La proyección inicial del presupuesto estatal había sido de 42,000 mdp, pero las solicitudes de ampliación presentadas por distintas instituciones elevaron el monto final hasta los 44,476 mdp, de acuerdo con Salazar Acosta. El funcionario atribuyó esa diferencia a peticiones de los tribunales, el Poder Judicial estatal y los organismos autónomos, que en conjunto presionaron al alza la cifra inicial.
Los tribunales solicitaron un incremento del 86% respecto a los recursos que recibieron en 2026, el Poder Judicial pidió un aumento del 110% y los organismos autónomos reclamaron un 31% adicional. Salazar Acosta indicó que cubrir esa brecha obligaría a un análisis técnico sobre nuevas contribuciones, modificaciones a las tasas fiscales o, incluso, recurrir al endeudamiento, opciones que, según dijo, no forman parte de la voluntad del Ejecutivo estatal ni del Congreso local.
Entre las propuestas fiscales que integran el paquete destaca el aumento del impuesto sobre nómina, que pasaría del 3% al 4.25%, así como el gravamen por emisión de gases a la atmósfera, que se ajustaría de 0.88 a cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA). También se contempla incrementar del 3% al 5% el impuesto por uso o goce de bienes inmuebles y enajenaciones, además de establecer una tasa del 5% para el impuesto por actividades empresariales y servicios profesionales.
En materia de derechos vehiculares, el refrendo para automóviles particulares subiría 25%, al pasar de 7.50 a 9.50 UMA, mientras que la cuota para el transporte público se incrementaría de 6.50 a ocho UMA. Estas modificaciones representarían un ajuste directo en el gasto de los contribuyentes morelenses sin necesidad de contratar deuda adicional, conforme al planteamiento expuesto por la dependencia estatal.
Entre las solicitudes presupuestales con mayor peso figura la del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), que requirió 531 mdp para organizar el próximo proceso electoral en la entidad. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos solicitó, por su parte, 83 mdp, mientras que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) planteó un presupuesto de 1,597 mdp para el ejercicio 2027.
La discusión de presupuestos estatales llega en un entorno de consumo interno debilitado: la Anpec reportó que 51.3% de las tiendas de barrio registra más fiado por menor consumo, un indicador del margen estrecho en el que las familias absorberían mayores cargas fiscales como las propuestas sobre nómina y derechos vehiculares.
El pulso entre Ejecutivo y poderes autónomos por el gasto no es nuevo en Morelos. En 2023, durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, el Congreso estatal redujo la asignación solicitada por el Impepac para el proceso electoral local, en una tensión recurrente entre los recursos que reclaman los órganos electorales y judiciales y los topes que fija la administración en turno.
La propuesta turnada al Congreso estatal deberá pasar por el análisis y eventual dictamen de los diputados locales, instancia que definirá si las modificaciones a las tasas fiscales y los derechos vehiculares planteadas por el Ejecutivo se mantienen en los términos presentados por Salazar Acosta.
