La ponencia que Marchena redacta en su despacho del Tribunal Supremo es, según fuentes jurídicas consultadas por El Hemiciclo, una de las más complejas que el magistrado ha abordado en sus más de veinte años en la Sala Segunda. El caso Koldo no es solo la historia de unas comisiones millonarias en contratos de mascarillas durante la pandemia; es un mapa de poder institucional que conecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos con su exasesor Koldo García, con el comisionista Víctor de Aldama, con empresarios adjudicatarios de obras públicas y con una red de testaferros que la Unidad Central Operativa ha rastreado durante cuatro años por media docena de jurisdicciones internacionales. La ponencia deberá sintetizar las declaraciones de los tres principales acusados, ponderar la credibilidad de las confesiones parciales de Aldama y Koldo, valorar la prueba documental aportada por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, y pronunciarse sobre la petición de veinticuatro años de prisión que el teniente fiscal Alejandro Luzón mantiene para Ábalos como presunto cabecilla de la trama.
La principal novedad jurídica de la jornada ha sido la decisión de la Audiencia Nacional de incorporar las declaraciones de Aldama y Koldo García durante el juicio del Supremo a la pieza separada que investiga la presunta financiación irregular del PSOE. El auto, firmado por el magistrado instructor de la Sección Cuarta, argumenta que ambos acusados proporcionaron durante sus interrogatorios en el Supremo datos relevantes sobre flujos de dinero entre los adjudicatarios de contratos públicos y las cuentas del partido que no habían sido aportados previamente en la instrucción de la Audiencia Nacional. Aldama, en concreto, detalló durante la novena jornada del juicio un sistema de entregas en efectivo a un dirigente socialista de segundo nivel cuya identidad no reveló pero que, según las fuentes consultadas, podría identificarse a partir de los movimientos bancarios que la UCO está analizando. Esta incorporación abre la puerta a nuevas imputaciones que podrían afectar a dirigentes del partido que hasta ahora habían permanecido al margen de la investigación.
La sentencia del caso Koldo, según el consenso de las fuentes jurídicas consultadas, no se dictará antes de finales de mayo y podría demorarse hasta la primera quincena de junio. Marchena ha asumido personalmente la ponencia, como hizo en el juicio del procés, y su estilo de trabajo, meticuloso y reacio a las prisas, hace improbable que el borrador esté listo para circular entre los cinco magistrados de la Sala antes del 17-M andaluz. El PP ha reiterado esta semana su exigencia de que el fallo se conozca antes de las elecciones, un reclamo que el PSOE califica de «presión judicial inaceptable» y que las asociaciones judiciales han rechazado por unanimidad. La Asociación Profesional de la Magistratura emitió ayer un comunicado defendiendo la independencia del calendario judicial y recordando que la Constitución garantiza que los jueces dictan sentencia «cuando la ponencia está madura, no cuando el calendario electoral lo exige».
En la Audiencia Nacional, el caso Kitchen entra en una fase inesperadamente acelerada por razones médicas. El excomisario José Manuel Villarejo ha comunicado al tribunal que será operado mañana domingo en el Hospital Universitario de Guadalajara de una afección abdominal que requiere intervención urgente y que le impedirá desplazarse a la sede del tribunal durante al menos una semana. Esta circunstancia ha obligado al presidente de la Sala a adelantar la fase documental prevista para el 14 de mayo, una decisión que ha generado malestar entre las defensas de los once acusados, que consideran que el calendario procesal no puede estar a merced de la salud de uno de los coacusados. Villarejo, que se enfrenta a una pena de hasta quince años por su papel en la supuesta trama de espionaje parapolicial contra Luis Bárcenas, ha declarado a través de su abogado que la operación es «absolutamente inevitable» y que está dispuesto a prestar declaración por videoconferencia desde su domicilio si el tribunal lo estima necesario.
La quinta semana de juicio del Kitchen ha dejado un testigo clave que podría alterar el curso de la causa. Un agente de la Policía Nacional que participó en los registros de las viviendas de Villarejo en noviembre de 2017 ha testificado que encontró documentos clasificados del Centro Nacional de Inteligencia en un doble fondo del armario del dormitorio principal del excomisario. La defensa de Villarejo ha cuestionado la cadena de custodia de esos documentos alegando que el agente no los incluyó en el acta de registro inicial sino en una diligencia complementaria firmada tres días después, lo que a juicio de los letrados rompe la trazabilidad probatoria. El tribunal ha admitido ambas versiones como prueba documental y ha convocado al jefe de la Brigada de Información como testigo para la sesión del catorce de mayo, cuando se espera que la fase documental aporte los últimos elementos de juicio antes de las conclusiones finales.
El tercer frente judicial sigue generando titulares desde el Juzgado de Instrucción número 41. El abogado Antonio Camacho ha presentado este sábado un recurso de reforma de veintiocho páginas contra la última resolución del juez Peinado, en la que impugna la decisión de someter el caso de Begoña Gómez a jurado popular y aporta como novedad un escrito complementario con veintitrés correos electrónicos internos de la Universidad Complutense de Madrid. Los emails, fechados entre marzo y octubre de 2023, documentan según la defensa un proceso de adjudicación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en el que Gómez no intervino en ninguna de las decisiones administrativas que la acusación le atribuye. Camacho argumenta que los correos demuestran que las adjudicaciones fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UCM sin consulta previa a Gómez y que la codirectora de la cátedra se limitó a funciones académicas de coordinación docente.
Peinado, que la semana pasada rechazó las alegaciones de la defensa pidiendo el archivo de la causa, mantiene los cuatro delitos que imputa a Gómez: tráfico de influencias, apropiación indebida, administración desleal y uso de información privilegiada. La Fiscalía sigue apoyando el archivo por considerar que no existe base probatoria suficiente para ninguno de los cuatro delitos, pero el juez ha desoído una vez más su criterio. La Audiencia Provincial de Madrid deberá pronunciarse sobre la cuestión del jurado popular en un plazo aproximado de dos semanas, una resolución que será determinante para el futuro de la causa. Si la Audiencia estima el recurso de Camacho y anula la decisión de Peinado sobre el jurado popular, el caso se reconduciría hacia un juicio ante un tribunal profesional, lo que la defensa considera más favorable dada la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas en juego.
La convergencia de los tres frentes judiciales en un calendario tan comprimido genera una presión mediática y política que las asociaciones de jueces llevan semanas denunciando. El Consejo General del Poder Judicial, que la próxima semana renovará su comisión permanente, ha evitado pronunciarse sobre los plazos de la sentencia del Koldo, pero fuentes internas del órgano de gobierno de los jueces admiten que la proximidad del 17-M ha convertido cada decisión procesal en un campo minado político. La judicatura, que aspira a trabajar con la serenidad que exige la administración de justicia, se encuentra atrapada entre la presión del PP por acelerar y la del PSOE por denunciar esa aceleración, un fuego cruzado que desgasta la credibilidad de las instituciones y refuerza la percepción ciudadana de que en España la justicia y la política son, demasiado a menudo, las dos caras de la misma moneda desgastada.
El reloj del juzgado, austero y funcional, seguirá marcando las horas de un mayo judicial que ya se ha ganado un lugar en los manuales de derecho procesal. Marchena escribe, Villarejo se opera, Camacho recurre, y mientras tanto la opinión pública española asiste a un espectáculo tripartito que mezcla narcotráfico de influencias políticas, espionaje parapolicial y presuntas irregularidades universitarias en un cóctel que ningún guionista de ficción habría sido capaz de diseñar con tanto detalle. La justicia, dicen los clásicos, tarda pero llega. En España, este mayo, la justicia no solo tarda: compite consigo misma en tres carreras simultáneas cuyos ganadores nadie se atreve a pronosticar.
