La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría declaró durante tres horas y cuarenta minutos ante el tribunal que juzga la operación Kitchen y respondió «no recuerdo» a 17 de las 34 preguntas que le formuló la Fiscalía sobre la trama policial que sustrajo documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas. La acusación pública le confrontó con tres actas de reuniones interministeriales en las que se discutió «la situación Bárcenas» y que, según la Fiscalía, acreditan que la operación se dirigió desde el Ministerio del Interior, departamento bajo su supervisión como vicepresidenta. Sáenz de Santamaría negó cualquier conocimiento de los hechos y atribuyó la responsabilidad exclusiva al comisario José Manuel Villarejo.
Por qué importa esta declaración
La declaración de Sáenz de Santamaría es la de mayor rango institucional en lo que va de juicio y tiene una relevancia procesal directa: si el tribunal aprecia que la operación Kitchen fue ordenada o tolerada desde la cúpula del Gobierno —y no exclusivamente ejecutada por mandos policiales— el perímetro de responsabilidad penal se ampliaría más allá de los investigados de perfil operativo. La vicepresidencia del Gobierno coordina, entre otras funciones, la acción de los ministerios del ramo de seguridad, lo que sitúa a Sáenz de Santamaría en el nudo institucional que la acusación trata de acreditar.
La estrategia de defensa y el choque con las actas
La defensa de la exvicepresidenta descansó sobre dos pilares: la negación de conocimiento y la individualización de la responsabilidad en Villarejo, comisario ya condenado en otras causas y figura central de esta operación. Sin embargo, la Fiscalía contrarrestó esa estrategia presentando tres actas de reuniones interministeriales en las que, según la acusación, consta que la llamada «situación Bárcenas» fue objeto de deliberación a nivel de coordinación de gobierno. La existencia de esas actas —documentos oficiales con registro y fecha— convierte el «no recuerdo» en un argumento de defensa sometido a contraste documental directo, lo que eleva la carga argumentativa sobre la exvicepresidenta.
La distribución de los «no recuerdo»
La Fiscalía subrayó ante el tribunal que las lagunas de memoria de Sáenz de Santamaría no se distribuyen de forma homogénea entre las 34 preguntas formuladas, sino que afectan de manera selectiva a aquellos extremos que la vincularían con el conocimiento o la supervisión de la operación. Ese patrón, señaló la acusación, resulta difícil de sostener frente a la documentación aportada. La exvicepresidenta no negó la autenticidad de las actas, sino que insistió en que su presencia en reuniones en las que se trató la situación de Bárcenas no equivale a conocimiento ni mucho menos a autorización de una operación policial irregular.
Qué es la operación Kitchen y quién está en el banquillo
La operación Kitchen es el nombre con el que se conoce a la trama policial que, según la acusación, utilizó fondos reservados del Ministerio del Interior para pagar a personas del entorno de Bárcenas —incluido su chófer— con el fin de sustraer documentos y soportes informáticos que el extesorero del PP podría haber utilizado como palanca frente al partido o ante los tribunales. El juicio, que atraviesa su cuarta semana, se sigue ante la Audiencia Nacional e incluye entre los acusados al propio Villarejo y a varios exmandos policiales. Los fondos reservados son partidas presupuestarias de uso discrecional y sin justificación pública detallada, cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior y cuyo control parlamentario es limitado por su propia naturaleza.
El contexto del caso Bárcenas
El trasfondo del caso remite a la crisis que vivió el Partido Popular cuando se hizo pública la existencia de una contabilidad paralela atribuida a Bárcenas, quien había sido senador y tesorero del partido. Bárcenas fue condenado en la pieza principal del caso Gürtel. La Kitchen se investiga como una operación destinada a neutralizar el riesgo que ese material documental suponía para la dirección del PP en un momento de máxima exposición judicial y política del partido, que gobernaba con mayoría absoluta bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Sáenz de Santamaría era entonces vicepresidenta, portavoz y coordinadora de los ministerios de seguridad.
Posición de las partes
La Fiscalía sostiene que las actas acreditan que la dirección política conocía y orientaba las actuaciones relacionadas con Bárcenas, y que atribuir todo a la iniciativa de Villarejo resulta incompatible con la documentación obrante en la causa. La defensa de Sáenz de Santamaría mantiene que conocer la existencia de un problema político relacionado con Bárcenas no implica conocimiento de una operación policial ilegal, y que la responsabilidad de eventuales excesos operativos corresponde a quienes los ejecutaron. Villarejo, por su parte, ha sostenido en distintas fases del procedimiento que actuó bajo cobertura y con conocimiento de sus superiores, aunque sus declaraciones han variado a lo largo del proceso.
Qué queda por dilucidar
El tribunal deberá valorar si la cadena documental aportada por la Fiscalía —en particular las tres actas de reuniones interministeriales— es suficiente para establecer un nexo de conocimiento o dirección entre la cúpula política y la operación policial, o si, por el contrario, esa documentación refleja únicamente la gestión política de una crisis y no la autorización de métodos ilegales. La declaración de Sáenz de Santamaría en la cuarta semana del juicio no cierra ninguna de esas preguntas; las hace más visibles.
