El conflicto se remonta a la disposición final séptima de la Ley de Transporte Terrestre de 2021, aprobada en pleno impacto de las restricciones de movilidad, que rebajó de forma temporal la renta mínima garantizada anual (RMGA) que los concesionarios comerciales —restaurantes, tiendas y otros negocios— pagan a Aena por explotar sus locales en las terminales. Esa renta combina una parte fija y otra variable ligada a la facturación, y durante 2020 y los ejercicios posteriores se ajustó a la baja para evitar el colapso de un sector que vio desplomarse el tráfico de pasajeros por el cierre del transporte aéreo.
Airfoods sostiene que esa modificación legal sigue vigente y que los contratos quedaron alterados por mandato de la ley, de modo que la rebaja aplicada entonces no puede revertirse ahora. Aena, por su parte, entiende que una sentencia reciente del Tribunal Supremo le habilita para reclamar el pago íntegro de la renta original a todos los concesionarios comerciales de la red, no solo a Airfoods.
La discrepancia sobre el alcance de ese fallo constituye el núcleo jurídico del litigio. Según la lectura de Airfoods, el Supremo se habría limitado a resolver una cuestión de competencia jurisdiccional —determinar que estos conflictos deben dirimirse en la vía contencioso-administrativa y no en la civil—, sin entrar a valorar la validez de la disposición final séptima ni, por tanto, dejarla sin efecto. Aena defiende una interpretación distinta, que a su juicio le permitiría reclamar con carácter retroactivo.
La advertencia de responsabilidades penales
En el burofax remitido a la cúpula de Aena, presidida por Maurici Lucena, Airfoods advierte de que anular las facturas ya emitidas conforme a la disposición final séptima y exigir el pago de la renta contractual completa «constituye una clara, flagrante y deliberada violación de la Ley, cuyas consecuencias jurídicas pueden llegar a ser de extrema gravedad, incluidas responsabilidades en el orden penal». La empresa de restauración añade que, «dada la flagrancia y la evidencia de la vulneración de la Ley, estas responsabilidades no solo alcanzan a los órganos de gobierno corporativo de AENA, sino a cualquier directivo o empleado público de AENA que realice acciones orientadas a no aplicar la DF7».
Se trata de un movimiento inusual en la contratación pública aeroportuaria: invocar la vía penal, y no solo la administrativa o civil, frente a una discrepancia interpretativa sobre la aplicación de una ley. Ninguna de las dos partes ha acudido, por el momento, a los tribunales para plantear una querella o denuncia formal; el burofax constituye un aviso previo dentro del pulso entre ambas compañías. Para que una amenaza semejante prosperase, un juzgado de instrucción tendría que apreciar indicios de un delito —figuras como la prevaricación o la malversación exigen dolo y perjuicio a las arcas públicas—, un umbral exigente frente a lo que Aena presenta como una controversia sobre la interpretación de una norma.
El origen inmediato de la disputa es una factura de seis millones de euros que Aena ha reclamado a Airfoods por la RMGA de 2020 y ejercicios posteriores, en sustitución de las cantidades que la concesionaria abonó en su momento conforme a la rebaja pandémica. Esa reclamación se enmarca en varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el propio gestor aeroportuario para tratar de anular la disposición final séptima, en un intento de recuperar ingresos que considera legítimamente suyos.
Aena, que cotiza en el Ibex 35 y en la que el Estado mantiene una participación mayoritaria a través de Enaire, defiende que esta reclamación no guarda relación con las dificultades financieras que atraviesa Airfoods. Según el gestor, el origen de los problemas de la concesionaria estaría en una oferta que la propia empresa presentó en 2024 para ganar un concurso público y que ahora no podría sostener económicamente.
El concurso de la T4 de Barajas
Ese concurso, el más caro de toda la red de Aena, se convocó en 2024 para adjudicar la explotación del espacio central de restauración de la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, tras la finalización de la concesión que hasta entonces mantenía la marca Enrique Tomás. Se presentaron cinco ofertas: la de Airfoods, la de Cafestore/Arzábal, la de Goyanar 5/Joselito, la de Airport Food Outlets y la de Areas/Viandas.
Airfoods resultó adjudicataria para explotar la marca Bottega, con un contrato de cinco años ampliables a dos más. Aena sostiene que fue precisamente su oferta, que considera desproporcionada, la que dejó a la concesionaria en una posición financiera insostenible, con independencia del litigio sobre la renta de la pandemia. Airfoods rechaza esa versión y atribuye sus tensiones de tesorería a la reclamación retroactiva del gestor, advirtiendo de que, de imponerse la posición de Aena, su situación afectaría a la continuidad de establecimientos de restauración repartidos por los principales aeropuertos.
El pulso se produce en un contexto de fricción más amplia entre Aena y su entorno comercial y aéreo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha respaldado a las aerolíneas y propuesto una rebaja de las tasas aeroportuarias entre 2027 y 2031, mientras el Senado ha reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que module esas tarifas. Aena defiende habitualmente que el marco tarifario está regulado y sujeto a la supervisión del organismo de competencia.
No es la primera vez que el modelo concesional de Aena genera litigios de alcance con sus operadores comerciales. Desde su salida a bolsa en 2015, el gestor —privatizado parcialmente por el Gobierno de Mariano Rajoy— ha mantenido diversas disputas con explotadores de tiendas y restaurantes por las rentas garantizadas, un esquema que traslada al concesionario el riesgo de tráfico y que la pandemia tensó hasta el límite al hundir el número de pasajeros en 2020.
El desenlace dependerá, en última instancia, de cómo se resuelvan las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas y de si alguna de las partes traslada finalmente el conflicto a la vía contencioso-administrativa o, como ha advertido Airfoods, a la penal. Por ahora, ni el Tribunal Constitucional ha fijado fecha para pronunciarse sobre la validez de la disposición final séptima ni Aena ha confirmado si mantendrá o retirará la reclamación de los seis millones de euros. La resolución de esas cuestiones prejudiciales marcará el rumbo de una disputa que hasta la fecha no ha llegado a los tribunales.
