Netanyahu y la lógica del fait accompli La decisión de bombardear el área periférica de Beirut —zona históricamente asociada a la presencia de Hezbolá y conocida en la jerga militar israelí como el 'cinturón sur'— se produjo después de que funcionarios de la Casa Blanca trasladaran a Tel Aviv su preocupación por una posible escalada que complicara los contactos diplomáticos en curso. La respuesta de Netanyahu fue lanzar los ataques de todos modos, una táctica que en la teoría de juegos se denomina 'fait accompli': crear un hecho consumado que restringe las opciones del interlocutor más poderoso sin que este pueda revertirlo sin coste político propio.
El contexto histórico: de Oslo a hoy, la deuda incobrable Israel y el Líbano carecen de tratado de paz formal desde la fundación del Estado hebreo en 1948. Los Acuerdos de Oslo (1993) rediseñaron la relación israelopalestina pero dejaron intacto el flanco norte. La resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en agosto de 2006 tras la guerra de 33 días entre Israel y Hezbolá, estableció una zona de separación supervisada por la FINUL —la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano— con unos 10.000 efectivos desplegados entre el río Litani y la Línea Azul. Dicha resolución prohíbe explícitamente la presencia de fuerzas armadas no gubernamentales en ese corredor, una disposición que Hezbolá ha incumplido de forma sistemática, según informes anuales del propio secretario general de la ONU.
El gasto militar de Israel alcanzó en 2023 el 5,3% del PIB según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el nivel más alto desde la segunda Intifada y muy por encima de la media de los miembros de la OTAN, fijada en el 2%. Ese esfuerzo sostenido dota a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) de capacidad para operar en varios frentes simultáneos, lo que amplía el margen de maniobra de Netanyahu frente a presiones externas.
Geografía estratégica: por qué Beirut y por qué ahora El sur de Beirut no es un objetivo aleatorio. Los suburbios de Dahiyeh concentran la sede política y logística de Hezbolá, la mayor milicia no estatal del mundo árabe en capacidad de fuego, con un arsenal estimado —según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, en informes de 2023— de entre 120.000 y 150.000 cohetes y misiles, cifra superior a la suma del armamento convencional de muchos ejércitos europeos. El corredor entre Siria, el valle de la Bekaa y Beirut constituye la arteria de abastecimiento iraní a Hezbolá, lo que convierte cada ataque israelí en esa zona en un mensaje directo a Teherán.
Desde el punto de vista geográfico, el Líbano es el eslabón más débil del llamado 'eje de la resistencia' —Irán, Siria, Hezbolá, Hamas, milicias iraquíes— por la fragilidad institucional de Beirut: el Estado libanés lleva más de dos años sin presidente de la República, el Banco Central ha perdido desde 2019 la mayor parte de sus reservas en divisas —que el FMI cifró en cerca de 30.000 millones de dólares antes de la crisis financiera— y la economía encadena una de las tres contracciones más severas registradas en el mundo desde 1850, según el propio Banco Mundial en su informe de 2021.
La partida entre Netanyahu y Trump: aliados con agendas divergentes La relación entre Netanyahu y Donald Trump tiene una capa de afinidad ideológica y una capa de intereses que no siempre coinciden. Trump necesita mostrar resultados diplomáticos en Oriente Próximo —un acuerdo de normalización saudí-israelí ampliaría el legado de los Acuerdos de Abraham de 2020— y para ello requiere que Israel no torpedee las conversaciones con Riad ni con Teherán. Netanyahu, en cambio, tiene incentivos propios: un proceso judicial activo en Israel por corrupción, una coalición de gobierno que incluye ministros de extrema derecha favorables a la expansión en Gaza y Cisjordania, y una base electoral que premia la firmeza militar.
Esta divergencia de intereses no es inédita. En 1991, el presidente George H. W. Bush presionó al entonces primer ministro Yitzhak Shamir para participar en la Conferencia de Madrid congelando temporalmente las garantías de préstamos estadounidenses —8.000 millones de dólares— para construcción de asentamientos. Shamir cedió a regañadientes y acudió a Madrid, pero el episodio ilustra que Washington tiene instrumentos de presión reales sobre Tel Aviv, aunque rara vez los activa en su totalidad.
La respuesta iraní y el riesgo de escalada no lineal Teherán ha advertido públicamente de que cualquier ataque israelí que amenace infraestructura vital de Hezbolá será considerado una agresión contra el propio Irán. La República Islámica destinó en 2023 aproximadamente el 2,3% de su PIB a gasto militar según SIPRI, pero su poder real de proyección no se mide en presupuesto oficial sino en el despliegue de fuerzas proxy a lo largo del 'eje de la resistencia'. El ataque israelí sobre Beirut activa ese sistema nervioso: obliga a Hezbolá a responder o a asumir un coste de credibilidad, y coloca a Irán ante el dilema de respaldar a su aliado o negociar desde una posición de debilidad.
El precedente más cercano de escalada involuntaria en la región es la secuencia de abril de 2024, cuando Israel atacó el consulado iraní en Damasco —instalación con estatuto diplomático protegido por la Convención de Viena de 1961—, lo que provocó la primera respuesta directa de Irán sobre territorio israelí con más de 300 drones y misiles, la mayoría interceptados. La arquitectura de contención funcionó entonces, pero los márgenes de error se estrechan con cada ciclo.
El marco normativo: lo que permite y prohíbe el derecho internacional Los bombardeos sobre zonas urbanas están regulados por el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (1977), que establece el principio de distinción —entre objetivos militares y civiles— y el de proporcionalidad. Israel no ha ratificado ese Protocolo, aunque sí los propios Convenios de Ginebra de 1949, que fijan obligaciones equivalentes en el derecho internacional consuetudinario. La Corte Internacional de Justicia tiene en curso procedimientos que afectan a Israel relacionados con Gaza; la ampliación del teatro de operaciones a Líbano podría alimentar nuevas solicitudes de medidas cautelares ante ese tribunal, aunque su ejecución depende en última instancia del Consejo de Seguridad, donde EEUU dispone de veto.
La resolución 1701, mencionada anteriormente, sigue siendo el instrumento jurídico de referencia para el flanco norte israelí. Su aplicación efectiva recae en la FINUL, cuyos contingentes incluyen fuerzas de España —el Ejército español es uno de los contribuyentes tradicionales, con presencia continuada desde 2006—, Italia, Francia e Indonesia, entre otros. Cualquier escalada severa en el sur del Líbano pone en riesgo directo a esos cascos azules, lo que convierte el conflicto en una preocupación de seguridad inmediata para varios estados miembros de la UE.
Qué viene después: plazos, hitos y posibles desenlaces En el plano diplomático, la administración Trump tiene sobre la mesa tres procesos simultáneos: los contactos indirectos con Irán sobre el programa nuclear —reanudados en Omán—, la negociación de un acuerdo de rehenes en Gaza y la eventual normalización saudí-israelí. Netanyahu sabe que los tres procesos le necesitan, o al menos necesitan que Israel no los bloquee activamente. Esa posición le otorga capacidad de extorsión diplomática, pero también tiene un límite: si Washington decide que el coste de la indisciplina israelí supera el beneficio de la deferencia, los instrumentos de presión existen, desde la retención de transferencias de armamento hasta la abstención en resoluciones del Consejo de Seguridad.
En el plano militar, las próximas semanas serán decisivas para calibrar si los ataques sobre Beirut constituyen una acción puntual de señalización o el preludio de una operación de mayor envergadura en el sur del Líbano. Hezbolá deberá decidir si responde con fuego cruzado —lo que abriría un nuevo frente cuando Gaza aún no está cerrado— o absorbe el golpe y negocia desde una posición debilitada. La historia reciente de la organización, que en 2006 resistió 33 días de bombardeos israelíes y salió con una narrativa de victoria, sugiere que la pasividad no es su respuesta natural.
Para Europa, el desarrollo de este conflicto tiene implicaciones directas: los flujos migratorios procedentes del Líbano ya se dispararon tras la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020 —la mayor deflagración no nuclear de la historia moderna, con más de 200 muertos y 300.000 desplazados según la Cruz Roja Internacional— y una nueva guerra abriría otra presión sobre el Mediterráneo central. La UE, que mantiene una misión de entrenamiento naval en la zona —EUNAVFOR MED— y ha comprometido 1.000 millones de euros en ayuda a Líbano desde 2020 según datos de la Comisión Europea, tendría que gestionar simultáneamente la emergencia humanitaria y la presión política interna en estados miembros con importantes diásporas libanesas, como Francia y Alemania.
El calendario político israelí añade otra variable: Netanyahu enfrenta en los próximos meses sesiones clave de su juicio por corrupción y una presión creciente de los familiares de rehenes aún en Gaza. La combinación de fragilidad interna e hiperactividad militar exterior no es nueva en la historia del Estado de Israel —Ariel Sharon lanzó la Operación Escudo Defensivo en 2002 en plena tormenta política interna—, pero sí sitúa al primer ministro en una lógica en la que la paz, paradójicamente, puede ser más costosa para su supervivencia política que la guerra.
