El 15 de agosto de 2021, columnas de combatientes talibanes entraron a Kabul sin resistencia mientras el entonces presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonaba el país. La toma de la capital selló el colapso de dos décadas de presencia militar occidental y marcó el regreso de un movimiento que ya había gobernado Afganistán entre 1996 y 2001, antes de ser derrocado por la invasión encabezada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.
Zahra Joya, periodista afgana de 34 años que salió de Kabul en aquellas jornadas y hoy vive en Londres, describió el aniversario como "un día muy doloroso". En entrevista con la agencia AFP relató el "miedo" y el "caos" que reinaron durante la toma de la capital y sostuvo que las mujeres afganas están "solas" frente a lo que definió como una guerra sostenida en su contra por las autoridades talibanas, y "abandonadas" por el resto del mundo. "Perdí todo en mi país", afirmó.
El gobierno talibán aplica una interpretación rigorista de la ley islámica que ha excluido a las mujeres de la educación secundaria y universitaria, así como de amplios sectores laborales. Amnistía Internacional señaló que, al cumplirse cinco años del regreso talibán, "millones de mujeres y niñas han visto cómo sus derechos y libertades están siendo restringidos de forma progresiva y sistemática" desde 2021.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, emitió órdenes de arresto contra dos altos funcionarios talibanes, entre ellos el jefe supremo del movimiento, Hibatullah Akhundzada, por la persecución de las mujeres afganas. Se trata de una de las escasas vías de rendición de cuentas internacional abiertas contra el liderazgo talibán, que no reconoce la jurisdicción del tribunal.
Un país sin aulas para las niñas
Afganistán es, de acuerdo con Naciones Unidas, el único país del mundo donde se prohíbe a las niñas continuar su educación después del nivel primario. Poco después de la toma de Kabul en 2021, las autoridades de facto pospusieron de manera indefinida el regreso a clases de las alumnas mayores de 12 años, mientras que a las mujeres se les vetó el acceso a la educación superior. La segregación por sexos impuesta al inicio escaló hacia finales de 2022, cuando un decreto del Ministerio de Educación expulsó por completo a las mujeres de las universidades del país.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió el viernes previo al aniversario que más de 2.6 millones de niñas afganas han sido privadas de educación secundaria en los cinco años transcurridos desde el retorno talibán. La cifra, según el organismo, equivale a una generación completa de adolescentes sin acceso a las aulas.
"Cinco años pueden parecer poco tiempo en la historia de un país, pero representan un periodo decisivo en la vida de una niña", afirmó Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF. La funcionaria explicó que un aula ofrece "mucho más que aprendizaje": da voz a las jóvenes y las protege del trabajo infantil, el matrimonio precoz, la violencia y los abusos. "Cuando las escuelas cerraron, esa protección desapareció, precisamente cuando las niñas más la necesitaban", señaló. De acuerdo con UNICEF, las niñas fuera del sistema educativo enfrentan un riesgo mayor de trabajo infantil, matrimonio precoz y violencia de género.
El costo económico de excluir a las mujeres
La prohibición de emplearse fuera del hogar ha transformado de manera radical el panorama laboral femenino y ha dañado la economía de miles de familias que dependían, total o parcialmente, del ingreso de una mujer. El fenómeno se combina con una crisis humanitaria persistente, agravada por las sanciones internacionales y la reducción de la ayuda externa tras 2021.
Un análisis de UNICEF publicado en abril de este año proyecta que Afganistán podría perder hasta 20,000 maestras y 5,400 trabajadoras de la salud para 2030 si las restricciones se mantienen, lo que reduciría todavía más la disponibilidad de personal femenino en dos sectores considerados esenciales, en particular para la atención de mujeres y niñas en un país con normas estrictas de segregación de género.
El deterioro, advierte el organismo, ya es medible: el número de maestras en la educación básica cayó más de 9%, de alrededor de 73,000 en 2022 a aproximadamente 66,000 en 2024. La participación femenina en la administración pública afgana también se ha contraído de forma sostenida desde el retorno talibán, según la misma evaluación.
El gobierno talibán no ha respondido públicamente a los señalamientos difundidos por UNICEF y Amnistía Internacional en el aniversario, y ha defendido en ocasiones anteriores sus políticas hacia las mujeres como una aplicación de principios religiosos que, conforme a su interpretación del islam, buscarían protegerlas.
La comunidad internacional, incluidos los organismos de Naciones Unidas, mantiene canales limitados de diálogo con las autoridades de facto en Kabul, sin que ningún gobierno haya otorgado reconocimiento diplomático pleno al régimen desde 2021. El futuro de la ayuda humanitaria y de eventuales condiciones ligadas al respeto de los derechos de las mujeres seguirá siendo, según los propios organismos citados, uno de los principales puntos de tensión en los próximos meses.