La presión del PP para que la sentencia se haga pública antes del diecisiete de mayo se ha intensificado a lo largo de este sábado con una cadencia de declaraciones que los observadores judiciales interpretan como una estrategia coordinada desde Génova con el doble objetivo de mantener el caso Koldo en el centro del debate electoral andaluz y de crear un clima de opinión que, sin llegar a la intimidación directa, transmita al Supremo la expectativa de celeridad. El secretario general del PP, Cuca Gamarra, abrió la jornada con una comparecencia en la que afirmó que los ciudadanos andaluces merecen ir a las urnas con toda la información disponible y que retrasar la sentencia más allá de las elecciones sería un ejercicio de opacidad institucional incompatible con la transparencia democrática. A media mañana, el portavoz parlamentario popular insistió en la misma línea y añadió un argumento que algunos juristas consideran peligroso: que el Supremo debería ser consciente de que la percepción ciudadana de la Justicia depende de su capacidad para pronunciarse en tiempos razonables, y que tres semanas de deliberación para un caso que ya ha sido exhaustivamente debatido en las vistas orales es un plazo que la opinión pública difícilmente comprenderá. La respuesta del PSOE llegó a primera hora de la tarde en forma de comunicado institucional firmado por la vicesecretaria general del partido, en el que se acusaba al PP de ejercer una presión inaceptable sobre el poder judicial y se recordaba que la independencia de los tribunales no se mide por su capacidad de adaptarse a los calendarios electorales sino por su compromiso con el rigor y la imparcialidad.
La incorporación por parte de la Audiencia Nacional de las declaraciones de Víctor de Aldama y Koldo García sobre la investigación en Baleares constituye un giro procesal que, si bien no afecta directamente al juicio que se celebra en el Supremo, amplía significativamente el perímetro del caso y proyecta su sombra sobre figuras políticas que hasta ahora habían permanecido en un segundo plano. Aldama, en su declaración ante la Audiencia Nacional —cuyo contenido ha trascendido parcialmente a través de fuentes judiciales—, señaló que los contratos de material sanitario adjudicados por el Govern balear durante la pandemia siguieron un patrón idéntico al de los contratos estatales investigados en el caso Koldo: empresas intermediarias sin experiencia en el sector sanitario, comisiones pagadas a través de sociedades radicadas en jurisdicciones opacas y una cadena de decisiones que, según Aldama, contaba con el conocimiento —si no la aprobación directa— de los responsables políticos de la consejería de Sanidad del Govern. El nombre de Francina Armengol, que era presidenta del Govern balear durante la pandemia y que actualmente preside el Congreso de los Diputados, apareció en la declaración de Aldama no como responsable directa de las adjudicaciones sino como destinataria de informes periódicos sobre la evolución de los contratos, una circunstancia que, si se confirma documentalmente, podría situarla en una posición de conocimiento que complica extraordinariamente su actual posición institucional.
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este sábado un silencio que los observadores interpretan como estratégico: el fiscal jefe sabe que cualquier pronunciamiento público sobre los tiempos de la deliberación podría ser utilizado por las defensas como argumento de parcialidad, y ha optado por dejar que sea el tribunal quien fije su propio calendario sin interferencias externas. Sin embargo, fuentes próximas a la Fiscalía han confirmado a El Hemiciclo que el ministerio público mantiene íntegramente su petición de veinticuatro años de prisión para Ábalos por delitos de cohecho pasivo continuado, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales; diecinueve años y medio para Koldo García como cooperador necesario; y siete años para Víctor de Aldama como autor de un delito de cohecho activo. La magnitud de las penas solicitadas —especialmente los veinticuatro años para un exministro del Gobierno de España, la cifra más alta jamás pedida por la Fiscalía en un caso de corrupción política— refleja la gravedad que el ministerio público atribuye a los hechos y constituye, en sí misma, una declaración sobre el nivel de prueba que la acusación considera que ha quedado acreditado durante las catorce jornadas de vistas orales. Si el Supremo acepta íntegramente la calificación fiscal, Ábalos entraría en prisión para cumplir una pena que, con los beneficios penitenciarios aplicables, supondría un mínimo de dieciséis años de reclusión efectiva.
El artículo 117 de la Constitución establece que los jueces y magistrados son independientes, inamovibles y responsables, y que están sometidos únicamente al imperio de la ley. La pretensión del PP de que el Supremo adapte su calendario deliberativo a una fecha electoral autonómica vulnera, según el catedrático de Derecho Constitucional consultado, el principio de separación de poderes de forma tan flagrante que, si se produjera una sentencia acelerada que coincidiera con la proximidad del diecisiete de mayo, las defensas podrían argumentar con fundamento que la deliberación estuvo condicionada por presiones políticas externas. El catedrático añade que existe un precedente relevante: en dos mil quince, el Tribunal Constitucional anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque se demostró que el ponente había acelerado la redacción para que el fallo coincidiera con un ciclo informativo favorable a una de las partes, una circunstancia que el Constitucional calificó como una vulneración del derecho a un juicio justo. La analogía no es perfecta, pero el principio subyacente es el mismo: los tiempos de la Justicia no pueden subordinarse a los tiempos de la política.
Mientras Llarena trabaja en su despacho del Supremo rodeado de los expedientes que ha acumulado durante meses de instrucción y catorce días de juicio oral, la batalla política por la sentencia se libra en un terreno que el magistrado no controla pero que inevitablemente condiciona la recepción pública de su trabajo. Las redes sociales hierven con especulaciones sobre el sentido del fallo, los programas de debate televisivo dedican horas a analizar las implicaciones electorales de cada escenario posible, y los mercados de predicción —una herramienta cada vez más utilizada en la política española— sitúan la probabilidad de condena para Ábalos en un setenta y dos por ciento, una cifra que, independientemente de su valor predictivo real, refleja la percepción mayoritaria de que el juicio ha sido desfavorable para el exministro. La paradoja es que cuanto más se discute públicamente el caso, más difícil resulta para los magistrados deliberar con la serenidad que la Constitución les exige: cada declaración política, cada tertulia televisiva y cada tuit añade una capa de presión ambiental que, aunque no altere la convicción jurídica de los magistrados, sí puede afectar al modo en que redactan sus votos particulares y al énfasis que colocan en las motivaciones de la sentencia.
La cuestión de Armengol ha irrumpido en el debate político con una fuerza que los socialistas intentan contener sin éxito. La presidenta del Congreso, que ha mantenido un perfil institucional escrupuloso desde que el caso Koldo saltó a los medios, se encuentra ahora en una posición inédita: las declaraciones de Aldama ante la Audiencia Nacional sugieren que estuvo informada —al menos en términos generales— de la mecánica de los contratos sanitarios adjudicados por su Govern durante la pandemia, una circunstancia que, si se documenta con pruebas más allá del testimonio de un imputado en busca de beneficios procesales, podría desencadenar una petición de suplicatorio que obligaría al Congreso a pronunciarse sobre la inmunidad parlamentaria de su propia presidenta. Los socialistas argumentan que la declaración de Aldama carece de credibilidad por provenir de un imputado que busca reducir su propia pena señalando a terceros, y que los informes a los que se refiere eran documentos administrativos rutinarios que la presidenta del Govern recibía junto con centenares de otros informes sobre la gestión de la pandemia. El PP, por su parte, ha pedido que Armengol comparezca ante la comisión de investigación del Congreso para explicar su conocimiento de los contratos, una petición que la Mesa del Congreso, controlada por los partidos que apoyan al Gobierno, previsiblemente rechazará.
El escenario procesal que se abre a partir de este sábado noche tiene varias líneas de desarrollo simultáneas que los observadores judiciales intentan cartografiar con una precisión que la incertidumbre inherente a toda deliberación judicial hace extraordinariamente difícil. La primera línea es la ponencia de Llarena: el magistrado necesitará, según las estimaciones más conservadoras, entre tres y cuatro semanas para completar un borrador que, dada la complejidad del caso, requerirá un análisis pormenorizado de cada una de las pruebas presentadas por la acusación y de cada uno de los argumentos de descargo esgrimidos por las defensas. La segunda línea es la deliberación propiamente dicha: una vez que Llarena presente su borrador a los cuatro magistrados restantes, estos dispondrán de un plazo para estudiarlo y proponer enmiendas, y la sala se reunirá para votar el texto definitivo. La tercera línea es la pieza separada sobre la cuenta de Singapur que el propio tribunal podría abrir mediante un testimonio de particulares incluido en la sentencia. Y la cuarta línea, ahora inesperada, es la investigación de la Audiencia Nacional sobre los contratos baleares, que podría convertirse en un caso Koldo segundo con epicentro en Palma y con Armengol como figura central de la trama.
Cuando esta noche cae sobre Madrid y el edificio del Supremo se queda a oscuras salvo por la luz del despacho de Llarena, la democracia española se encuentra en uno de esos momentos de suspensión en los que el futuro de varias carreras políticas, de un partido centenario y de la credibilidad de todo un sistema institucional depende de la pluma de un magistrado que redacta, párrafo a párrafo, una sentencia que nadie leerá durante semanas pero que todos intentan influir desde fuera. El PP quiere que sea rápida y condenatoria. El PSOE quiere que sea lenta y absolutoria. Vox quiere que sea ejemplar. Los abogados de la defensa quieren que sea tan garantista que cualquier condena pueda ser recurrida ante el Constitucional con argumentos de vulneración procesal. Llarena, solo ante su pantalla, tiene la obligación constitucional de no escuchar a ninguno de ellos y de responder únicamente a las pruebas y a la ley. Si lo consigue, la sentencia del caso Koldo será un hito del Estado de Derecho. Si no lo consigue, será una herida más en una democracia que acumula demasiadas cicatrices.
