Según relató el propio Moreira, el documento que Morena habría entregado al INE pide expresamente que se revisen sus publicaciones. "Morena le pide al INE que censure mis redes sociales. Así como lo escucha, presentó este documento donde solicita que se revisen mis redes sociales y sean censuradas", afirmó el diputado priista en el mensaje difundido públicamente.
El coordinador tricolor atribuyó la solicitud a dos episodios. El primero, su oposición a un proyecto de reglamento que, según ha señalado, buscaría limitar el trabajo de medios de comunicación, periodistas, comunicadores y concesionarios de radio y televisión. El segundo, sus críticas a una resolución que ordenó retirar publicaciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Moreira defendió que sus expresiones como legislador están amparadas por el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la inviolabilidad de las opiniones manifestadas por diputados y senadores en el ejercicio de su cargo y establece que no pueden ser reconvenidos por ellas. Citó además criterios de organismos y tribunales internacionales en materia de libertad de expresión y de protección a la función parlamentaria.
"Mis dichos los hago en ejercicio de mis atribuciones como legislador y representando a mis electores. A mí nadie me ordena qué hacer y voy a seguir diciendo lo que considero necesario señalar. No me voy a detener", declaró el exgobernador de Coahuila.
El diputado planteó una lectura política del episodio: consideró que la búsqueda de restricciones a las voces opositoras refleja, a su juicio, el temor del partido oficial a un eventual desgaste de respaldo ciudadano de cara al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y buena parte de las gubernaturas y congresos locales. "Lo que hoy intentan hacer contra quienes pensamos distinto también lo pueden hacer contra todas y todos los mexicanos. No es un asunto menor; está en juego la libertad de expresión", sostuvo.
Un frente opositor contra el reglamento de medios
El señalamiento se produce en un contexto de tensión entre la bancada priista y Morena en torno al proyecto de reglamento sobre medios y plataformas digitales, un instrumento que ha concitado el rechazo no solo del PRI sino también del PAN. La bancada panista advirtió previamente que la iniciativa representaría, en su opinión, una "ruta autoritaria" para concentrar mayor poder regulatorio sobre la comunicación pública, postura que coincide parcialmente con la denuncia ahora planteada por Moreira.
El derecho de réplica de ambas partes queda abierto en tanto no se pronuncien oficialmente.
El procedimiento que regula las quejas ante el INE está normado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y por los reglamentos internos del instituto en materia de propaganda y contenidos digitales. Cualquier solicitud de esta naturaleza debe sustanciarse en las áreas correspondientes y, en su caso, resolverse por las comisiones y el Consejo General antes de derivar en una determinación con efectos vinculantes, la cual sería impugnable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El diferendo entre oficialismo y oposición sobre los límites de la expresión política no es inédito. La tensión entre el poder y los medios ha marcado etapas de la vida institucional mexicana: durante décadas del siglo XX la regulación de la radio y la televisión operó bajo un fuerte control gubernamental, y no fue sino con la reforma electoral de 2007-2008 —que prohibió la contratación privada de propaganda y otorgó al entonces IFE la administración de los tiempos del Estado— cuando el árbitro electoral asumió un papel central en la disputa por los contenidos de campaña, atribuciones que hoy conserva el INE.
Moreira cerró su mensaje con un compromiso de continuidad y adelantó que impugnará por las vías legales y constitucionales disponibles cualquier intento de restricción sobre su actividad en redes. "Defendamos la libertad. Mis redes seguirán siendo un espacio donde ejerceré plenamente mis derechos constitucionales y donde seguiré expresando mis opiniones con absoluta libertad", concluyó.
El caso se inscribe en la discusión pendiente sobre la regulación de medios y plataformas digitales, un debate que previsiblemente continuará en las próximas sesiones y que enfrenta a las bancadas opositoras con el partido mayoritario en torno a la frontera entre la fiscalización electoral y la libertad de expresión de los legisladores.