El debate, celebrado en el marco de la Comisión Permanente —órgano que opera durante los recesos del periodo ordinario del Congreso de la Unión—, giró en torno al alcance de los lineamientos, que contemplan mecanismos como códigos de ética, la figura del defensor de las audiencias y esquemas de sanción para los concesionarios de radio y televisión.
El senador priista Manuel Añorve tomó la tribuna para señalar que, bajo el pretexto de proteger a las audiencias, la bancada morenista buscaría en realidad limitar la libertad de expresión. "Perdieron la narrativa, de eso no tengan la menor duda", afirmó, y sostuvo que la intención sería obligar a los medios a autocensurarse mediante la figura de los defensores de audiencias, a quienes describió como representantes de la Cuarta Transformación.
Añorve comparó la propuesta con otros modelos de la región. Dijo que el oficialismo estaría "construyendo un Estado autoritario como el de Venezuela con Nicolás Maduro y Hugo Chávez, el de Daniel Ortega en Nicaragua". El senador también criticó al Instituto Nacional Electoral por, según dijo, actuar como "censor oficial" de Morena al pretender impedir que el PRI utilice el término "narcopartido" para referirse al partido en el poder.
Por el grupo parlamentario del PAN, el senador Erik Iván Jaimes Archundia centró su intervención en el riesgo de que el Estado se convierta en regulador y fiscalizador de los concesionarios. "No podemos permitir que la fluidez de la información esté sobrerregulada con un etiquetado. Eso afectaría demasiado la libertad de expresión", expresó, y pidió eliminar cualquier esquema de sanción vinculado con el ejercicio periodístico.
Desde la bancada morenista, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió los lineamientos y acusó que los gobiernos de sexenios anteriores recurrieron de forma reiterada a la manipulación mediática. En tribuna evocó el fraude electoral de 1988, los episodios de "El Chupacabras" y "La Paca" en los años noventa, y el homicidio del conductor de televisión Paco Stanley en 1999, para sostener que la desinformación no sería un fenómeno nuevo en la vida pública del país.
El senador Gerardo Fernández Noroña, también de Morena, defendió los lineamientos y acusó a los medios de comunicación de mentir, intrigar y tergiversar información "en daño de las audiencias, en daño de la ciudadanía y en daño de los que nos dedicamos a la política". Dirigiéndose a la oposición, declaró: "mientras gobernemos ustedes podrán seguir mintiendo, intrigando, denostando, pidiéndole intervención extranjera, traicionando a la patria".
El marco vigente y su antecedente reciente
La discusión sobre los derechos de las audiencias no es nueva en el Congreso de la Unión. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, vigente desde 2014, ya contempla la figura del defensor de las audiencias y establece obligaciones para los concesionarios en materia de códigos de ética. Los lineamientos debatidos este jueves buscan precisar esos mecanismos, un punto en el que oficialismo y oposición discrepan sobre su alcance.
El fondo remite a un debate histórico en México sobre la relación entre el poder político y los medios de comunicación, que atraviesa las décadas de control priista sobre las concesiones de radio y televisión y que tuvo un parteaguas con la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013, promovida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, orientada a introducir mayor competencia y transparencia en el sector.
La consultora en telecomunicaciones Irene Levy advirtió en fechas recientes que existirían "visos de censura" en las propuestas sobre audiencias, en referencia a la posibilidad de que los mecanismos de sanción se empleen para desincentivar la cobertura crítica hacia el gobierno federal.
El debate coincide con otras medidas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de información pública. La mandataria firmó recientemente un decreto orientado a fortalecer la transparencia gubernamental, con el compromiso de que los contratos del gobierno federal estarán disponibles de manera mensual, según ha presentado la Presidencia como parte de su agenda de rendición de cuentas.
Qué sigue en el trámite legislativo
La Comisión Permanente, integrada por legisladores de ambas cámaras durante los periodos de receso, no tiene facultades para aprobar leyes de manera definitiva, por lo que cualquier resolución sobre los lineamientos deberá esperar a la reanudación del periodo ordinario de sesiones para su discusión formal en el pleno correspondiente.
Ni el grupo parlamentario de Morena en el Senado ni el de la oposición ofrecieron una postura conjunta ni un calendario definido para la votación de los lineamientos, que continuarían en discusión en comisiones antes de someterse al pleno de la Cámara alta o remitirse a San Lázaro, conforme al procedimiento que marca la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.