La investigación arrancó después de que responsables de varias empresas de los sectores de la construcción y las nuevas tecnologías, con obras en marcha en distintos municipios del Aljarafe sevillano, denunciaran robos reiterados en sus vehículos comerciales. Los trabajadores desplazados a la zona se alojaban en hoteles de la comarca, y era precisamente en los aparcamientos de esos establecimientos donde se producían los asaltos durante la noche.
Según la reconstrucción de los hechos que maneja la Guardia Civil, los presuntos autores actuaban siguiendo un patrón repetido: esperaban a que los operarios se retirasen a descansar para acercarse a los vehículos estacionados, fracturar ventanillas y cerraduras y sustraer las herramientas y equipos profesionales que transportaban. Buena parte de ese material, de elevado valor económico, es especialmente demandado en el mercado de segunda mano, lo que explicaría la reiteración de los robos en un área geográfica acotada.
Ante la posibilidad de que los hechos se repitieran, el instituto armado estableció dispositivos de vigilancia en zonas consideradas susceptibles de sufrir nuevos delitos con características similares. Ese seguimiento permitió a los agentes detectar un vehículo que se encontraba en las inmediaciones de varios establecimientos donde estaban estacionadas las furgonetas afectadas, y que, según la investigación, habría sido utilizado por los sospechosos para desplazarse hasta los lugares del robo.
A partir de ese vehículo, los investigadores lograron identificar plenamente a los dos autores, que residían en Sevilla capital, donde fueron localizados y detenidos. Ambos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de delitos de robo con fuerza en las cosas.
Una investigación que se extiende a Cádiz
Por el momento, la actuación policial ha permitido esclarecer seis robos cometidos en la provincia de Sevilla, todos ellos con el mismo patrón de furgonetas forzadas junto a hoteles del Aljarafe. La investigación permanece abierta para determinar si los detenidos pudieron estar implicados en otros hechos similares no esclarecidos. Entre ellos, la Guardia Civil analiza su posible relación con robos registrados en la provincia de Cádiz, incluido uno ocurrido en Jerez de la Frontera en el que los autores fueron sorprendidos in fraganti. En aquella ocasión, los sospechosos se dieron a la fuga y abandonaron en el lugar un vehículo que posteriormente fue intervenido por los cuerpos policiales, un elemento que ahora podría cruzarse con los datos de la investigación sevillana.
El robo con fuerza en las cosas está recogido en el artículo 237 y siguientes del Código Penal, que considera fuerza el forzamiento de cerraduras o el uso de medios para vencer la seguridad de un objeto o vehículo. La modalidad básica se castiga con prisión de uno a tres años. La calificación definitiva de los hechos, así como la eventual acumulación de los episodios detectados en Cádiz, corresponderá al juzgado de instrucción competente, que deberá decidir si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento.
Los dos detenidos, sobre los que rige la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme, deberán pasar a disposición del juzgado que instruye la causa. Será en esa fase cuando se determine su situación personal y si procede la adopción de alguna medida cautelar, sin que ello prejuzgue su responsabilidad penal.
El robo de herramienta en furgonetas de empresas desplazadas a obras es un fenómeno recurrente que causa pérdidas notables a pequeñas y medianas empresas del sector, que en ocasiones ven interrumpida su actividad al quedarse sin material de trabajo de un día para otro. La demanda de maquinaria y equipos profesionales en el mercado de segunda mano actúa como incentivo para este tipo de sustracciones, orientadas a la reventa rápida.
La investigación permanece abierta y no se descarta la práctica de nuevas diligencias si se confirma la implicación de los arrestados en otros hechos, tanto en Sevilla como en Cádiz. El caso queda ahora en manos de la autoridad judicial, que marcará los siguientes pasos del procedimiento.
