Entre las diez víctimas figuraban seis empresarios y dos funcionarios del municipio de Fresnillo, de acuerdo con la Fiscalía. Camacho sostuvo que la mayoría de ellas acudió por decisión propia a las reuniones: "Tenemos documentado que ocho de las víctimas mencionaron a sus familiares que iban a una reunión con los señores, literal, es lo que está establecido", declaró el fiscal.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto estableció, mediante el análisis de telefonía y entrevistas, que las víctimas mantenían "comunicación directa con sus agresores", razón por la cual, según Camacho, no existieron denuncias previas por privación ilegal de la libertad. La única excepción fue el exalcalde de Sombrerete, privado de la libertad en su domicilio el 18 de julio y cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Sain Alto.
El alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, compareció en calidad de testigo el pasado 24 de julio. El fiscal señaló que la información aportada por el presidente municipal abrió dos nuevas vertientes de investigación, sin precisar cuáles, y adelantó que se alistan requerimientos para que comparezcan otros funcionarios del ayuntamiento. Hasta el momento no se ha hecho público un pronunciamiento del edil sobre el contenido de su declaración.
La línea de extorsión y las detenciones
Camacho confirmó que entre las líneas de investigación vigentes está la de extorsión, en la que al menos dos de los empresarios fallecidos habrían participado, aunque las autoridades analizan si actuaban bajo coacción o amenaza. La distinción es determinante en términos penales: la coacción puede modificar la calificación jurídica de la conducta y el grado de responsabilidad atribuible a las víctimas.
Las autoridades de Seguridad Pública y la Fiscalía de Zacatecas informaron que suman 14 detenciones relacionadas con el caso. De ellas, siete corresponden a personas consideradas "de alta relevancia" y tres ya fueron judicializadas, es decir, puestas a disposición de un juez de control que resolverá sobre su vinculación a proceso dentro de los plazos que fija el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El multihomicidio se inscribe en un patrón de violencia que ha golpeado de forma sostenida a Zacatecas, una de las entidades con mayores índices de homicidio doloso del país en los últimos años, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La disputa territorial entre organizaciones criminales por el control de corredores en el centro-norte del país ha derivado en episodios de agresión colectiva en municipios como Fresnillo, Jerez y Sombrerete.
Los ataques con múltiples víctimas no son inéditos en la historia reciente del estado ni del país. La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, marcó un punto de referencia sobre la capacidad de las organizaciones criminales para ejecutar homicidios colectivos, y desde entonces episodios de esa naturaleza se han repetido en distintas entidades, lo que ha obligado a las fiscalías estatales a coordinar sus investigaciones con instancias federales.
En el plano procesal, corresponde a la Fiscalía integrar las carpetas de investigación, solicitar las órdenes de aprehensión que resulten procedentes y sostener la acusación ante los jueces. La judicialización de tres de los detenidos abre la etapa en la que un juez de control determinará si existen datos de prueba suficientes para vincularlos a proceso, mientras que los demás aprehendidos permanecen bajo indagatoria.
La Fiscalía señaló que los nuevos requerimientos a funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo y el desarrollo de las dos líneas de investigación abiertas a partir del testimonio del alcalde marcarán las siguientes semanas del caso. Las autoridades no han fijado una fecha para nuevas comparecencias ni han precisado cuántos funcionarios serán citados.
El esclarecimiento del multihomicidio dependerá, según lo expuesto por la propia Fiscalía, de determinar si las víctimas actuaban de manera voluntaria o coaccionada en las actividades de extorsión, así como del avance en la judicialización de los detenidos restantes. Los plazos concretos quedarán supeditados a las resoluciones de los jueces de control que conozcan de cada caso.