El recorte llegaría en un momento en que Washington enfrenta de manera simultánea un conflicto en Medio Oriente, negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y una rivalidad estratégica creciente con China. Los especialistas consultados advirtieron que la reducción de recursos diplomáticos ocurriría justo cuando la capacidad de negociación y presencia internacional de Estados Unidos resultaría más necesaria, no menos.
La propuesta contempla eliminar 7,500 mdd en programas de asistencia al desarrollo y del Fondo de Apoyo Económico, 6,200 mdd en gasto mundial en salud, 3,200 mdd en ayuda humanitaria y 1,600 mdd en asistencia alimentaria. Se trataría de recortes transversales que afectarían prácticamente todas las líneas de cooperación internacional que administra el Departamento de Estado.
Para América Latina, la región con mayor cercanía geográfica e histórica con México, las consecuencias podrían ser directas. De acuerdo con un análisis de la organización Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas, los programas que atienden inseguridad alimentaria, infraestructura de salud pública y apoyo a la gobernanza en el hemisferio enfrentarían eliminación o reducción severa si el Congreso estadounidense aprueba el paquete tal como fue enviado.
El desmantelamiento presupuestal no sería un hecho aislado. En julio de 2025, el gobierno de Trump extinguió en la práctica la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), con lo que se perdió, de acuerdo con Gildardo López, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP), un valioso instrumento de diplomacia suave. Su desaparición tuvo impacto directo en programas de salud, educación y seguridad alimentaria en países de la región, incluidos vecinos de México en Centroamérica.
Una reestructuración de fondo
Al recorte presupuestal se suma una reorganización estructural del Departamento de Estado. La fuerza laboral de la dependencia se redujo en más de 3,000 puestos —más de 20% de su plantilla— desde que Trump reasumió el cargo el 20 de enero de 2025. Algunas áreas prácticamente desaparecieron: la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo perdió alrededor de 80% de su personal y fue absorbida por un subsecretario de Asistencia Exterior y Asuntos Humanitarios, según un análisis de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). También se eliminó el Fondo para la Democracia.
La composición del cuerpo diplomático estadounidense también habría cambiado. De las 101 nominaciones a embajadas realizadas durante el segundo mandato de Trump, solo nueve corresponden a diplomáticos de carrera, según cifras de la Asociación Estadounidense de Servicio Exterior. El dato refleja un giro hacia perfiles políticos y de confianza presidencial en detrimento del personal de carrera que tradicionalmente ha ocupado esas posiciones en administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas.
López sostuvo que la pérdida de USAID representó un golpe al llamado poder blando estadounidense, es decir, su capacidad de influencia mediante cooperación y desarrollo en lugar de fuerza militar o presión económica directa. Según el especialista, la función esencial de la diplomacia es reducir la incertidumbre en las relaciones internacionales, de modo que el recorte de personal, recursos y organismos tendería a producir el efecto contrario dentro del propio aparato de política exterior estadounidense.
El propio Trump ha manifestado abiertamente su distancia con la estructura tradicional del Departamento de Estado, al que llegó a calificar como "un establecimiento de política exterior muy tonto". Esa postura contrasta con la de secretarios de Estado de administraciones republicanas previas, que históricamente defendieron el presupuesto diplomático como herramienta de proyección de poder frente al Congreso.
Para México, la relación con el Departamento de Estado resulta particularmente sensible por la vecindad geográfica, el intercambio comercial bajo el marco del T-MEC y la cooperación en temas de seguridad y migración. Cualquier reducción sostenida en la capacidad diplomática y de asistencia de Washington hacia la región podría reconfigurar el tipo de interlocución que gobiernos como el mexicano mantienen con distintas agencias estadounidenses, en un contexto donde buena parte de la relación bilateral se ha desplazado hacia canales de seguridad y comercio antes que hacia la diplomacia tradicional.
El precedente más cercano de un nivel presupuestal comparable data de 2008, según los propios especialistas consultados, antes de que la crisis financiera global derivara en incrementos sostenidos del gasto diplomático y de asistencia durante la década siguiente. La comparación histórica sitúa la propuesta actual como un punto de inflexión, no como una continuidad de las tendencias recientes.
El trámite de esta propuesta corresponde ahora al Congreso de Estados Unidos, donde republicanos y demócratas deberán negociar el paquete de asuntos internacionales dentro del proceso presupuestario federal para el año fiscal 2027. En el sistema estadounidense, el Ejecutivo presenta una solicitud que después es modificada por los comités legislativos, por lo que la cifra final podría diferir de la propuesta original de la Casa Blanca, como ha ocurrido en ejercicios presupuestarios anteriores.
De mantenerse el recorte cercano a lo propuesto, los efectos se observarían primero en los programas de asistencia bilateral y multilateral que Estados Unidos opera en América Latina, África y partes de Asia, y después en la capacidad de respuesta diplomática ante crisis simultáneas como las que enfrenta Washington en Medio Oriente y en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El desenlace dependerá de las negociaciones legislativas que se extenderán en los próximos meses, antes del inicio del año fiscal 2027 en octubre de 2026.