La reunión de la Mesa ha durado 47 minutos y ha transcurrido con la tensión contenida que caracteriza a las sesiones en las que el resultado está predeterminado por la mayoría pero el debate tiene calado constitucional. Meritxell Batet, como presidenta del Congreso, ha abierto la sesión recordando que la calificación de textos legislativos es un acto reglado y no político, una precisión que los vocales del PP han contestado inmediatamente señalando que la decisión de convocar una sesión extraordinaria en domingo sí tiene un componente político innegable. El debate se ha centrado en dos cuestiones técnicas que, sin embargo, determinan la mecánica del pleno del lunes: el orden de votación de los tres textos y la admisibilidad de la proposición de Vox como texto legislativo independiente o como enmienda in voce. La Mesa ha resuelto que los tres textos se tramitarán como piezas separadas, lo que obliga a tres votaciones sucesivas en el hemiciclo y abre la posibilidad teórica de que los tres sean rechazados si ninguno alcanza la mayoría requerida. Los vocales del PP han votado en contra de la calificación del proyecto del Gobierno argumentando que el dictamen del Consejo de Estado incluye reservas tan sustantivas que 'desacreditan la viabilidad constitucional del texto', una objeción que la secretaria general de la Mesa ha desestimado por considerarla ajena a las competencias del órgano rector.
El proyecto del Gobierno para la reforma del artículo 103 de la Constitución, que regula los principios de la Administración Pública, ha sido la pieza legislativa más controvertida de la legislatura desde que Sánchez lo anunció en enero como parte del acuerdo con Sumar. La reforma busca constitucionalizar el principio de estabilidad del empleo público, blindar la carrera funcionarial frente a los cambios de gobierno y establecer un nuevo modelo de evaluación del desempeño que sustituya al actual sistema de libre designación en los puestos de confianza. El Consejo de Estado emitió su dictamen el jueves con una fórmula inusual: favorable en lo sustantivo pero con tres reservas que los juristas consideran de extraordinaria importancia. La primera reserva cuestiona la compatibilidad de la reforma con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el acceso a la función pública; la segunda advierte de que la eliminación de la libre designación podría generar una parálisis administrativa en los primeros meses de aplicación; y la tercera señala que la reforma carece de memoria económica suficiente para evaluar su impacto presupuestario. Las fuentes del Gobierno consultadas por este periódico insisten en que las reservas son 'observaciones técnicas habituales' que no cuestionan la constitucionalidad del proyecto, pero los constitucionalistas más críticos —entre ellos el catedrático Santiago Muñoz Machado, miembro de la Real Academia Española y expresidente del Consejo de Estado— han publicado este fin de semana un artículo en El País en el que argumentan que las reservas equivalen a una 'enmienda parcial encubierta' que el Gobierno debería incorporar antes de llevar el texto al pleno.
La enmienda a la totalidad del PP, registrada el jueves por la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra, propone un texto alternativo que mantiene la redacción actual del artículo 103 pero añade un nuevo apartado que constitucionaliza la independencia de los órganos reguladores y prohíbe expresamente que el Gobierno pueda cesar a los directivos de organismos como la CNMC, la CNMV o el Banco de España antes de que expiren sus mandatos. La estrategia del PP es doble: por un lado, rechazar la reforma que considera una maniobra para colonizar la Administración con afines al PSOE; por otro, colocar sobre la mesa una propuesta propia que resulte atractiva para los partidos bisagra —Junts, PNV, Coalición Canaria— y que permita a Feijóo proyectar una imagen de alternativa constructiva. Las fuentes del PP consultadas reconocen que las posibilidades de que la enmienda prospere son limitadas —necesitarían el voto de toda la oposición más algún socio del Gobierno—, pero argumentan que el ejercicio tiene valor político per se: 'Si el lunes queda claro que hay una mayoría que rechaza la reforma de Sánchez y que hay una propuesta alternativa viable, habremos ganado el relato aunque perdamos la votación'. El PNV, cuya posición es clave, ha mantenido hasta este domingo un silencio calculado que sus portavoces justifican como 'prudencia negociadora': Aitor Esteban tiene previsto reunirse con el ministro Bolaños a primera hora del lunes antes de fijar el sentido del voto de sus cinco diputados.
El texto de Vox añade una complejidad adicional que revela las fisuras internas de la derecha parlamentaria. Santiago Abascal rechazó sumarse a la enmienda del PP el martes pasado en una declaración pública en la que calificó el texto de Gamarra de 'tibio e insuficiente' y anunció que Vox presentaría su propia proposición de ley orgánica para reformar íntegramente el Título IV de la Constitución, que regula el Gobierno y la Administración. La proposición de Vox, de 14 artículos y una disposición transitoria, va mucho más allá de lo que plantea tanto el Gobierno como el PP: propone la supresión del artículo 103. 3 que garantiza el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, sustituyéndolo por un sistema de acceso que prima la experiencia profesional previa en el sector privado; elimina la referencia a los sindicatos como interlocutores en la negociación de las condiciones laborales de los funcionarios; y establece un techo de gasto en personal para todas las administraciones públicas equivalente al 30% del presupuesto total. Las fuentes de Vox reconocen que la proposición no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada, pero la consideran un 'marcador ideológico' que define la posición del partido de cara a unas hipotéticas elecciones generales. Para el PP, la decisión de Abascal de ir por libre complica la narrativa de unidad de la derecha que Génova ha intentado construir esta semana con el acuerdo de Extremadura.
La comparecencia de María Jesús Montero ante la comisión de investigación de la SEPI el lunes a las 16:00 añade una capa de tensión personal al drama parlamentario de la jornada. La vicepresidenta primera fue citada por la mayoría de la comisión —PP, Vox y Junts— para declarar sobre los contratos que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales adjudicó a empresas del grupo Innova Next, cuyo consejero delegado es Juan Carlos Barrabés, procesado junto a Begoña Gómez por el juez Peinado. Montero ha aceptado comparecer pero ha anunciado a través de un comunicado de la vicepresidencia que limitará sus respuestas a las cuestiones que no afecten al secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros ni al derecho a la intimidad de terceros, una fórmula que anticipa una sesión de preguntas y evasivas que alimentará la confrontación más que el esclarecimiento. Las fuentes del PP en la comisión consultadas por este periódico han adelantado que preparan un bloque de 37 preguntas centradas en tres ejes: la participación de Montero en la aprobación de los contratos de la SEPI durante su etapa como ministra de Hacienda, su conocimiento de la relación entre Barrabés y la esposa del presidente, y la posible existencia de correos electrónicos o mensajes que vinculen a la vicepresidenta con las gestiones investigadas por Peinado.
La aritmética del pleno del lunes constituye un rompecabezas que ningún grupo parlamentario puede resolver en solitario. El proyecto del Gobierno necesita la mayoría de tres quintos del Congreso para iniciar la reforma constitucional —210 de 350 diputados—, un umbral que resulta inalcanzable sin un acuerdo transversal que incluya al PP o a una combinación improbable de partidos nacionalistas y minoritarios. La enmienda a la totalidad del PP requiere mayoría simple para ser aprobada como toma en consideración —176 diputados—, un umbral teóricamente alcanzable si la derecha (PP + Vox = 170) consigue el apoyo de Junts (7), Coalición Canaria (1) y UPN (1), pero que depende de la posición de un Junts que tras la ruptura con el Gobierno ha enviado señales contradictorias sobre si apoyará iniciativas de la oposición o se limitará a bloquear las del ejecutivo. La proposición de Vox, que necesita el mismo umbral, carece de cualquier posibilidad aritmética. El escenario más probable, según las fuentes consultadas en todos los grupos parlamentarios, es que los tres textos sean rechazados y que el pleno se convierta en un ejercicio de posicionamiento político sin resultado legislativo, una sesión que consumirá entre 8 y 10 horas de debate para producir, en el mejor de los casos, titulares y, en el peor, la certificación pública de la parálisis institucional.
El contexto en el que se celebra este pleno es radicalmente distinto al de hace apenas diez días. La ruptura de Junts con la coalición parlamentaria que sostenía al Gobierno, confirmada formalmente por Puigdemont el miércoles 16, ha alterado todos los cálculos: el PSOE pasa de gobernar con una mayoría precaria pero funcional a gobernar sin mayoría alguna, lo que convierte cada votación en un ejercicio de negociación bilateral con partidos cuyas agendas son mutuamente excluyentes. El caso Koldo sigue avanzando en el Supremo con una novena jornada que el viernes ofreció testimonios devastadores sobre la presencia de Aldama en el Ministerio de Transportes. El procesamiento de Begoña Gómez por cuatro delitos ha introducido un elemento personal que contamina cualquier debate parlamentario. Y el acuerdo PP-Vox en Extremadura ha demostrado que la derecha puede sumar y gobernar mientras la izquierda se fragmenta. El pleno del lunes no es, por tanto, una sesión parlamentaria ordinaria: es el primer test de la nueva legislatura que se abre tras la caída de Junts, y su resultado —sea cual sea— definirá las reglas de un juego parlamentario que ya no tiene las reglas que tenía hace dos semanas.
La jornada del lunes se perfila como una de las más largas e intensas de la legislatura. El debate sobre el artículo 103 comenzará a las 09:00 con la defensa del proyecto por parte del ministro de Justicia, seguido de las intervenciones de los portavoces de todos los grupos y de las votaciones sucesivas de los tres textos, un proceso que los letrados del Congreso estiman en unas seis horas. A las 16:00, sin solución de continuidad, arrancará la comparecencia de Montero en la comisión de la SEPI, que podría prolongarse hasta las 20:00 o incluso más si los grupos agotan sus turnos de preguntas. Entre medias, los pasillos del Congreso serán el escenario de negociaciones de última hora entre los equipos de Bolaños y Esteban por el voto del PNV, entre la dirección de Junts y la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes por la posición del bloque catalán, y entre los portavoces del PP y de Vox por la posibilidad —remota pero no imposible— de una enmienda transaccional de último minuto que unifique los textos de la derecha. La pregunta que todos se hacen en la Carrera de San Jerónimo es la misma que acompaña a la política española desde que Sánchez llegó al poder con una moción de censura: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un gobierno que pierde todas las votaciones pero nunca pierde la de confianza?
