El juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo vivió durante su tercera semana una doble sacudida procesal: la defensa de Víctor Koldo García Bragado aportó extractos bancarios y facturas internas del PSOE para sostener que los pagos investigados corresponden a gastos partidarios ordinarios y no a comisiones ilícitas, mientras que un careo pericial entre expertos de la Guardia Civil y peritos de la defensa sobre las grabaciones que supuestamente vinculan al exministro José Luis Ábalos con el empresario Víctor de Aldama concluyó sin resolución definitiva. Las partes describieron el resultado como un empate técnico que compromete la solidez de esa línea de prueba.
La documentación financiera del PSOE centra el debate de la semana
La defensa de García Bragado presentó ante la Sala un paquete documental integrado por extractos bancarios y facturas internas del PSOE con el argumento de que las transferencias examinadas por la acusación tienen una explicación contable dentro de la estructura ordinaria del partido. Si el tribunal admite y valora esa documentación en el sentido que propone la defensa, quedaría desactivado uno de los pilares de la tesis acusatoria: que esos movimientos de dinero constituyen el rastro económico de un sistema de comisiones ligado a la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de 2020. Al cierre de la sesión, la fiscalía no había concluido su posición sobre ese material.
La defensa sostiene que la aportación de esa documentación traslada la carga de la prueba a la acusación, que deberá demostrar que los mismos pagos no tienen cabida en la contabilidad partidaria. Las acusaciones, por su parte, mantienen que la existencia de registros internos no excluye por sí sola la existencia paralela de pagos opacos, y que el cuadro probatorio del que disponen incluye —según han sostenido en sesiones anteriores— testimonios y registros adicionales que van más allá de los documentos financieros ahora en discusión.
El careo pericial sobre los audios de Ábalos y Aldama, sin resolución
El segundo frente abierto durante la semana afecta directamente a los registros sonoros que la acusación ha utilizado para trazar un vínculo entre Ábalos y Aldama en torno al contrato duplicado que es objeto del procedimiento. Peritos de la Guardia Civil y peritos de la defensa comparecieron en una suerte de careo técnico ante el tribunal y sostuvieron posiciones irreconciliables sobre la autenticidad e integridad de esas grabaciones. La cadena de custodia y la integridad de los archivos de audio son requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha exigido de manera reiterada para que este tipo de evidencia despliegue plenos efectos probatorios.
En términos procesales, un empate pericial no equivale a la nulidad automática de la prueba, pero sí obliga al tribunal a motivar de manera reforzada cualquier decisión que se apoye en ella, o bien a recurrir a una pericial dirimente. La posición procesal de Ábalos, cuya conexión con los hechos depende en parte de esas grabaciones en disputa, adquiere mayor relevancia tras esta jornada. Su defensa no había formulado una valoración pública al cierre de la semana.
El caso: contratos de mascarillas, aforamiento y competencia del Supremo
El denominado caso Koldo toma su nombre del asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y tiene como eje la presunta adjudicación irregular de contratos de suministro de mascarillas durante el estado de alarma declarado en marzo de 2020 al amparo del Real Decreto 463/2020. La investigación, impulsada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apunta a una red en la que habrían participado cargos públicos, intermediarios y empresarios para obtener comisiones a cambio de facilitar contratos con administraciones autonómicas. El asunto se ventila en el Tribunal Supremo porque alguno de los investigados ostentaba la condición de aforado en el momento de los hechos, lo que atribuye a esa sala competencia exclusiva para instruir y juzgar conforme al artículo 57.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El marco procesal del empate entre periciales
La Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece una jerarquía automática entre peritos oficiales y peritos de parte. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido históricamente un mayor peso relativo a los informes elaborados por organismos del Estado cuando la cadena de custodia está debidamente acreditada; que esa acreditación sea precisamente la que se discute convierte este episodio en un nudo procesal de resolución incierta. Ante dictámenes contradictorios de igual rango técnico, el tribunal puede ordenar una nueva pericial, prescindir de esa prueba en su valoración final o motivar razonadamente la preferencia por uno de los dictámenes, sin que ninguna de estas vías esté descartada a estas alturas del juicio.
Un precedente comparable: el juicio de la Gürtel y la prueba documental de partido
La utilización de documentación interna de un partido político como elemento defensivo frente a imputaciones de pagos irregulares tiene un precedente relevante en el juicio de la trama Gürtel, donde la contabilidad del PP fue aportada y debatida ante la Audiencia Nacional —sentencia de mayo de 2018— como prueba de cargo y de descargo simultáneamente. En aquel procedimiento, el tribunal concluyó que la existencia de una contabilidad oficial no excluía la realidad de una contabilidad paralela, criterio que la jurisprudencia posterior ha consolidado y que las acusaciones en el caso Koldo previsiblemente invocarán al valorar la documentación ahora aportada por la defensa.
La fase que abre la cuarta semana
La tercera semana deja el procedimiento en una posición más abierta de lo que la acusación preveía al inicio del juicio oral. El tribunal deberá pronunciarse sobre la admisión y el peso de la documentación financiera del PSOE aportada por la defensa, y tendrá que decidir si solicita una pericial adicional sobre los audios o si resuelve con el material ya disponible. Ambas decisiones condicionarán de manera estructural el relato de la sentencia. El juicio, que arrancó con la previsión de extenderse varias semanas, entra ahora en una fase en la que la calidad de la prueba documental y técnica —más que las declaraciones de los acusados— marcará el ritmo y el desenlace del procedimiento.
