De acuerdo con el comunicado del DOJ, Dávalos López quedó bajo vigilancia luego de que agentes federales interceptaran llamadas telefónicas en las que, según la acusación, hablaba con otras personas sobre el uso del túnel para trasladar migrantes. En esas conversaciones se hizo referencia explícita al pasadizo entre las dos ciudades fronterizas, así como al volumen de personas que lo cruzaban y las tarifas cobradas por el servicio.
Según la versión oficial estadounidense, los cobros por cruzar a través del túnel superaban los 30,000 dólares por persona. El hallazgo del paso, en enero del año pasado, permitió a las autoridades de EU reconstruir parte de la operación logística detrás del cruce. Dávalos López y otros acusados en la misma causa fueron detenidos en territorio mexicano en abril de 2025 y posteriormente extraditados para enfrentar el proceso judicial.
Coult W. Markovsky, agente interino a cargo de la oficina del FBI en El Paso, señaló en el comunicado que el túnel fue empleado no solo para el tráfico de personas, sino también para el paso de drogas y armas, y que su construcción se atribuye al CJNG. "El descubrimiento de este túnel y las posteriores condenas de quienes participaron en esta operación subrayan el compromiso constante del FBI y nuestros socios para desmantelar el tráfico de personas perpetrado por el CJNG", declaró el agente, según la versión oficial estadounidense.
Hasta el momento no se ha detallado si Dávalos López enfrenta o enfrentará causas penales adicionales en México por los mismos hechos, ni si la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación paralela sobre la construcción o el uso del túnel en territorio mexicano. Tampoco se ha informado si los demás detenidos en abril de 2025 han enfrentado procesos similares o si continúan bajo custodia.
Un fenómeno recurrente en la frontera norte
Los túneles clandestinos entre Ciudad Juárez y El Paso no son un fenómeno nuevo. Desde hace más de dos décadas, autoridades mexicanas y estadounidenses han documentado pasadizos subterráneos utilizados tanto para el tráfico de drogas como de personas, aprovechando la cercanía urbana entre ambas ciudades y la infraestructura de drenaje y alcantarillado que facilita la excavación. En años recientes, los casos más sofisticados se registraron en el corredor Tijuana-San Diego, donde se desmantelaron túneles de gran envergadura vinculados a organizaciones del crimen organizado.
La región de Ciudad Juárez ha sido históricamente disputada por grupos criminales, con presencia dominante atribuida al Cártel de Sinaloa. La aparición de un túnel operado presuntamente por el CJNG apunta a la pugna por el control de rutas de tráfico de personas y drogas en esa plaza fronteriza, uno de los factores asociados a episodios de violencia en la zona en los últimos años.
El caso se enmarca en una colaboración binacional en materia de seguridad. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido comunicación con el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de EU en la persecución de estructuras criminales transnacionales, al tiempo que el gobierno mexicano ha insistido, incluso en la mañanera, en que la cooperación debe respetar la soberanía nacional y los protocolos establecidos entre ambos países.
Marco legal, jurisdicción y siguientes pasos
La declaración de culpabilidad se dio en el sistema judicial federal estadounidense, bajo cargos de conspiración para el tráfico de migrantes tipificados en la legislación migratoria y penal de EU. La entrega desde México se realizó conforme al Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, vigente desde 1980, que permite la entrega de personas acusadas de delitos contemplados en ambas legislaciones, entre ellos el tráfico de personas y la delincuencia organizada.
En México, el tráfico de migrantes está tipificado en la Ley de Migración y en el Código Penal Federal, con penas que varían según agravantes como la participación de organizaciones criminales o el uso de violencia. No obstante, concedida la extradición, el proceso penal se desarrolla íntegramente bajo jurisdicción estadounidense, y la sentencia —aún pendiente de fijarse— se determinará conforme a las directrices federales de sentencia de ese país.
El caso se suma a una serie de extradiciones y condenas relacionadas con estructuras del CJNG en cortes estadounidenses, en un contexto en el que Washington designó a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras mediante una decisión ejecutiva adoptada a comienzos de 2025. El gobierno mexicano ha expresado reservas sobre las implicaciones de esa designación para la cooperación bilateral y ante la posibilidad de una intervención unilateral en territorio nacional.
No se ha fijado fecha para la audiencia de sentencia de Dávalos López, un trámite que en el sistema judicial estadounidense suele programarse semanas o meses después de la declaración de culpabilidad, una vez elaborado el informe previo a la sentencia. De cara a los próximos meses, queda abierto el destino del túnel descubierto y el alcance de la cooperación entre la FGR y las agencias de EU en la investigación de la infraestructura logística del CJNG en la frontera norte, un asunto que seguirá bajo escrutinio mientras avance el proceso judicial en Texas.