El origen del enfrentamiento fue la detención de Luis Antonio Espinosa, señalado como contador de Emigdio Gabriel Moreno, hermano del líder nacional del PRI. Horas después de conocerse el arresto, Alejandro Moreno acudió a un programa de radio conducido por la periodista Azucena Uresti para calificar el operativo como parte de una estrategia de distracción del gobierno frente a los problemas del país. "Es una persecución política del Estado mexicano contra los opositores", afirmó el dirigente priista.
Moreno vinculó la detención con denuncias que él mismo ha presentado ante instancias internacionales. Según su versión, ese tipo de capturas ocurre después de que la oposición acude a dependencias extranjeras a denunciar lo que llamó "atrocidades", en un intento —dijo— de que el gobierno reaccione desplegando operativos para fabricar culpables.
El trasfondo de la disputa se remonta al pasado 10 de agosto, cuando Moreno presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de EU contra tres consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. En ese documento sostuvo que el INE "está sometida y al servicio del gobierno, tomando decisiones que afectan directamente a la oposición". Moreno preside el PRI a nivel nacional y ocupa además una curul en el Senado de la República.
La respuesta de Morena no se hizo esperar. En conferencia de prensa, Ariadna Montiel calificó de "hipócrita" la denuncia de Moreno ante autoridades estadounidenses. "¿Dónde quedó aquello de que el INE no se toca?", cuestionó, en alusión a las posiciones que la oposición ha sostenido sobre la autonomía del árbitro electoral. La misma dirigente le reprochó que "la legitimidad no se importa ni se mendiga en el extranjero".
El Consejo Ejecutivo Nacional de Morena reforzó esa posición mediante un comunicado en el que acusó a Moreno de presentarse como perseguido político cada vez que una investigación se acerca a su entorno. "Es una vieja práctica del régimen de privilegios: confundir la rendición de cuentas con venganza y disfrazar la impunidad con defensa democrática", señaló el documento.
El fuero, en el centro del cruce
El pronunciamiento morenista abordó también el fuero que Moreno posee como senador. "El fuero protege una función, no a una persona. No borra expedientes, no detiene investigaciones ni vuelve intocable a nadie. (.) Quien tenga responsabilidades deberá responder, sin importar su apellido, su cargo o sus vínculos", expresó el Consejo Ejecutivo Nacional. El fuero constitucional resguarda la función legislativa frente a persecuciones, no la responsabilidad penal del individuo, que solo puede exigirse tras un procedimiento de desafuero.
Esa referencia fue interpretada por el dirigente priista como una amenaza directa para impedirle —según dijo— seguir denunciando presuntos pactos del gobierno con organizaciones del crimen organizado, sin que aportara evidencia sobre esa acusación. "Es la práctica favorita del autoritarismo de Morena para intimidar a la oposición y tratar de silenciar a las voces críticas. Se equivocan conmigo. ¡No podrán callar a un senador de la República!", advirtió.
Moreno defendió la pertinencia de acudir a instancias internacionales para exponer lo que considera abusos del gobierno federal, y lo contrastó con la designación de tres consejeros del INE. "Injerencismo es lo que este pinche gobierno hizo con el INE, metiendo las manos en una institución que era autónoma, debilitándola hasta apoderarse de ella y utilizarla como mordaza contra quienes incomodamos al gobierno", afirmó. Sostuvo que recurre a foros extranjeros porque en México las denuncias de la oposición no avanzan. "Vamos a denunciar cada acto de autoritarismo, persecución política y uso faccioso del poder. Que el mundo sepa lo que está haciendo este régimen con quienes nos atrevemos a enfrentarlo", concluyó.
Antecedentes de un pulso recurrente
El episodio se inscribe en las disputas recurrentes entre el PRI y Morena desde la llegada de este último partido a la Presidencia en 2018, con señalamientos cruzados por presuntos actos de corrupción durante administraciones priistas y cuestionamientos de la oposición al manejo de instituciones autónomas. El propio INE ha sido objeto de iniciativas de reforma impulsadas por la mayoría morenista en San Lázaro y el Senado, que la oposición combatió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual invalidó parte de esos cambios en pronunciamientos previos.
La invocación del fuero como escudo político tiene precedentes conocidos en la vida institucional mexicana. El caso más citado es el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal: la Cámara de Diputados le retiró la protección constitucional, decisión que la Procuraduría General de la República revirtió después ante el costo político del proceso. Aquel episodio marcó cómo el desafuero puede convertirse en un instrumento de disputa partidista más que estrictamente judicial.
El retiro del fuero corresponde a la Cámara de Diputados mediante un procedimiento de declaración de procedencia, a solicitud de la autoridad ministerial. Hasta ahora no se ha reportado un trámite de esa naturaleza contra Moreno, y la Fiscalía General de la República no se ha pronunciado públicamente sobre la detención del contador ni sobre las acusaciones cruzadas entre ambas dirigencias.
El choque entre Moreno y Montiel se suma a una relación tensa de cara al segundo año de la LXVI Legislatura, en el que las bancadas deberán negociar el paquete económico y eventuales reformas electorales. Por ahora, ni el PRI ni Morena han anunciado acciones legales adicionales derivadas de este intercambio, más allá de la denuncia ya presentada por Moreno ante el Departamento de Estado estadounidense, cuyo eventual curso —de existir— quedaría fuera de la jurisdicción mexicana.