El colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fue de los primeros en reaccionar en redes sociales. "No podemos seguir perdiendo compañeras, no podemos seguir siendo agredidas por el simple hecho de salir a buscar a nuestros desaparecidos", escribió la organización, que subrayó que el ataque contra Rojo Medina ocurrió justo cuando se conmemoraba la fecha dedicada internacionalmente a las víctimas de desaparición forzada, lo que consideró una muestra del "riesgo latente" que enfrentan las familias buscadoras en la entidad.
Las organizaciones recordaron que el Estado mexicano tiene obligaciones derivadas de tratados internacionales de derechos humanos, entre ellas garantizar justicia, protección integral y condiciones de seguridad para quienes ejercen la búsqueda de personas desaparecidas. "Las familias sabemos que el Estado mexicano tiene obligaciones internacionales y responsabilidades claras", plantearon en su pronunciamiento, en el que pidieron que la búsqueda pueda realizarse "sin amenazas ni agresiones".
Carlos Castro, vocero de la Articulación de Víctimas Unidas, endureció los señalamientos. "Condenamos y hacemos responsable al Estado y a la presidenta Claudia Sheinbaum de las agresiones a la compañera", dijo a El Universal. El vocero cuestionó además la ausencia de una postura pública de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a los ataques contra las familias buscadoras: "No vemos a la CNDH haciendo una recomendación o pronunciamiento a los ataques de las que somos las familias buscadoras".
El caso de Rojo Medina no es aislado. Los colectivos recordaron el asesinato de Lilián Rosario Rodríguez, integrante de Corazones sin Justicia, quien fue privada de la libertad y hallada muerta en el municipio de Elota el 30 de agosto de 2022, exactamente cuatro años antes del ataque más reciente. También mencionaron la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela, ocurrida el 14 de octubre de 2025, y el homicidio de Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Sabuesos Guerreras, asesinada en febrero de 2026 mientras buscaba a su hijo Édgar Daniel López.
"¡Ya basta! No buscamos problemas, buscamos a nuestros seres amados. No es un delito buscar la verdad y la justicia", reclamó Corazones Unidos por una Misma Causa, que exigió medidas de protección concretas para las mujeres que encabezan la búsqueda de personas desaparecidas en el estado.
La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos Sinaloa se sumó a la exigencia junto con una decena de colectivos y personas defensoras, entre ellas Iniciativa Sinaloa AC, Tacuichamona Mx, la Brigada Estatal de Búsqueda Zona Centro, Armadillos Rastreadores de Sinaloa y Madres Buscadoras Independientes, que firmaron un desplegado para exigir el cese de las agresiones contra las buscadoras. En el documento describieron un "contexto hostil" para quienes se dedican a la búsqueda de personas y atribuyeron ese clima a la ola de violencia que, según denunciaron, ha golpeado durante los últimos dos años tanto a Culiacán como a gran parte del territorio estatal.
Las organizaciones hicieron un llamado directo a la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, para que no escatime esfuerzos en garantizar la seguridad de Rojo Medina y del resto de las integrantes de colectivos de búsqueda en la entidad. La titular de la ombudsperson de Sinaloa exigió, por su parte, una investigación exhaustiva sobre el ataque y pidió a las autoridades estatales brindar protección a las activistas afectadas.
Un fenómeno de más de una década
La búsqueda ciudadana de personas desaparecidas se ha expandido en México ante la percepción de las familias de que las instituciones de seguridad y justicia no han dado respuesta suficiente. El registro oficial de personas desaparecidas y no localizadas, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, supera las 100,000 personas y ha crecido de forma sostenida desde su sistematización. Sinaloa, escenario de la disputa entre facciones del crimen organizado que se recrudeció tras la captura de Ovidio Guzmán López, se ha convertido en uno de los estados con mayor riesgo para quienes encabezan estas labores.
El marco normativo mexicano establece protecciones específicas para las familias buscadoras. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en 2017, reconoce a los colectivos de familiares como sujetos de derechos y obliga a las autoridades a otorgar medidas de protección cuando exista riesgo derivado de su labor. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente desde 2012, contempla además un mecanismo federal al que pueden solicitarse medidas cautelares.
La CNDH tampoco había difundido una postura oficial, en línea con lo señalado por el vocero de la Articulación de Víctimas Unidas.
El episodio se suma a una serie de agresiones contra mujeres buscadoras documentadas en distintos estados del país en los últimos años. La atención sobre lo ocurrido en Culiacán dependerá, en los próximos días, de la respuesta formal de las autoridades estatales y federales a las exigencias de los colectivos y del avance de las diligencias abiertas sobre el ataque, así como del estado de salud de la activista, reportada como estable.