El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, señala que Sheinbaum reconoció que medios como El Universal, Reforma y TV Azteca quedan fuera de la contratación de publicidad oficial en razón de su postura crítica frente al gobierno federal. Téllez sostiene que esa razón constituye una vulneración del artículo 134 de la Constitución, que obliga a que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, sin fines de promoción personalizada.
La senadora invoca también el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo del sistema de la Organización de los Estados Americanos, que advierte contra la utilización del poder del Estado —incluida la asignación discrecional de publicidad oficial— para presionar, castigar o premiar a medios en función de su línea editorial. Téllez enmarca la restricción de pauta a medios críticos como un ataque indirecto a la libertad de expresión y de prensa.
El punto de acuerdo propone que la Comisión Permanente exhorte a la presidenta y a la Coordinación General de Comunicación Social de la Oficina de la Presidencia de la República a remitir al Congreso un informe público, completo y desagregado por dependencia, entidad y medio de comunicación, sobre el gasto ejercido en publicidad oficial y comunicación social del primero de diciembre de 2024 a la fecha, junto con los criterios objetivos, cuantificables y verificables empleados para su asignación, en cumplimiento del artículo 134 constitucional.
La senadora solicita, además, que la titular del Ejecutivo se abstenga de cualquier expresión o práctica que estigmatice, presione o propicie el linchamiento mediático de periodistas y medios, y que garantice, «en los hechos y no solo en el discurso», que el gasto en publicidad oficial se sujete a criterios no discriminatorios y ajenos a cualquier lógica de premio o castigo por línea editorial.
Un litigio recurrente sobre la pauta gubernamental
La discusión sobre los criterios de asignación de publicidad oficial no es nueva en la vida pública mexicana. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2017 un amparo promovido por organizaciones civiles que ordenó al Congreso legislar en la materia, mandato que derivó en la Ley General de Comunicación Social, en vigor desde 2019. Litigios y auditorías previos habían documentado el uso discrecional del gasto en pauta como herramienta de presión sobre la prensa en administraciones de distinto signo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antecesor de Sheinbaum, defendió durante su sexenio una reducción del gasto en publicidad oficial respecto a administraciones priistas y panistas previas, argumento retomado por la actual administración desde la mañanera. La denuncia de Téllez, sin embargo, no se centra en el monto total del gasto, sino en la forma en que este se distribuye entre medios de distinta línea editorial.
El investigador Raúl Trejo Delarbre señaló que los lineamientos vigentes sobre publicidad oficial no implican censura directa, aunque, en su valoración, «se extralimitan» en las facultades discrecionales del Ejecutivo en la materia. La vigilancia de este tipo de gasto recae principalmente en la Auditoría Superior de la Federación, mediante la revisión de la Cuenta Pública, y en el Poder Legislativo, a través de mecanismos como el punto de acuerdo o las solicitudes de comparecencia; el Instituto Nacional Electoral no tiene competencia sobre la pauta fuera de los periodos electorales.
Alcance del exhorto y respuesta del Ejecutivo
El mecanismo del punto de acuerdo, previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, permite a cualquier legislador solicitar que la Cámara o la Comisión Permanente exhorte a otros poderes o dependencias a informar o actuar sobre un asunto determinado. Para adquirir carácter de resolución debe votarse en el pleno del órgano, pero carece de fuerza coercitiva: su eficacia depende de la voluntad del exhortado para atenderlo.
De avanzar el trámite, el siguiente hito será la eventual respuesta —o el silencio— de la Coordinación General de Comunicación Social dentro del plazo requerido. La discusión también podría trasladarse al periodo ordinario de sesiones que la LXVI Legislatura reanudará en septiembre, cuando comisiones como la de Radio, Televisión y Cinematografía en la Cámara de Diputados podrían retomar el asunto e incluso plantear la comparecencia de funcionarios de la Presidencia.