El foco recae sobre un número reducido de individuos a los que fuentes policiales consultadas por ABC describen como radicales nacionalistas, presuntamente vinculados a discursos que reivindican la soberanía marroquí sobre Ceuta. Ninguno consta, por el momento, como investigado formalmente ante un juzgado de instrucción: se trata de un trabajo de inteligencia previo, orientado a identificar autores y determinar si sus mensajes pueden constituir delitos de odio, enaltecimiento de la violencia o desórdenes públicos tipificados en el Código Penal.
Entre el material que manejan los investigadores figuran publicaciones en las que uno de estos jóvenes, que habría logrado entrar camuflado entre la oleada de finales de julio, afirma, según los mensajes a los que accedió ABC: «No nos iremos hasta terminar de joderles, ellos se irán y seremos nosotros los que nos quedemos aquí». Otro discurso, dirigido a compatriotas fuera de España, sostiene que «Ceuta ya es marroquí» y anima a nuevos intentos de cruce. Estas expresiones, de confirmarse su autoría y su carácter de incitación, podrían ser objeto de diligencias por parte de la Fiscalía, aunque a día de hoy no consta la apertura de un procedimiento judicial concreto.
La investigación se enmarca en la vigilancia más amplia que ambos cuerpos policiales mantienen desde el inicio de la crisis sobre perfiles de riesgo, incluidos sujetos con antecedentes o que ejercían funciones de liderazgo dentro de los grupos que protagonizaron la avalancha. Según las fuentes consultadas, algunos habrían actuado como interlocutores ante las autoridades españolas y las organizaciones no gubernamentales presentes sobre el terreno, lo que ha añadido complejidad al seguimiento policial.
El episodio que ha elevado el nivel de alerta es el ataque sufrido por una patrulla militar, calificado por los intervinientes como una emboscada planificada y ejecutada por un grupo de más de treinta personas. La magnitud y el grado de coordinación observados han llevado a los investigadores a sospechar de la existencia de uno o varios cabecillas capaces de movilizar y dirigir a un número elevado de personas en un espacio urbano reducido, lo que constituiría un salto cualitativo respecto a los incidentes aislados de semanas anteriores.
Fuentes policiales explican que la estrategia de estos perfiles combina dos objetivos: mantener la presión sobre la sociedad ceutí mediante contenidos intimidatorios y alentar a nuevos ciudadanos marroquíes a intentar el cruce aprovechando la saturación de los dispositivos de control. Para dificultar su identificación, según las mismas fuentes, recurrirían a terceros que replican sus mensajes en otras cuentas, una técnica que complica la trazabilidad de los contenidos y, por extensión, la instrucción de eventuales causas penales. Los agentes vigilan asimismo los actos violentos registrados en las manifestaciones de la ciudad, ante el temor de que elementos radicales se infiltren en las protestas para provocar disturbios o dirigir agresiones contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; este extremo permanece en fase de análisis, sin detenciones ni imputaciones formales según la información disponible.
El encaje penal y la competencia judicial
El marco normativo aplicable incluye los artículos del Código Penal relativos a la provocación y el enaltecimiento de la violencia, así como los delitos de odio del artículo 510, que exigen acreditar tanto la autoría material de los mensajes como su capacidad real de incitar a terceros. La instrucción de cualquier causa derivada de estas pesquisas correspondería a un juzgado de instrucción de Ceuta, sin perjuicio de que la Audiencia Nacional pudiera asumir competencia si se apreciaran indicios de estructura organizada con proyección más allá del territorio ceutí, algo que hoy no consta acreditado.
La crisis migratoria de Ceuta no es un fenómeno inédito. La entrada masiva de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas tras una relajación de los controles marroquíes, constituye el precedente más directo y permitió constatar entonces, según el Ministerio del Interior de la época, la presencia de grupos que coordinaban los intentos de salto. La comparación entre ambos episodios centra buena parte del análisis policial actual sobre patrones de repetición y aprendizaje organizativo.
Al margen de la vertiente penal, la Dirección General de la Policía remitió el jueves 27 de agosto un oficio a las jefaturas superiores solicitando el desplazamiento de funcionarios adicionales a Ceuta para reforzar la plantilla local, en el marco de la respuesta a lo que el propio documento describe como crisis migratoria. Según ese oficio, los trabajos de identificación de las personas llegadas en las últimas semanas se prolongarán, salvo variación del calendario, hasta el mes de noviembre, un plazo que da idea del volumen de personas pendientes de registro y de la complejidad del proceso administrativo asociado.
Las autoridades marroquíes no han realizado, hasta la fecha, declaraciones oficiales sobre la existencia de estos perfiles ni sobre las acusaciones de infiltración organizada, y el Ministerio del Interior español tampoco ha ofrecido una valoración pública detallada más allá de la confirmación del refuerzo policial. Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes vienen reclamando, en paralelo, que cualquier actuación policial distinga con claridad entre la mayoría de personas que cruzaron la frontera en situación de vulnerabilidad y los individuos concretos bajo sospecha de incitar a la violencia, para evitar una criminalización colectiva.
A falta de imputaciones formales, la investigación se mantiene en su fase policial y de inteligencia, con el objetivo de reunir indicios que permitan, en su caso, trasladar el asunto a la Fiscalía y a un juzgado de instrucción. El desarrollo de los próximos meses, marcado por el plazo de identificación fijado hasta noviembre y por la evolución de la tensión social en Ceuta, determinará si estas pesquisas cristalizan en diligencias judiciales concretas o si el seguimiento continúa circunscrito al ámbito de la prevención de la seguridad ciudadana.
