La avalancha se produjo en el perímetro fronterizo que separa Ceuta del municipio marroquí de Castillejos (Fnideq), un punto históricamente sensible por su proximidad al espigón del Tarajal y por la existencia de un doble vallado reforzado tras sucesivos episodios similares. El más recordado se remonta a mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en la ciudad en apenas 48 horas aprovechando una relajación del control marroquí en plena crisis diplomática con España por el Sáhara Occidental.
El Gobierno español, a través de la Delegación del Gobierno en Ceuta y del Ministerio del Interior, activó los protocolos de identificación y, cuando procedía, de retorno de menores no acompañados al amparo del convenio bilateral hispano-marroquí de 2007 sobre repatriación asistida de menores. Ese instrumento ha sido objeto de críticas reiteradas por organizaciones como Save the Children y por el Defensor del Pueblo, que han advertido de la ausencia de garantías suficientes en los procedimientos de retorno.
Las autoridades marroquíes han reclamado la devolución de los menores que permanecen bajo tutela de la Ciudad Autónoma, en centros de acogida gestionados por la Consejería competente, sin que hayan trascendido cifras oficiales sobre cuántos niños y adolescentes continúan en esa situación dos semanas después del salto masivo.
El filtro legal para repatriar a un menor
El marco aplicable en España establece que cualquier repatriación de un menor extranjero no acompañado debe ir precedida de un informe favorable de reagrupación familiar o de garantías de acogida adecuada en el país de origen, conforme a la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería y su reglamento de desarrollo, así como a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por España y por Marruecos. El interés superior del menor prevalece, según esa normativa, sobre cualquier consideración de gestión migratoria.
En paralelo, se han abierto en Marruecos procedimientos judiciales sumarísimos contra parte de los adultos detenidos en el entorno de Castillejos por su presunta participación en la organización del cruce, aunque no ha podido confirmarse de forma independiente el número de procesados ni el resultado de esas causas, que se tramitarían bajo la legislación marroquí de control de fronteras reformada en 2003 tras los atentados de Casablanca.
Fuentes próximas a organizaciones de derechos humanos que operan en la región del Rif y en la provincia de Tetuán describen como opaca la gestión informativa marroquí del episodio y apuntan a una escasez de datos oficiales sobre el número real de personas que intentaron el cruce, las circunstancias de posibles fallecidos o heridos y el destino de quienes fueron interceptados antes de alcanzar la valla.
Una soberanía que Rabat vuelve a poner sobre la mesa
El trasfondo de la crisis no puede desligarse de la disputa histórica sobre la soberanía de Ceuta, ciudad bajo administración española desde 1580 —con un estatuto de plaza de soberanía reafirmado tras la independencia de Marruecos en 1956— que Rabat reclama de forma recurrente como parte de su territorio, en paralelo a su reivindicación sobre Melilla y los peñones e islotes del norte de África. España considera cerrado el contencioso en virtud del principio de integridad territorial recogido en la Constitución de 1978.
Ese debate ha resurgido en medios y foros parlamentarios marroquíes a raíz de la crisis migratoria, en un contexto en el que Rabat ha ido ganando reconocimiento internacional para su tesis sobre el Sáhara Occidental —incluido el respaldo de Estados Unidos en diciembre de 2020 y el giro español de marzo de 2022 hacia la propuesta de autonomía marroquí del territorio— y trata de trasladar una dinámica similar de legitimación progresiva a la cuestión de Ceuta y Melilla.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha mantenido en episodios anteriores comparables que la soberanía de las ciudades autónomas no es negociable y que cualquier gestión de la frontera debe ajustarse a los acuerdos bilaterales vigentes, entre ellos el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991 y el Acuerdo de readmisión de 1992, este último raramente aplicado en la práctica según ha constatado en repetidas ocasiones el Tribunal de Cuentas europeo al evaluar la cooperación migratoria con Marruecos.
Bruselas financia a Rabat el control de sus fronteras exteriores mediante sucesivos programas de cooperación migratoria enmarcados en la política de vecindad de la Unión Europea, con partidas que han superado los 500 millones de euros acumulados desde 2018 según datos de la Comisión Europea, una cifra que organizaciones humanitarias consideran insuficiente para garantizar condiciones dignas de acogida y devolución en el lado marroquí.
La comparación con el precedente de mayo de 2021 resulta inevitable: aquella crisis se resolvió con el despliegue del Ejército español en la frontera y una tensión diplomática prolongada durante meses, hasta que la visita de Estado del entonces presidente del Gobierno a Rabat en abril de 2022 marcó una reconciliación oficial entre ambos países, sellada por el reconocimiento español de la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara.
A falta de confirmación oficial sobre las cifras exactas de menores afectados y sobre el estado de los procedimientos judiciales abiertos en Marruecos, el foco se traslada ahora a la respuesta que dé el Gobierno español a la reclamación de repatriación, que deberá sopesar sus obligaciones de protección de la infancia frente a la presión diplomática de Rabat, un equilibrio que ya generó fricciones en anteriores etapas de la relación bilateral.
Las próximas semanas serán determinantes para calibrar el alcance de la crisis: la Fiscalía de Menores y la Consejería competente en Ceuta deberán resolver caso por caso la situación de cada menor bajo tutela, mientras Exteriores evalúa si la reactivación del debate sobre la soberanía ceutí en Marruecos tiene un correlato práctico en la relación bilateral o queda circunscrita al terreno retórico interno.
