Los agentes de la Agrupación de Tráfico aseguran encontrarse a diario con reventones de neumáticos provocados por baches, salidas de vía relacionadas con el mal estado del pavimento y problemas de visibilidad derivados de una señalización desgastada o de la vegetación que invade los márgenes de la calzada. La AUGC sostiene que el mantenimiento se ha reducido hasta el punto de que determinados márgenes ni siquiera han sido desbrozados adecuadamente, y vincula directamente algunos accidentes con esa falta de conservación. Establecer un nexo causal exacto entre el estado de una vía concreta y un siniestro determinado exige, sin embargo, un informe técnico específico.
La cronología de la siniestralidad en 2026 dibuja un contraste notable. El primer trimestre cerró con 196 fallecidos en vías interurbanas, un 22% menos que en el mismo periodo de 2025, según la Dirección General de Tráfico (DGT). La tendencia se invirtió con el verano: junio terminó con más de 130 muertos, en torno a un 50% por encima del mismo mes del año anterior, y julio se convirtió en el segundo peor balance histórico para ese mes, con 107 víctimas mortales. La primera quincena de agosto ya superaba las 70 muertes.
Buena parte de la mortalidad se concentra en las carreteras convencionales, aquellas con un único carril por sentido y sin separación física entre ambos. Cerca del 70% de los fallecidos de julio perdieron la vida en este tipo de vías. El dispositivo especial en torno al 15 de agosto arrojó un saldo de 19 fallecidos en 16 accidentes durante el fin de semana previo y otras ocho muertes en el operativo siguiente, seis de ellas también en carreteras convencionales.
El repunte estival coincide con la Operación Verano de la DGT, que prevé más de 104 millones de desplazamientos de larga distancia entre julio y agosto. La intensidad de los controles ha sido notable: entre el 3 y el 9 de agosto la DGT inspeccionó más de un millón de vehículos en 3.466 puntos de control y más de 69.000 conductores recibieron una denuncia por exceso de velocidad, con cerca del 6,7% de los vehículos controlados circulando por encima de los límites establecidos.
Qué reclama la AUGC y qué responden Interior y Tráfico
La AUGC dirige sus críticas al Ministerio de Transportes y reclama recuperar actuaciones básicas de conservación de la red estatal: desbroce periódico de arcenes, reparación de los pavimentos más castigados y renovación de la señalización. La organización sostiene que aumentar los controles sobre los conductores no resuelve por sí solo los riesgos derivados de una infraestructura deficiente, y advierte de que el deterioro puede convertir un error al volante en un accidente de consecuencias mucho más graves.
Interior y la DGT, por su parte, continúan situando el foco en la conducta de los usuarios como principal factor de riesgo: velocidad inadecuada, distracciones al volante y consumo de alcohol o drogas figuran entre las causas que estas instituciones destacan habitualmente en sus balances. En julio, 13 de los 107 fallecidos no utilizaban elementos obligatorios de seguridad como el cinturón o el casco, según los datos de la propia DGT. El repunte vuelve así a situar el debate entre el comportamiento de los conductores y el mantenimiento de las carreteras, dos elementos que condicionan conjuntamente la seguridad de millones de desplazamientos.
La discusión se mantiene, por el momento, en el terreno institucional y sindical, sin que conste una querella, una demanda de responsabilidad patrimonial o una causa penal vinculada directamente a estas afirmaciones. No hay investigados ni procesados, y el asunto se sitúa en el plano de la controversia corporativa y política, no en el procesal.
La legislación española contempla la posibilidad de reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración cuando un accidente se produce por un defecto de conservación de la vía pública, siempre que un informe técnico acredite el nexo causal entre el estado de la infraestructura y el siniestro. Estas reclamaciones se tramitan por la vía administrativa y, en caso de desacuerdo, pueden acabar ante la jurisdicción contencioso-administrativa, un cauce distinto y mucho menos frecuente que el penal, que exigiría acreditar imprudencia grave por parte de un responsable identificado.
El debate sobre si la siniestralidad responde más al comportamiento de los conductores o al estado de las infraestructuras no es nuevo. En veranos anteriores, asociaciones profesionales de la Guardia Civil y colectivos de usuarios han señalado recortes en las partidas de conservación de firmes tras periodos de contención presupuestaria, sin que en general esas denuncias hayan derivado en investigaciones judiciales por responsabilidad de la Administración, salvo en casos puntuales de accidentes atribuidos por vía pericial a defectos concretos de una vía.
A partir de aquí, el foco se traslada a los balances que la DGT elabore al cierre de la Operación Retorno de agosto y, más adelante, al informe anual de siniestralidad que suele publicarse a comienzos de año. Esos datos permitirán comprobar si el repunte estival se mantiene como una anomalía puntual o consolida una tendencia al alza respecto a ejercicios anteriores, y ofrecerán el marco estadístico en el que previsiblemente se apoyarán tanto la AUGC como el Ministerio para sostener sus respectivas versiones sobre las causas de la mortalidad en carretera.
