Empecemos por lo evidente, porque conviene no dar nada por sabido: un hombre disparó por la espalda a otro en plena calle, frente a cámaras de vigilancia, y en la munición aparecían grabadas las palabras "retrasar", "negar" y "deponer", según la policía, en imitación de una frase que describe cómo las aseguradoras evitan pagar reclamaciones. Ese detalle convirtió a Mangione en símbolo involuntario de la irritación contra el sistema de salud privado estadounidense. Pero la cuestión de fondo no es la simpatía que ha cosechado en redes, sino la arquitectura procesal que le permitiría, en teoría, declararse culpable ante un tribunal y quedar blindado, o casi, frente a otro.
Dos fiscalías por el mismo disparo
Según la ley del estado de Nueva York, un proceso estatal puede quedar inhabilitado si el caso federal se resuelve primero. La protección contra la doble incriminación aplica si un jurado ya prestó juramento en un proceso anterior o si este termina con una declaración de culpabilidad. El mismo disparo, la misma víctima, la misma mochila con la pistola impresa en 3D, pero dos fiscalías empujándose por sentenciar primero. Los fiscales estatales se opusieron por escrito el mes pasado a que una declaración de culpabilidad federal anulara su propio caso: dos aparatos del mismo Estado litigando sobre quién se queda con la condena.
Cualquier litigante mexicano reconoce el problema aunque cambie de traje. En México, el principio de non bis in idem —nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho— está consagrado en el artículo 23 constitucional, y su aplicación práctica también ha generado litigios cuando delitos del fuero federal y del fuero común se entrelazan, por ejemplo en casos de delincuencia organizada que involucran tanto a la Fiscalía General de la República como a fiscalías estatales. La diferencia es que en Estados Unidos la doctrina de la "soberanía dual" —dos gobiernos, dos leyes, dos posibles juicios— ha sido validada históricamente por la Suprema Corte de ese país, algo que en el sistema mexicano posterior a la reforma penal de 2008 resultaría, cuando menos, ajeno a la lógica local.
El propio Mangione articuló el dilema con claversia aritmética. En febrero, ante un juez, sostuvo: "Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno son dos. Doble enjuiciamiento según cualquier definición de sentido común". Que un acusado de asesinato resuma la crítica al sistema con más precisión que buena parte de sus comentaristas no debería sorprender: el presunto criminal razona como jurista mientras las dos fiscalías se disputan el mismo expediente.
Lo que ya se resolvió y lo que sigue abierto
Conviene detenerse en lo que estuvo en juego y ya no lo está: a principios de este año, un juez federal desestimó cargos adicionales que habrían expuesto a Mangione a la pena de muerte. La fiscalía federal había impulsado esa posibilidad, un impulso punitivo que en México sería inviable: la pena capital quedó abolida con la reforma de 2005 al artículo 22 constitucional. En ambos sistemas, con sus tiempos y sus jueces, la vía más extrema terminó frenándose.
La defensa, por su parte, hizo un giro que merece registro. En junio anunció que presentaría un informe psiquiátrico alegando "perturbación emocional extrema" en el caso estatal —figura que, de prosperar, podría reducir el cargo de asesinato en primer grado a uno menor—. Un día después se retractó. Esa defensa no está permitida en tribunales federales, lo que explica en parte por qué un acuerdo de culpabilidad federal resulta, desde el punto de vista estratégico, más manejable que arriesgarse ante un jurado estatal que sí podría escuchar el argumento psiquiátrico.
Las pruebas materiales explican por qué el acuerdo empieza a lucir como la opción menos mala para la defensa. La jueza federal Margaret M. Garnett resolvió en enero que los fiscales podían usar como evidencia los objetos hallados en la mochila de Mangione al momento de su arresto: una pistola impresa en 3D que, según los investigadores, coincidía con el arma homicida, y un cuaderno en el que —de acuerdo con las autoridades— había anotado su intención de matar a un ejecutivo de una aseguradora. Frente a ese expediente, el "uno más uno son dos" parece menos un alegato filosófico y más un cálculo de supervivencia procesal.
Las negociaciones para un acuerdo ya habían fracasado una vez, en junio, lo que sugiere que este segundo intento —solicitado de forma apresurada por fiscales y defensa a comienzos de esta semana— responde a un cambio de cálculo. Ni los abogados de Mangione ni el Departamento de Justicia hicieron comentarios antes de la audiencia, prevista para última hora de la mañana. La fuente citada por AP advirtió, además, que Mangione aún podría cambiar de opinión sobre el acuerdo antes de ratificarlo.
La pieza, si quiere ser honesta, debe resistir la tentación de convertir a Mangione en héroe o en villano absoluto, porque ninguna etiqueta resiste el expediente. Fue acusado de emboscar y matar a un hombre de 50 años que se dirigía a una conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group; también es, para un sector de la opinión pública estadounidense, el rostro de una crítica al sistema de salud privado. Ambas cosas pueden coexistir, y es esa incomodidad la que el sistema judicial —federal o estatal, mexicano o estadounidense— está diseñado para resolver sin apelar a la simpatía ni al linchamiento moral.
El desenlace, a partir de hoy, depende de una firma. Si Mangione ratifica la declaración de culpabilidad ante la jueza Garnett, el caso federal quedaría resuelto; tanto el proceso federal como el estatal pueden acarrear cadena perpetua. El juicio por cargos estatales, cuya selección de jurado —con identidades mantenidas en secreto por seguridad— estaba prevista para el 8 de septiembre y el inicio para el mes próximo, enfrentaría un futuro incierto: podría quedar inhabilitado, o derivar en un litigio adicional sobre si la garantía contra la doble incriminación aplica cuando los cargos, aunque derivados de la misma conducta, son técnicamente distintos. Sea cual sea el resultado, quedará como precedente sobre lo que ocurre cuando dos fiscalías, un acusado mediático y una pistola impresa en 3D convergen en el mismo expediente.