Del escándalo de las vacas locas a una agencia independiente
El origen de este entramado de vigilancia se remonta a finales de los años noventa. En un informe de 1997, el Parlamento Europeo denunció que los sistemas de seguridad alimentaria de la época estaban minados por la opacidad y los intereses de la industria, según recoge la Eurocámara y cita El País. Aquella crisis provocó el sacrificio masivo de cabezas de ganado en varios países y un golpe severo a la confianza de los consumidores en la cadena alimentaria.
La respuesta de Bruselas llegó en 2002 con la creación de la EFSA, una agencia independiente concebida para separar la evaluación científica del riesgo de la toma de decisiones políticas, principio que sigue rigiendo su funcionamiento. Su sede se ubicó en Parma, en la región italiana de Emilia-Romaña, zona de fuerte tradición agroalimentaria. Desde su fundación, la agencia ha ampliado su radio de acción, pasando de la vigilancia de enfermedades animales clásicas a un espectro más amplio de riesgos emergentes.
Ese proceso no ha sido lineal. La EFSA ha tenido que responder a crisis puntuales —brotes de listeria, dioxinas o el fraude de carne de caballo etiquetada como vacuno, detectado en 2013 en varios países europeos, entre ellos España— que han ido moldeando sus prioridades. Cada episodio ha servido de precedente para reforzar protocolos y ampliar el catálogo de sustancias, patógenos y prácticas fraudulentas bajo escrutinio.
Contrabando de carne de primate y riesgo zoonótico
Entre las amenazas que la agencia vigila, figura el contrabando de carne de primate, vinculado al comercio ilegal de fauna silvestre procedente principalmente de África central y el sudeste asiático. Esta carne, conocida en el argot especializado como bushmeat, entra en ocasiones en territorio europeo a través de equipajes personales o envíos postales, eludiendo los controles veterinarios establecidos por la normativa comunitaria de importación de productos de origen animal.
El riesgo sanitario no es menor: la carne de primates y otros animales silvestres puede ser vector de enfermedades zoonóticas, transmisibles de animales a humanos, un ámbito de preocupación creciente desde la pandemia de covid-19, cuyo origen buena parte de la comunidad científica internacional vinculó a la fauna silvestre. La Comisión Europea mantiene desde hace años campañas de concienciación en aeropuertos sobre los riesgos de introducir productos de origen animal no controlados.
El fraude del atún y la trazabilidad pendiente
Otro frente señalado por El País es el fraude en la comercialización de atún, práctica que consiste en tratar el pescado con sustancias que alteran artificialmente su color para simular frescura, o en etiquetar especies de menor valor comercial como si fueran atún rojo, mucho más cotizado en el mercado europeo. Este tipo de fraude se enmarca en las competencias de la Red de Fraude Alimentario de la UE, mecanismo de cooperación entre Estados miembros que complementa el trabajo científico de la EFSA con investigaciones aduaneras y policiales.
La adulteración del pescado no es un fenómeno nuevo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en España ha alertado en distintas ocasiones sobre el etiquetado incorrecto de productos pesqueros en supermercados y mercados. La trazabilidad completa de la cadena, desde la captura hasta el punto de venta, sigue siendo uno de los grandes retos pendientes de la normativa comunitaria de pesca y comercialización.
Especies invasoras como el mapache y sus parásitos
El tercer ejemplo citado por El País remite a los parásitos asociados a especies invasoras como el mapache, animal originario de Norteamérica cuya presencia se ha extendido en varias regiones europeas tras escapes o liberaciones de ejemplares en cautividad. Estas especies pueden actuar como reservorio de parásitos y patógenos no habituales en la fauna autóctona, lo que obliga a la EFSA a monitorizar su impacto sobre la cadena alimentaria y la salud pública, sobre todo en zonas rurales donde el contacto entre fauna silvestre y ganado es más frecuente.
La Unión Europea cuenta desde 2014 con un reglamento específico sobre especies exóticas invasoras, que obliga a los Estados miembros a controlar y, en lo posible, erradicar poblaciones de animales y plantas que amenacen los ecosistemas locales. La vigilancia sanitaria vinculada a estas especies se ha convertido en un capítulo cada vez más relevante dentro del trabajo de evaluación de riesgos de la agencia.
Un modelo de gobernanza sometido a escrutinio
El funcionamiento de la EFSA se basa en paneles de expertos científicos independientes que evalúan riesgos y emiten dictámenes no vinculantes, que después sirven de base a la Comisión Europea y a los Estados miembros para adoptar decisiones regulatorias. Este modelo, inspirado en agencias como la estadounidense FDA, ha sido defendido por sucesivas Comisiones como garantía de rigor científico, aunque organizaciones de consumidores y algunas voces del Parlamento Europeo han reclamado mayor transparencia en la composición de esos paneles y en la financiación de los estudios que manejan.
La Comisión Europea ha reforzado en los últimos años los mecanismos de control de conflictos de interés dentro de la EFSA, tras críticas de organizaciones como Corporate Europe Observatory sobre la presencia de expertos vinculados a la industria agroalimentaria en algunos comités. La agencia ha respondido con revisiones periódicas de sus normas de independencia, aunque el debate sobre el equilibrio entre ciencia, industria y salud pública sigue abierto en el seno de las instituciones comunitarias.
Qué viene después
La EFSA tiene previsto continuar publicando informes periódicos sobre riesgos emergentes en la cadena alimentaria europea, en coordinación con autoridades nacionales como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). La experiencia acumulada desde la crisis de las vacas locas, hace casi tres décadas, sigue marcando el horizonte de una vigilancia que, según fuentes comunitarias, aspira a anticiparse a las amenazas antes de que deriven en crisis de salud pública de gran escala.
