El caso, cuya selección del jurado debía iniciar el 12 de agosto, reunía las demandas de los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, dentro de un litigio más amplio que agrupaba a 29 estados de la Unión Americana. Días antes del arranque, un tribunal federal de apelación se negó a suspender el proceso, lo que colocaba a Meta ante la perspectiva de un juicio público con altos directivos citados a comparecer, entre ellos el director de Instagram.
Entre las acusaciones centrales figuraba la presunta infracción de la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA por sus siglas en inglés, que exige consentimiento de los padres para recabar datos de usuarios menores. Los fiscales sostenían que Meta habría utilizado esa información, obtenida sin notificación parental, para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa.
Los montos en disputa eran elevados incluso para una corporación de la escala de Meta. La propia empresa, en un escrito previo al juicio, señaló que los cuatro estados demandantes reclamaban sanciones por hasta 1.4 billones de dólares en la escala estadounidense —equivalente a 1.4 mil millones de dólares no; se trata de una cifra del orden de los millones de millones—, mientras que en una audiencia los estados apuntaron a una cantidad más cercana a los 200,000 mdd. A ello se sumaba una petición de indemnización adicional por daños y una orden judicial que obligara a la compañía a modificar sus plataformas e impedir la creación de cuentas por parte de menores.
Meta ha negado las acusaciones y ha insistido en que ha trabajado para proteger a los menores en sus plataformas. La defensa de la empresa argumentó que no podía haber inducido a error a los consumidores sobre un supuesto carácter adictivo de sus productos, porque la «adicción a las redes sociales» no constituye, hasta la fecha, un trastorno psiquiátrico reconocido. Los estados demandantes, en contraparte, sostuvieron que la compañía diseñó Instagram y Facebook para maximizar el tiempo de uso de usuarios jóvenes y que engañó a los consumidores sobre su seguridad.
El litigio se inscribe en una oleada más amplia de acciones legales contra las grandes plataformas, impulsada por fiscalías estatales, gobiernos locales, distritos escolares y familias que atribuyen a las redes sociales una parte de la crisis de salud mental juvenil en Estados Unidos. Según testigos citados en la fase previa, Meta conocía la limitada eficacia de sus propias herramientas de seguridad para adolescentes, un extremo que la empresa no ha confirmado.
Un acuerdo de este tipo, en la práctica litigiosa civil estadounidense, no equivale a una admisión formal de responsabilidad: las empresas suelen aceptar compromisos de cambio operativo y compensaciones económicas sin reconocer haber incurrido en las conductas denunciadas. El texto íntegro del entendimiento y el monto final comprometido no se hicieron públicos.
Un vacío regulatorio en México frente al modelo estadounidense
Para México, el caso no es ajeno. Instagram y Facebook figuran entre las aplicaciones con mayor penetración entre adolescentes mexicanos, en un país donde el INEGI documenta año con año, a través de su Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, un crecimiento sostenido del acceso a internet entre la población joven. Ninguna autoridad mexicana ha anunciado, hasta el momento, acciones legales equivalentes a las de las fiscalías estadounidenses.
A diferencia de Estados Unidos, México carece de una legislación equiparable a la COPPA que regule de manera específica la recolección de datos de usuarios menores por parte de plataformas digitales. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2014, contempla disposiciones sobre el derecho a la intimidad y la protección de datos de menores, pero no incluye mecanismos de sanción dirigidos a plataformas tecnológicas extranjeras que operan en territorio nacional, a diferencia del andamiaje litigioso que Estados Unidos ha desarrollado estado por estado.
Organizaciones civiles dedicadas a los derechos de la infancia han planteado en distintos momentos la necesidad de una regulación federal específica sobre datos de menores en internet, una discusión que no se ha traducido en una iniciativa prioritaria ante el Congreso de la Unión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Gobernación han abordado la protección de menores en entornos digitales, sin que exista todavía un marco sancionador comparable al estadounidense.
Las próximas semanas serán determinantes para conocer el alcance real del acuerdo: si incluye modificaciones obligatorias a las herramientas de verificación de edad de Instagram y Facebook, si contempla restricciones adicionales para cuentas de menores, y si otros estados no incluidos en el juicio californiano optarán por sumarse a términos similares o mantendrán sus propios litigios. La resolución también podría influir en procesos paralelos que enfrentan otras plataformas, como TikTok y Snapchat, señaladas en demandas comparables por presuntos efectos en la salud mental adolescente.