La estrategia se articuló en dos convocatorias sucesivas, de acuerdo con la dependencia. La primera permitió asignar 25.4 mdp para contratar a 150 profesionistas —50 promotoras y 100 brigadistas— que trabajan en 50 municipios de 19 entidades. Una segunda convocatoria sumó 14.5 mdp adicionales para incorporar a otras 129 profesionistas, entre ellas 43 promotoras y 86 brigadistas, en 43 municipios de 18 estados. La suma de ambas etapas totaliza los 39.9 mdp anunciados y los 279 perfiles desplegados.
En conjunto, el despliegue cubre 93 municipios con presencia directa en comunidades rurales, ejidos, rancherías y zonas costeras donde, según la Secretaría de las Mujeres, históricamente ha existido menor presencia institucional. La dependencia subrayó que buena parte de estas localidades son de difícil acceso, lo que dificulta tanto la atención de casos como la llegada de información y servicios básicos.
La finalidad de la estrategia, señaló la Secretaría de las Mujeres, es atender las condiciones de exclusión, pobreza y marginación que enfrentan niñas y adolescentes, con atención específica a comunidades indígenas y afromexicanas, donde persisten factores asociados al embarazo infantil y a las uniones tempranas. El embarazo en niñas menores de 15 años constituye, en el marco normativo mexicano, una presunción de violencia sexual, dado que a esa edad no existe capacidad legal para consentir relaciones sexuales.
Las actividades de brigadistas y promotoras incluyen visitas comunitarias, recorridos casa por casa y trabajo articulado con personal docente y de salud, autoridades municipales y comunitarias, así como con madres, padres y personas cuidadoras. También contemplan acciones dirigidas directamente a niñas, niños y adolescentes y su vinculación con los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), que forman parte de la infraestructura institucional de atención a mujeres.
La dependencia indicó que las intervenciones territoriales buscan fortalecer la prevención mediante acciones de sensibilización, acceso a información sobre derechos, promoción de educación sexual integral y vinculación con servicios de salud para la atención oportuna de casos de violencia sexual. Asimismo, señaló que se pretende contribuir a modificar prácticas que favorecen las uniones tempranas y otras formas de violencia que afectan a niñas y adolescentes.
Un fenómeno con fuerte componente territorial
El embarazo infantil y adolescente ha sido señalado durante años como un problema con marcado componente territorial, concentrado en municipios de alta marginación y con población indígena. Gobiernos de distintos sexenios han impulsado estrategias nacionales para su prevención, entre ellas la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), puesta en marcha en 2015 durante la administración de Enrique Peña Nieto, que fijó metas de reducción del embarazo adolescente para el mediano y largo plazo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población han documentado el peso de este fenómeno en las zonas de mayor rezago.
El FOBAM, del que provienen los recursos anunciados, opera como mecanismo de transferencia federal hacia las entidades a través de sus respectivas instancias de mujeres. La ejecución mediante las IMEF implica que la operación cotidiana del programa —contratación de personal, logística territorial y seguimiento de casos— recae en última instancia en las administraciones estatales, bajo los lineamientos que fije la Secretaría de las Mujeres.
La dependencia, de reciente creación como parte de la reestructuración del gabinete federal en materia de género durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, ha desplegado en los últimos meses otras líneas de trabajo relacionadas con derechos digitales y violencia contra las mujeres. Entre ellas, la instalación de un grupo de expertas para elaborar una guía de derechos digitales con enfoque en salud mental y una estrategia contra la violencia digital con talleres en 19 Centros LIBRE del país.
La Secretaría de las Mujeres no detalló en su comunicado los indicadores concretos con los que evaluará el impacto de la estrategia en los 93 municipios intervenidos, ni un calendario público de metas para el cierre de 2026. Tampoco precisó si la contratación de las 279 promotoras y brigadistas corresponde a plazas temporales vinculadas al ejercicio fiscal en curso o si se prevé su continuidad en años posteriores.
El seguimiento del ejercicio de los recursos quedaría sujeto a revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2026, instancia encargada de verificar que los recursos del FOBAM se hayan ejercido conforme a lo reportado por la dependencia. El resultado de esa fiscalización se conocerá, conforme a los plazos ordinarios, en los ejercicios posteriores al cierre del año fiscal.