En el vídeo que precedió a su intervención televisiva, Delgado cuestionó el modo en que Irene Montero, titular del Ministerio de Igualdad entre 2020 y 2023, había abordado públicamente la llegada de personas migrantes de origen marroquí a Ceuta. La influencer censuró lo que calificó de «sensacionalismo» de la exministra «para invalidar cualquier tipo de argumento», y sostuvo que quienes cruzan la frontera sin autorización son «delincuentes»: «En el momento que cruzas una frontera [sin papeles], ya eres delincuente», afirmó en la grabación.
Esa caracterización no se corresponde con el marco jurídico español. La Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, regula la entrada y estancia irregular como infracción administrativa —sancionable con multa o, en su caso, expulsión—, no como delito penal, salvo en supuestos específicos como el tráfico de personas. El episodio migratorio al que aludía la controversia evoca la crisis de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta en pocos días, según datos difundidos entonces por el Ministerio del Interior, en un contexto de tensión diplomática con Rabat que se prolongó durante meses.
En su reflexión a cámara, Delgado contrapuso los avances de España en derechos LGTBI a la situación legal en Marruecos. «Fuimos de los primeros en apoyar el matrimonio igualitario», sostuvo, frente a países «donde se condena con pena de cárcel, y hasta de muerte, a personas homosexuales y transexuales». España reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo con la Ley 13/2005, que la convirtió en el tercer país del mundo —tras Países Bajos y Bélgica— en hacerlo. El Código Penal marroquí (artículo 489) contempla penas de prisión por relaciones homosexuales, marco documentado por organizaciones como Human Rights Watch.
Del debate migratorio a la Ley Trans
El choque con Pablo Fernández se produjo cuando el portavoz de Podemos afirmó que Delgado tenía derechos «gracias a Irene Montero y a la Ley Trans», añadió que «las mujeres trans son mujeres» y calificó la transfobia de delito de odio. Fernández se refería a la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, aprobada en el Congreso en febrero de 2023.
Delgado, que se identificó públicamente como persona trans durante el propio debate, rechazó ese planteamiento. «Yo soy trans, y me parece una etiqueta que no permito al señor Pablo que me ponga, ni tampoco quiero que piense por mí», replicó, subrayando que su condición era anterior a la acción legislativa de la exministra: «Yo soy trans muchísimo antes de que apareciera Irene Montero».
La Ley 4/2023 introdujo la autodeterminación de género como mecanismo para el cambio de sexo registral, sin necesidad de informes médicos o psicológicos previos. Supuso una modificación respecto al procedimiento anterior, regulado por la Ley 3/2007, que exigía un diagnóstico de disforia de género y, con carácter general, un tratamiento hormonal previo. La reforma fue una de las medidas más debatidas de la legislatura y provocó divisiones dentro del propio espacio feminista, con posiciones enfrentadas entre corrientes del movimiento LGTBI y sectores del feminismo institucional.
Podemos ha defendido de manera constante la norma como una conquista de derechos civiles, equiparándola en su discurso a hitos legislativos previos como el matrimonio igualitario o la ley del aborto de 2010. Desde el entorno de Irene Montero, que impulsó el anteproyecto como ministra de Igualdad, se ha reivindicado la ley como un avance en materia de derechos humanos frente a las críticas recibidas.
Desde posiciones críticas, Vox y parte del Partido Popular han cuestionado el procedimiento de autodeterminación y su posible impacto en ámbitos como el deporte femenino o los espacios de protección para mujeres víctimas de violencia de género, argumentos que el Gobierno y las asociaciones LGTBI han rebatido. Ni la dirección de Podemos ni el entorno de Irene Montero han realizado declaraciones públicas específicas sobre las palabras de Nicole Delgado en el programa.
La secuencia se inscribe en un patrón habitual de la televisión de actualidad, donde colaboradores y tertulianos no siempre representan posiciones oficiales de partidos o instituciones, sino opiniones personales amplificadas por el formato de debate en directo. El intercambio ha circulado en redes sociales, con reacciones divididas entre quienes respaldan la intervención de la influencer y quienes cuestionan su calificación de los migrantes como «delincuentes», ajena a la caracterización jurídica de la estancia irregular como infracción administrativa.
El desarrollo del debate público sobre la Ley Trans continúa abierto por vía parlamentaria y judicial: la norma ha sido objeto de recursos y de propuestas de reforma desde distintos grupos, de modo que su aplicación —y las controversias asociadas— seguirá dependiendo de las decisiones que adopten el Congreso y los tribunales en los próximos meses.
