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La quinta semana del juicio Kitchen sumerge a la Audiencia Nacional en las grabaciones de Villarejo de noviembre de dos mil diecisiete mientras la defensa cuestiona la cadena de custodia de las pruebas y Peinado mantiene su insistencia en llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular pese a la oposición de la Fiscalía en un doble frente judicial que obliga a los partidos a litigar simultáneamente en dos salas distintas sobre dos tramas de corrupción que pertenecen a épocas diferentes pero comparten un denominador común: el uso del poder para fines ajenos al interés público

La fase documental del caso Kitchen aborda las grabaciones de Villarejo de noviembre de 2017. La defensa de los acusados cuestiona la cadena de custodia del material incautado. El juez Peinado insiste en el juicio por jurado para Begoña Gómez. Fernández Díaz y Cospedal pendientes de que sus testimonios sean valorados.

Por Redacción de El Hemiciclo· Madrid·
22 min de lectura
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Los tribunales españoles mantienen esta tarde de viernes un doble pulso judicial que obliga a periodistas, abogados y opinión pública a repartir su atención entre dos salas de justicia situadas a pocos kilómetros de distancia en Madrid pero separadas por décadas de historia política. En la Audiencia Nacional, la quinta semana del juicio por la operación Kitchen — el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas mediante fondos reservados del Ministerio del Interior — ha entrado de lleno en la fase documental con el análisis de las grabaciones realizadas por el comisario José Manuel Villarejo en noviembre de dos mil diecisiete, unas cintas cuyo contenido, según fuentes de la acusación popular, «podría vincular directamente a la cúpula del Ministerio del Interior del gobierno de Rajoy con la orden de destruir pruebas comprometedoras para el Partido Popular».

La Audiencia Nacional afrontó esta semana la quinta jornada del juicio por el caso Kitchen con la reproducción de grabaciones atribuidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo y datadas en noviembre de 2017, mientras la defensa de los acusados planteó objeciones formales sobre la cadena de custodia del material probatorio incautado. En paralelo, el juez instructor Juan Carlos Peinado mantuvo en otro juzgado su posición de someter a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular, en contra del criterio de la Fiscalía, configurando un doble frente judicial que obligó a distintas formaciones políticas a comparecer de manera simultánea en dos salas de la misma semana.

La fase documental y las grabaciones de Villarejo

La sesión de esta semana marcó el inicio de la fase documental del juicio oral, la etapa en la que las partes someten al tribunal el material que sustenta sus respectivas tesis. El elemento central fueron las grabaciones de noviembre de 2017 vinculadas a Villarejo, cuyo contenido el tribunal está analizando en relación con los hechos objeto de acusación. Esta fase documental es, en los procesos penales complejos, el momento en que los elementos de convicción adquieren mayor peso ante el órgano juzgador, al someterse a contradicción directa entre acusación y defensa.

La cadena de custodia, eje de la estrategia defensiva

La defensa de los acusados orientó su intervención hacia la impugnación de la cadena de custodia del material probatorio. Este concepto jurídico-procesal alude al conjunto de garantías que deben acreditarse para demostrar que una evidencia no ha sido alterada, manipulada ni sustituida desde su obtención hasta su presentación en juicio. Cuando la cadena de custodia se cuestiona con éxito, el tribunal puede excluir la prueba o restarle valor. La estrategia no es nueva en causas de alta complejidad policial y judicial: en procesos anteriores relacionados con el entorno de Villarejo, la procedencia y el tratamiento del material incautado ya fueron objeto de controversia procesal.

Fernández Díaz y Cospedal, a la espera de valoración

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal permanecen en una posición procesal de expectativa: sus testimonios, ya prestados ante el tribunal, aguardan a ser ponderados en la valoración conjunta de la prueba. Ambos figuran en el núcleo de una causa que investiga si el aparato policial del Estado fue utilizado, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas con el fin de recuperar documentación comprometedora para el partido. El caso Kitchen es, en esencia, una causa sobre la presunta instrumentalización de medios públicos de seguridad para fines de interés privado o partidista.

El juez Peinado y el juicio por jurado para Begoña Gómez

Mientras el juicio Kitchen avanzaba en su quinta semana, el juez Peinado sostuvo en sede separada su criterio de encauzar el proceso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ante un jurado popular, figura prevista en la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado para determinadas categorías de delitos. La Fiscalía se opone a esta fórmula. La divergencia entre el instructor y el Ministerio Público sobre el cauce procesal aplicable introduce un elemento de tensión institucional que deberá resolverse por vía de recurso o resolución superior antes de que el procedimiento avance hacia el juicio oral.

Un doble frente que presiona a los partidos

La coincidencia temporal de ambas causas en la agenda judicial de esta semana impuso a los partidos implicados la necesidad de gestionar dos frentes procesales de forma simultánea. El caso Kitchen corresponde a hechos que se sitúan en el ciclo de gobierno del PP entre 2013 y 2016, según la acusación. El caso Begoña Gómez se refiere a hechos presuntamente vinculados al actual período de gobierno del PSOE. Aunque pertenecen a legislaturas distintas y a formaciones políticas diferentes, el denominador analítico que el tribunal deberá despejar en cada causa es el mismo: si el poder institucional o su entorno fue utilizado con fines ajenos al interés general.

Contexto: qué es el caso Kitchen

El caso Kitchen toma su nombre de la operación policial que, según la acusación, fue diseñada para infiltrar a un confidente —el chófer de Bárcenas— en el entorno del extesorero y sustraer documentación. La instrucción, concluida antes del juicio oral ahora en curso, identificó como presuntos responsables a mandos policiales y a responsables políticos del Ministerio del Interior. Es una de las causas de mayor calado institucional abiertas en España en los últimos años por implicar, si se acreditan los hechos, la subordinación de la Policía Nacional a intereses ajenos a la persecución del delito.

Prospectiva: claves de las próximas semanas

El desarrollo del juicio Kitchen dependerá, en las próximas sesiones, de cómo resuelva el tribunal las impugnaciones sobre la cadena de custodia y del peso que atribuya a las grabaciones de Villarejo una vez sometidas a debate contradictorio. En el frente paralelo, la posición de la Fiscalía frente al juez Peinado condicionará el itinerario procesal del caso Begoña Gómez. Ambas causas comparten un horizonte incierto en cuanto a plazos, dado que los procedimientos ante la Audiencia Nacional y ante los juzgados de instrucción de Madrid pueden prolongarse mediante recursos antes de alcanzar resolución definitiva.

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