La providencia de la jueza reclamaba a la Guardia Civil que detallara su actuación durante aquellos dos días y que precisara si en fechas previas recibió información que pudiera haber alertado del alcance de lo que iba a ocurrir. El instituto armado respondió con un escrito breve y de carácter muy concreto que recoge las comunicaciones que los organismos suelen intercambiar de forma habitual, pero que no permitieron prever la dimensión de la crisis. En ese informe, según las fuentes citadas, no se menciona al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El documento de la Guardia Civil llega apenas tres días después de que la jueza recibiera otro, mucho más extenso, elaborado por la Policía Nacional a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). Ese texto, de 55 páginas y remitido el martes, describe los hechos como una entrada masiva «planificada» y en ningún caso «espontánea», y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.
El informe policial concluye que la finalidad de la entrada de decenas de miles de personas no era migratoria, un extremo que —según ese documento— quedaría acreditado por el hecho de que solo el 10% de quienes accedieron intentó permanecer en territorio español. El escrito de la Guardia Civil, en cambio, se ciñe a un relato más acotado: las comunicaciones habituales entre organismos no habrían permitido anticipar el alcance real de lo que se avecinaba, la misma línea argumental que sostiene el Ejecutivo.
La tesis de que no existieron elementos previos suficientes para prever la magnitud de la crisis es, precisamente, la que ha defendido el Gobierno desde el primer momento a través del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska. Fuentes del departamento han reiterado que la actuación de los efectivos desplegados en la frontera se ajustó a los protocolos existentes y que la magnitud del fenómeno superó cualquier previsión razonable basada en la información disponible.
La causa se sustancia en la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia de Iustitia Europa, que reclama que se depuren responsabilidades tanto en la cadena de mando española como en la actuación de las autoridades marroquíes, a las que atribuye un papel activo en la organización de la entrada masiva. La Fiscalía, en su informe previo, ha respaldado la apertura de una investigación formal y ha sostenido que existen indicios de posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal, además de defender que la Audiencia Nacional es el órgano competente para instruir.
La instrucción se encuentra en fase preliminar: la jueza Tardón ha recabado informes de distintos organismos antes de decidir si abre diligencias previas de forma reglada. En este estadio no hay personas investigadas de forma nominal ni se ha dictado imputación alguna; el procedimiento se limita, por ahora, a la recopilación de elementos que permitan a la magistrada valorar si existen indicios suficientes para continuar la causa.
Un respaldo institucional en medio de la fricción con Interior
La magistrada recibió este viernes el respaldo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, después de que el ministro Grande-Marlaska expresara sus quejas por el curso de la instrucción. Ese aval institucional refuerza la posición de Tardón frente a las tensiones que la causa ha generado entre el poder judicial y el Ejecutivo, un roce que no es inédito en procedimientos que afectan a la gestión de fronteras y a las políticas migratorias.
El marco normativo de referencia remite al artículo 318 bis del Código Penal, que castiga el favorecimiento de la inmigración irregular, y a los tipos generales de homicidio y lesiones por imprudencia grave cuando se produce un resultado de muerte o daño físico derivado de una actuación negligente. La eventual acreditación de una organización o grupo criminal detrás de la entrada masiva —la hipótesis que maneja el informe policial— elevaría la gravedad penal del caso y podría ampliar el círculo de responsables investigados, sean autoridades españolas, marroquíes o particulares.
La crisis de Ceuta de julio de 2026 no es el primer episodio de estas características en la frontera sur. En mayo de 2021 se produjo una entrada masiva de miles de personas en la ciudad autónoma, en un contexto de tensión diplomática entre España y Marruecos derivado de la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó en un notable deterioro de las relaciones bilaterales que tardó meses en recomponerse, pero no se judicializó con la profundidad que apunta el caso actual.
La diferencia entre ambos episodios reside en el detonante: en 2021 fue explícitamente diplomático, mientras que en julio de 2026 la instrucción apunta a una posible planificación con participación de estructuras de seguridad marroquíes, un extremo que, de confirmarse, tendría implicaciones de mayor calado en las relaciones entre ambos países y en el control conjunto de la frontera que ambos Estados articulan mediante los acuerdos bilaterales de cooperación migratoria.
Con los informes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Fiscalía ya sobre la mesa, la jueza Tardón afronta ahora la decisión de si formaliza la apertura de diligencias previas o si considera que los elementos aportados no sustentan una investigación judicial en la Audiencia Nacional. Esa resolución, que no tiene un plazo legal fijo pero suele producirse en las semanas siguientes a la recepción de la documentación, marcará el rumbo de una causa que ha tensionado al Gobierno, a los cuerpos de seguridad del Estado y al propio Poder Judicial.
