El organismo que encabeza Bravo agrupa a 61 empresas globales con operaciones en México —entre ellas Walmart, Toyota, 3M, PepsiCo, HSBC, L'Oréal, Bayer, Danone, Nestlé, BP, IBM, Amazon y BASF— y funciona como interlocutor entre las multinacionales, el gobierno y otros actores empresariales. Según el CEG, las compañías que integra son responsables de la mitad de la inversión extranjera directa que recibe el país y generan, de manera directa e indirecta, más de ocho millones de empleos.
Bravo sostuvo que la revisión no debe leerse, por sí misma, como una señal de riesgo para el tratado. "La revisión es un mecanismo previsto en el acuerdo y eso no significa que el tratado esté en riesgo. Una revisión bien conducida incluso puede ser positiva para los tres países", afirmó el directivo, quien calificó al T-MEC como uno de los principales activos económicos de México.
El argumento central del CEG es que la integración productiva de América del Norte, construida durante tres décadas, resulta difícil de revertir sin costos para las tres economías. "Lo deseable es discutir cómo hacer que el tratado funcione y no, de ninguna manera, reabrir su contenido central ni poner en duda los fundamentos de la integración económica de América del Norte. En eso me parece que los tres países estamos en línea", señaló Bravo.
El presidente del organismo pidió que la revisión se enfoque en "mejorar la implementación, facilitar el cumplimiento y resolver los obstáculos" surgidos durante los primeros años de operación del tratado. A su juicio, la red productiva que vincula plantas, proveedores, tecnología, talento e infraestructura de los tres países ofrece "una base muy sólida para que todos queramos mantener este diálogo técnico, institucional y constructivo".
La cautela no es una salida de capital
Bravo distinguió entre la prudencia sobre nuevas inversiones y una eventual retirada de capital ya comprometido. Las multinacionales instaladas en el país, sostuvo, mantienen sus plantas, proveedores y equipos de trabajo, y los proyectos con autorización avanzan; el freno se concentra en las decisiones de mayor escala que aún no han sido aprobadas. "Algunos proyectos continúan en ejecución y otros están en evaluación. Hay decisiones de mucho mayor escala que podrían estar en un proceso de 'paremos y observemos' cómo sigue avanzando esto para tener mayor claridad", explicó.
El directivo pidió expresamente evitar que esa actitud se interprete como una pérdida generalizada de confianza en México como destino de inversión. "La cautela no debe interpretarse como una salida de inversión", subrayó, al insistir en que se trata de una pausa evaluativa ante inversiones que exigen compromisos de capital de largo plazo, más sensibles a la incertidumbre regulatoria y comercial.
Un mecanismo previsto en el propio tratado
El T-MEC entró en vigor en julio de 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994. El acuerdo contempla un mecanismo de revisión conjunta a los seis años de su entrada en vigor, con la posibilidad de prorrogar su vigencia si los tres países lo acuerdan; de no lograrse la extensión, el tratado prevé revisiones periódicas durante un lapso adicional para decidir su continuidad. Esa cláusula de revisión —una de las innovaciones más discutidas del T-MEC respecto de su antecesor— es la que hoy marca el calendario de posicionamientos empresariales y gubernamentales.
El precedente más cercano se remonta a 2017 y 2018, cuando México, Estados Unidos y Canadá renegociaron el TLCAN a instancias del entonces presidente estadounidense Donald Trump, en su primer mandato. Aquel proceso reabrió capítulos completos —reglas de origen automotriz, propiedad intelectual, comercio digital— y derivó en el T-MEC, firmado a finales de 2018 y ratificado posteriormente por los tres países. Aquella negociación generó episodios de incertidumbre inversora comparables a los que hoy describe el CEG.
La inversión extranjera directa ha sido uno de los motores de la economía mexicana en los últimos años, impulsada en parte por la relocalización de cadenas de suministro hacia el país. Ese flujo de capital es, precisamente, el que el CEG advierte que podría desacelerarse si el proceso de revisión se prolonga sin señales claras para los inversionistas de largo plazo.
En las próximas etapas se prevé que las delegaciones de los tres gobiernos abran rondas de consulta con el sector privado, en las que el CEG buscará plantear sus propuestas de ajuste técnico. El desenlace de ese proceso determinará si la cautela inversora que hoy describe el organismo empresarial se disipa o se profundiza.