Las 487 páginas del borrador se estructuran en siete bloques, según las fuentes jurídicas consultadas por este medio. Los tres primeros corresponden a los hechos probados relativos a cada uno de los tres delitos por los que se ha enjuiciado a los acusados: malversación de caudales públicos, cohecho impropio y prevaricación administrativa. El cuarto bloque contiene la valoración de la prueba, incluyendo un análisis detallado de las conversaciones de WhatsApp entre Koldo García y los proveedores de mascarillas que la Fiscalía Anticorrupción presentó como prueba central del caso. El quinto bloque aborda la participación individual de cada acusado, el sexto establece las penas y el séptimo incluye los pronunciamientos sobre responsabilidad civil.
La unanimidad de los cinco magistrados en los tres bloques principales — malversación, cohecho y prevaricación — es el dato más significativo del borrador. En casos anteriores de corrupción política, como el de los ERE de Andalucía o la Gürtel, las sentencias del Supremo incluyeron votos particulares discrepantes que permitieron a los condenados argumentar que existían dudas razonables sobre su culpabilidad. En el caso Koldo, la unanimidad cierra esa vía y refuerza la solidez jurídica de una sentencia que, si confirma las penas solicitadas por Anticorrupción — 24 años para Ábalos, 19,5 para Koldo y 7 para Aldama —, será la condena más severa dictada contra un exministro en ejercicio en la historia de la democracia española.
El borrador incluye, no obstante, un voto particular concurrente de una de las magistradas — cuyo nombre las fuentes no han revelado — que coincide con el fallo condenatorio en todos los extremos pero discrepa en la cuantificación del perjuicio económico derivado de la malversación. La ponencia de Marchena cifra el perjuicio en 53 millones de euros, correspondientes al sobrecoste de los contratos de mascarillas respecto al precio de mercado vigente en marzo y abril de 2020. La magistrada discrepante cifra el perjuicio en 48 millones, argumentando que una parte del sobrecoste se explica por las condiciones extraordinarias del mercado durante la pandemia y no puede atribuirse íntegramente a la acción de los acusados. La diferencia de 5 millones no altera las penas de prisión pero sí la cuantía de la responsabilidad civil.
Mientras el borrador de Marchena circulaba por los casilleros del Supremo, a pocas manzanas de distancia la Audiencia Nacional sumaba otro titular a la noche judicial. El caso Kitchen, formalmente suspendido hasta el 9 de junio por la intervención quirúrgica de Villarejo, ha producido hoy una revelación inesperada: el tribunal ha incorporado como prueba documental un audio de 2014, procedente de los archivos incautados al comisario, en el que un mando policial sin identificar propone hacer policía al chófer de Luis Bárcenas para tenerlo controlado. La grabación, de siete minutos y veintitrés segundos de duración, sugiere que la operación Kitchen no fue una improvisación sino un plan diseñado desde al menos un año antes de que se pusiera formalmente en marcha.
El audio tiene implicaciones que van más allá del caso Kitchen. Si la propuesta de infiltrar al chófer de Bárcenas se formuló en 2014, un año antes de que las primeras diligencias policiales documentadas sitúen el inicio de la operación, ello significa que la cadena de mando que autorizó la operación fue más extensa de lo que el sumario ha establecido hasta ahora. Los abogados de Cospedal — cuya declaración como testigo estaba prevista para el 22 de mayo y que ahora se pospone al 9 de junio — han anunciado que impugnarán la incorporación del audio alegando que procede de archivos cuya cadena de custodia fue quebrantada durante los registros de noviembre de 2017.
En Luxemburgo, Begoña Gómez ha comparecido esta mañana ante la Fiscalía Europea durante veinte minutos en los que ha negado toda influencia en la adjudicación de contratos al empresario Juan Carlos Barrabés. Según fuentes presentes en la declaración, la esposa del presidente del Gobierno ha afirmado que ni llamó, ni escribió, ni se reunió con nadie de la Administración para favorecer a ninguna empresa, y que su relación con Barrabés fue exclusivamente académica, derivada de su trabajo como codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. La Fiscalía Europea investiga si los contratos de Barrabés con el Gobierno español, financiados con fondos Next Generation por valor de 87 millones de euros, se adjudicaron siguiendo los procedimientos legales o si existió algún tipo de tráfico de influencias.
La declaración de Begoña Gómez se produce en un momento en el que su situación procesal se ha complicado considerablemente. El juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, la ha procesado por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado hoy que resolverá el viernes 23 el recurso presentado por la defensa de Gómez contra el auto de procesamiento, una decisión que podría confirmar o revocar los cargos y que, en cualquier caso, se producirá apenas un día después de la lectura de la sentencia del caso Koldo.
La cuarta pieza del mosaico judicial nocturno tiene un nombre que no pertenece a la crónica política sino a la historia del terrorismo. La Audiencia Nacional ha rechazado esta tarde la solicitud de semilibertad para Gregorio Vicario, ex miembro de ETA condenado a penas que suman entre 154 y 265 años de prisión por su participación en múltiples atentados. El auto, de sesenta y dos páginas, basa la denegación en lo que el juez califica de falta absoluta de arrepentimiento y persistencia en la justificación de la violencia, citando un informe del CNI que documenta contactos recientes de Vicario con disidentes del entorno de la izquierda abertzale que no han condenado la violencia de ETA.
El rechazo de la semilibertad de Vicario incluye un párrafo que ha generado malestar en el Gobierno Vasco. El juez de la Audiencia Nacional critica lo que llama precipitación incomprensible del Gobierno Vasco en la concesión inicial de la semilibertad, aprobada el pasado mes de febrero, argumentando que la institución penitenciaria autonómica no tuvo en cuenta los informes de inteligencia disponibles sobre la falta de desvinculación real de Vicario del entorno radical. El lehendakari Pradales ha respondido con un comunicado en el que acata la decisión con reservas y defiende la competencia exclusiva de las instituciones vascas en materia penitenciaria.
Cinco procesos judiciales — Koldo, Kitchen, Begoña, fondos Next Generation y Vicario — convergen esta semana sobre un Gobierno que ya estaba debilitado por la crisis interna del PSOE, la emergencia sanitaria del Hondius y la tensión en Ormuz. La sentencia del jueves será el momento de mayor impacto, pero cada uno de los otros cuatro frentes tiene el potencial de generar titulares que alimenten el ciclo informativo durante semanas. La noche de las cinco condenas no es solo un titular: es la descripción literal de un Ejecutivo que se encuentra simultáneamente en el banquillo de cinco tribunales distintos, cada uno con su propia lógica procesal, su propio calendario y sus propias consecuencias políticas.
En el Tribunal Supremo, las luces de la Sala Segunda se han apagado a las 21:30. Los cinco magistrados tienen 36 horas para revisar las 487 páginas del borrador de Marchena y presentar las observaciones que estimen oportunas. Las fuentes consultadas descartan modificaciones sustanciales: la deliberación de las últimas dos semanas ha sido exhaustiva y la unanimidad no se ha visto comprometida en ningún momento. El jueves a las 10:00, España escuchará la sentencia que culmina el caso de corrupción más importante desde los ERE de Andalucía. Y lo hará en medio de una tormenta política, judicial, sanitaria y geopolítica que no tiene precedentes en la historia reciente de la democracia española.
