El litigio, que Anthropic inició en marzo pasado contra el Pentágono, se centró en una designación administrativa que la compañía calificó como una "campaña ilegal de represalias" por sus críticas públicas a la postura del gobierno sobre el uso irrestricto de inteligencia artificial en operaciones militares y de vigilancia. El director ejecutivo de la firma, Dario Amodei, se negó desde el inicio de la disputa a dar marcha atrás, ante la preocupación de que sus modelos pudieran emplearse para vigilancia masiva o para el control de drones armados autónomos, postura que el gobierno interpretó como un obstáculo a sus prioridades de seguridad nacional.
En su resolución, la jueza Lin —designada durante la administración del expresidente Joe Biden— escribió que ni la Constitución ni la legislación federal invocada por el Pentágono facultan al gobierno para "imponer sanciones amplias basadas principalmente en la crítica de Anthropic a las posturas del Gobierno". La magistrada añadió que la medida "se basaron en el deseo de convertir a Anthropic en un ejemplo público por su ‘arrogancia’ al criticar al gobierno, y no en ninguna base articulable para creer que Anthropic realmente sabotearía su modelo".
La controversia se remonta a febrero de este año, cuando Trump y Hegseth acusaron públicamente a Anthropic de poner en peligro la seguridad nacional y la designaron como riesgo para la cadena de suministro. La etiqueta conllevó restricciones prácticas al uso del chatbot Claude, desarrollado por la empresa, dentro del gobierno federal, en el marco de una política de la Casa Blanca para condicionar el acceso de las agencias federales a herramientas de inteligencia artificial según su disposición a cooperar con fines de defensa.
La designación de riesgo para la cadena de suministro es un mecanismo administrativo que permite al Pentágono excluir a proveedores considerados amenazas a la integridad de sus adquisiciones. El punto jurídico del caso fue si ese instrumento puede activarse por las posiciones públicas de una empresa: la jueza concluyó que no, al estimar que las sanciones se fundaron en el discurso crítico de la compañía y no en un riesgo material acreditado, un terreno que roza la protección constitucional a la libertad de expresión.
Antes de esta resolución final, la propia jueza Lin había emitido medidas cautelares que suspendieron temporalmente tanto la etiqueta de riesgo como una directiva de Trump difundida en redes sociales que ordenaba a todas las agencias federales dejar de usar los productos de Anthropic y su chatbot Claude. En una audiencia celebrada el 30 de julio, la magistrada comentó que la postura del gobierno le resultaba "real".
Un vocero de Anthropic señaló en un comunicado que la empresa acoge con satisfacción el fallo y reiteró su disposición a colaborar con el gobierno estadounidense: "Seguimos centrados en trabajar de manera productiva con el gobierno para aprovechar la IA en favor de nuestra seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología", indicó.
El caso expone una tensión de fondo en la industria estadounidense de inteligencia artificial sobre los límites al uso militar de estas tecnologías. Mientras Anthropic mantuvo una postura restrictiva que derivó en el conflicto con el Pentágono, su principal competidora, OpenAI, creadora de ChatGPT, cerró un acuerdo de colaboración con el Departamento de Defensa apenas horas después de que el gobierno sancionara a Anthropic, lo que subrayó las distintas estrategias corporativas frente a la demanda gubernamental de aplicaciones bélicas.
Ambas compañías aceleran además sus preparativos para una salida inicial a bolsa muy comentada en los mercados, un desenlace cuyos resultados podrían influir en la disponibilidad y el costo de estas herramientas para empresas y gobiernos de América Latina, incluido el mexicano, donde dependencias federales y estatales han comenzado a explorar el uso de inteligencia artificial generativa en trámites y análisis de datos.
El fallo de la jueza Lin no cierra por completo el frente legal entre Anthropic y el Pentágono. La empresa mantiene un caso separado, de alcance más acotado, pendiente ante el tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C., relacionado con una norma distinta que el gobierno utilizó para intentar sostener la designación de riesgo por otra vía.
El episodio se inscribe en un debate más amplio sobre los límites del poder ejecutivo estadounidense para sancionar a empresas privadas por posiciones críticas hacia el gobierno. En la historia reciente de Estados Unidos han existido choques comparables entre la Casa Blanca y sectores tecnológicos o mediáticos, resueltos habitualmente por vía judicial cuando se invoca la protección de la Primera Enmienda frente a represalias gubernamentales.
De confirmarse una apelación por parte del gobierno estadounidense, el caso podría escalar a la corte de circuito correspondiente y, eventualmente, a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en un proceso que se prevé de varios meses. Mientras tanto, Anthropic recupera, al menos de manera provisional, la posibilidad de que sus productos sean utilizados sin la etiqueta de riesgo por agencias federales, aunque el desenlace definitivo del litigio sobre el uso militar de la inteligencia artificial seguirá marcando la relación entre Washington y la industria tecnológica en los próximos meses.