El informe de la UCO que se presenta hoy es el resultado de meses de investigación complementaria que los agentes de la Guardia Civil realizaron después de que la causa principal se elevara al Tribunal Supremo. A diferencia de los informes anteriores, que se centraban en la trama principal — los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes a empresas vinculadas a Aldama —, el nuevo documento se focaliza exclusivamente en la rama balear y aporta pruebas que, de confirmarse, podrían tener consecuencias políticas de primer orden. Según las fuentes consultadas, el informe incluye registros bancarios de transferencias entre cuentas vinculadas a Aldama y una sociedad radicada en Palma de Mallorca que actuó como intermediaria en la compra de material sanitario para el Servicio de Salud de las Islas Baleares durante la primera ola de la pandemia. Las transferencias, que suman varios millones de euros, habrían seguido un patrón idéntico al de la trama principal: una empresa sin experiencia en material sanitario recibía el contrato público gracias a la intermediación de Koldo García, inflaba los precios entre un 40% y un 60% respecto a los del mercado, y desviaba la diferencia a cuentas opacas controladas por Aldama. Lo nuevo del informe balear es que documenta comunicaciones directas entre la intermediaria de Palma y el entorno de Armengol en fechas que coinciden con la adjudicación de los contratos, lo que sugiere que la entonces presidenta del Govern, o al menos personas de su máxima confianza, tuvieron conocimiento directo de las operaciones.
Francina Armengol no está acusada formalmente en el caso Koldo, pero su nombre ha aparecido de forma recurrente a lo largo de las tres primeras semanas del juicio en testimonios de funcionarios del Servicio de Salud balear que declararon que las instrucciones para contratar con determinados proveedores procedían «de arriba» y que ellos se limitaron a ejecutarlas. La expresión «de arriba» ha sido objeto de un intenso debate procesal: la acusación interpreta que se refiere al Govern y específicamente a la presidencia, mientras que la defensa argumenta que se refiere a los mandos intermedios de la Consejería de Salud, que actuaron con autonomía decisoria sin informar a Armengol. El informe de la UCO podría zanjar esta disputa si las comunicaciones interceptadas demuestran que la cadena de decisión llegaba hasta el despacho de la presidenta. El impacto político sería devastador: Armengol es actualmente la tercera autoridad del Estado como presidenta del Congreso, un cargo institucional de primer orden cuya titular no puede ser investigada sin un suplicatorio que solo la propia Cámara puede conceder. Si el Supremo, a la vista del informe de la UCO, decide abrir una pieza separada contra Armengol, el procedimiento del suplicatorio paralizaría el Congreso durante semanas y provocaría una crisis institucional de magnitud imprevisible en un Gobierno que ya lidia con la huelga médica, el juicio Kitchen y la degradación del Pentágono.
El miércoles 29 de abril está marcado en el calendario procesal como la jornada más importante del juicio del caso Koldo: ese día declaran por primera vez ante el tribunal los tres acusados principales en el orden establecido por la Sala — primero Aldama, después Koldo García y finalmente Ábalos —. Las declaraciones de los acusados son siempre el momento más esperado de cualquier juicio penal porque ofrecen a los procesados la oportunidad de dar su versión completa de los hechos, responder a las preguntas de la Fiscalía y las acusaciones, y, en su caso, señalar a terceros que puedan compartir la responsabilidad. En el caso Koldo, las declaraciones del miércoles tienen un interés adicional porque los tres acusados han mantenido hasta ahora estrategias defensivas divergentes que podrían chocar en el estrado. Aldama, que desde su detención en octubre de 2024 se ha presentado como un «colaborador necesario» de una trama diseñada y dirigida por otros, ha insinuado que está dispuesto a aportar información sobre la participación de cargos públicos de alto nivel a cambio de una reducción de su petición de pena. Koldo García, por el contrario, ha negado toda participación en la trama y ha sostenido que su papel como asesor parlamentario no incluía la intermediación en contratos públicos. Ábalos, que afronta la petición más elevada — 24 años de cárcel por malversación, cohecho y prevaricación —, ha optado por una estrategia de negación total combinada con el recurso de nulidad.
La estrategia defensiva de Ábalos descansa sobre un argumento procesal que, si el Supremo lo acepta, podría hacer caer todo el caso: la nulidad de las actuaciones por la investigación paralela que la Audiencia Nacional llevó a cabo antes de que la causa se elevara al Supremo. Según la defensa, la Audiencia Nacional investigó a Koldo García y a Ábalos durante meses sin tener competencia para ello, dado que ambos gozaban de aforamiento — García como asesor del Grupo Socialista en el Congreso y Ábalos como exdiputado —, y las pruebas obtenidas durante ese período son nulas de pleno derecho porque fueron recabadas por un tribunal incompetente. El argumento es técnicamente sólido: la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que la investigación de un aforado por un tribunal ordinario vulnera el derecho al juez natural predeterminado por la ley, y que las pruebas obtenidas en esas condiciones son inadmisibles. El Supremo aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión — la dejó para resolverla en sentencia —, pero su decisión será determinante: si acepta la nulidad, la mayoría de las pruebas de la acusación quedarían invalidadas y el caso se debilitaría hasta hacerlo prácticamente inviable; si la rechaza, la defensa habrá perdido su mejor baza y Ábalos deberá responder al fondo de las acusaciones con las pruebas en su contra intactas.
El perfil de los tres acusados ofrece una radiografía de la trama que el Supremo debe juzgar. Aldama, empresario sin historial previo en el sector sanitario, se convirtió durante la pandemia en un intermediario omnipresente que facilitaba contratos públicos a empresas de su órbita aprovechando sus contactos en el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos. Su modus operandi, documentado en los informes de la UCO, consistía en identificar las necesidades de material sanitario de las administraciones, ofrecer proveedores que él mismo seleccionaba y coordinaba, y cobrar comisiones que oscilaban entre el diez y el veinte por ciento del valor de los contratos. Koldo García, que era formalmente asesor parlamentario del Grupo Socialista pero que en la práctica funcionaba como el enlace político de Aldama en las instituciones, habría facilitado los contactos necesarios para que las ofertas de Aldama llegaran a los decisores públicos con la urgencia y la prioridad que la pandemia justificaba. Y Ábalos, como ministro de Transportes, habría avalado implícitamente las operaciones al no impedir que su asesor de confianza participara en una actividad que excedía radicalmente las funciones de un asesor parlamentario. La Fiscalía argumenta que la trama no habría sido posible sin la cobertura institucional que Ábalos proporcionaba, y que el exministro se benefició personalmente de la operación a través de pagos en especie que incluyen el uso de viviendas, vehículos y viajes financiados por Aldama.
Las tres semanas anteriores del juicio han servido para establecer el marco fáctico sobre el que las declaraciones del miércoles se proyectarán. Los peritos contables que declararon en la primera semana cifraron el sobrecoste de los contratos investigados en 42 millones de euros, una cantidad que no se desvió íntegramente a los acusados sino que se distribuyó entre intermediarios, comisionistas y lo que la UCO denomina «gastos de representación» — un eufemismo que incluye cenas, viajes y regalos a funcionarios implicados en la cadena de adjudicación —. Los funcionarios del Ministerio de Transportes que declararon en la segunda semana describieron un ambiente de urgencia pandémica en el que las normas de contratación se flexibilizaron hasta el punto de que era posible adjudicar contratos millonarios sin concurso público, sin informes de idoneidad y sin fiscalización previa, utilizando el procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. La tercera semana aportó el testimonio de los responsables de compras de varias comunidades autónomas que reconocieron haber recibido «recomendaciones» del Ministerio para contratar con proveedores específicos, recomendaciones que interpretaron como instrucciones dado el contexto de dependencia financiera de las comunidades respecto al gobierno central durante la pandemia.
El impacto político del caso Koldo trasciende el ámbito judicial y se ha convertido en uno de los factores de erosión más persistentes del Gobierno de Pedro Sánchez. El PP ha utilizado el juicio como ariete parlamentario durante todo el mes de abril, presentando en cada sesión de control al Gobierno preguntas sobre la relación entre Sánchez y Ábalos, entre Ábalos y Koldo, y entre Koldo y Aldama, en una cadena de vínculos que la oposición presenta como la prueba de que la corrupción penetró hasta el corazón del Ejecutivo. Sánchez ha respondido invariablemente que «la justicia está actuando y el Gobierno respeta y acata sus decisiones», una fórmula que le permite distanciarse del caso sin atacar al Supremo pero que no resuelve la pregunta política de fondo: ¿qué sabía el presidente del Gobierno sobre las actividades de su ministro de Transportes y del asesor de su grupo parlamentario? La pregunta no tiene respuesta judicial — Sánchez no está investigado —, pero tiene una respuesta política que la oposición explota a diario: si sabía, fue cómplice; si no sabía, fue negligente. En cualquiera de los dos supuestos, la credibilidad del Gobierno queda dañada, y el hecho de que el juicio se celebre simultáneamente con el de Kitchen refuerza la narrativa de una clase política infectada por la corrupción que alcanza a los dos grandes partidos.
La jornada de hoy, con la presentación del informe de la UCO sobre Baleares, establece el marco para lo que ocurrirá el miércoles. Si el informe confirma la vinculación de Armengol, los abogados de los acusados podrían intentar utilizarlo a su favor argumentando que la trama era más amplia de lo que la Fiscalía reconoce y que la responsabilidad debería repartirse entre muchos más actores. Es una estrategia paradójica — reconocer implícitamente la existencia de la trama para diluir la responsabilidad individual —, pero no es inusual en los macroprocesos de corrupción y podría resultar eficaz si el tribunal concluye que la Fiscalía ha seleccionado a los acusados de forma arbitraria, dejando fuera a personas con el mismo o mayor grado de participación. Para Armengol, la jornada de hoy es decisiva aunque ella no esté en el banquillo: cada dato que vincule su nombre a la trama erosiona su posición como presidenta del Congreso y alimenta la presión del PP para pedir su dimisión, una demanda que los populares formularon ya en la segunda semana del juicio y que hoy renovarán con más fuerza si el informe de la UCO respalda sus acusaciones. La semana que empieza promete ser la más intensa de un juicio que, junto con Kitchen, está reescribiendo la historia reciente de la política española desde los estrados de los tribunales.
