, resultados de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y reportes financieros, un patrón recurrente en los relevos de dirección de la empresa productiva del Estado.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Energía han respondido públicamente a los señalamientos de la bancada panista, y Pemex tampoco se ha pronunciado sobre la clasificación de las auditorías atribuida a la gestión saliente de Rodríguez Padilla.
El reclamo se suma a otros frentes de tensión entre la oposición y el gobierno federal, en momentos en que San Lázaro discute también asuntos de fiscalización del gasto y el proceso electoral de 2027. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción podría solicitar en las próximas sesiones la comparecencia de funcionarios de Pemex o de la Secretaría de Energía para explicar los criterios aplicados en la reserva de la información.