La institución —una de las normales rurales con tradición en el sureste mexicano— rechazó de manera categórica las acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de los aspirantes y afirmó que la información difundida en torno al caso no corresponde a la realidad de la escuela. Sostuvo que los procesos de selección se desarrollan bajo principios de «transparencia, equidad y respeto», con el objetivo de garantizar un trato digno a quienes buscan ingresar a sus aulas, y reiteró su compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos.
La dirección calificó como ajenas a la realidad institucional las versiones sobre presuntos abusos durante los días previos al arranque de clases, pero no detalló en qué consistieron específicamente las acusaciones que motivaron la denuncia ante la fiscalía estatal. En el mismo documento, señaló que las publicaciones y señalamientos difundidos buscan «condicionar y estigmatizar» la imagen de la institución, por lo que pidió a la comunidad educativa y a la sociedad verificar la información antes de compartirla, sin precisar qué contenidos considera no verificados.
La llamada semana de inducción es un periodo previo al ingreso formal de los aspirantes a las normales rurales del país, en el que tradicionalmente se han documentado en distintas instituciones episodios de actividades físicas exigentes que, en algunos casos, han derivado en denuncias de familiares ante autoridades estatales o comisiones de derechos humanos. La Fiscalía General del Estado de Chiapas no ha informado públicamente si la carpeta de investigación abierta ha derivado en la citación de algún indiciado ni ha precisado el tipo penal por el que se investiga.
Cómo debe transitar la indagatoria
De acuerdo con el sistema penal acusatorio vigente en México desde la reforma constitucional de 2008, cualquier indagatoria de este tipo debe transitar primero por la etapa de investigación inicial a cargo del Ministerio Público estatal. Solo si se reúnen datos de prueba suficientes procedería la formulación de imputación ante un juez de control y, en su caso, la audiencia en la que se resolvería sobre la vinculación a proceso conforme al artículo 19 constitucional. Hasta el momento no consta que el caso haya avanzado a esa fase, ni si el Ministerio Público local reúne elementos para judicializar la carpeta o determinar el no ejercicio de la acción penal.
Las normales rurales, herederas del proyecto educativo posrevolucionario de las Escuelas Regionales Campesinas de la década de 1920, han sido escenario recurrente de tensiones entre direcciones institucionales, autoridades estatales y organizaciones estudiantiles. El caso de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero —ligado a la desaparición de 43 estudiantes en 2014—, sigue siendo la referencia histórica más citada cuando se documentan señalamientos en estas instituciones, aunque se trata de un asunto de naturaleza distinta al que ahora ocupa a la fiscalía chiapaneca.
Familiares de los aspirantes que presentaron las denuncias no han hecho declaraciones públicas adicionales tras el comunicado de la dirección, y no fue posible confirmar si cuentan con representación legal formal ante el Ministerio Público o si han solicitado medidas de protección para los jóvenes involucrados. La contraparte institucional queda expresada en el propio comunicado, que reitera el compromiso de la escuela con la formación de profesionales íntegros y con una educación de calidad, y anuncia que continuará trabajando conforme a los principios que rigen a la institución.
La Secretaría de Educación Pública federal, que supervisa el sistema de normales rurales a través de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, no se ha pronunciado sobre el caso específico de Mactumactzá ni ha informado si solicitó un reporte a las autoridades educativas de Chiapas. El gobierno del estado tampoco ha emitido una postura diferenciada de la fiscalía, y se desconoce si el titular del ejecutivo local ha instruido alguna revisión administrativa sobre los protocolos de ingreso.
La investigación de la Fiscalía General del Estado de Chiapas continúa abierta. Cualquier avance procesal —desde una posible imputación hasta la citación de testigos— deberá conocerse a través de las vías institucionales de la propia fiscalía, que hasta ahora no ha fijado una fecha para informar sobre el estado de la indagatoria.