El litigio se remonta a la decisión de la junta, el año pasado, de rebautizar la institución como "Trump-Kennedy Center", movimiento que el juez Christopher Cooper ya había anulado en un fallo previo. Los trabajadores retiraron el nombre de la fachada en junio, pero los andamios y las lonas de obra permanecieron colocados desde entonces, una imagen que precedió la reactivación de la disputa por el nombre.
El mes pasado, la junta intentó sortear esa orden con una fórmula distinta: instalar un nuevo letrero que dijera "Renovado y restaurado por el presidente Donald J. Trump". Cooper consideró este martes que ese plan violaba directamente su resolución anterior y cerró el margen para reintroducir el nombre del mandatario por la vía de un rótulo conmemorativo.
"En pocas palabras, la junta no puede instalar memoriales para el presidente Trump ni para nadie ni nada más en el Kennedy Center sin la aprobación del Congreso", escribió el juez Christopher Cooper en su decisión.
Bancarrota y déficit de 23 mdd
El trasfondo financiero de la disputa es tan relevante como el litigio sobre el nombre. De acuerdo con documentos que trascendieron el fin de semana y reportó The Washington Post, la propia junta advirtió que el centro podría quedarse sin capacidad para pagar la nómina o los contratos rutinarios de mantenimiento en cuestión de semanas. La recaudación proyectada para el ejercicio fiscal era de 220 mdd, pero solo se alcanzaron 124 mdd, un boquete de aproximadamente 23 mdd pese a recortes de gasto ya aplicados.
A esa fragilidad presupuestal se sumó un incidente físico: una fuerte tormenta a principios de este mes provocó el desprendimiento de una sección de yeso del techo en el Gran Vestíbulo, que cayó unos 18 metros, según el mismo reporte. La junta invoca ese deterioro estructural como justificación adicional para el cierre de emergencia que aprobó este martes.
Trump confirmó la decisión en un mensaje publicado en su red Truth Social, en el que precisó que el cierre operará de inmediato, aunque las obras de renovación quedan supeditadas al desenlace judicial sobre el uso de su nombre en el inmueble.
"La Junta Directiva del Centro Kennedy acordó hoy, casi por unanimidad, cerrar el edificio por motivos de seguridad y para poder iniciar el proceso de reconstrucción", escribió Donald Trump en Truth Social.
Un memorial viviente desde 1971
El Centro Kennedy, inaugurado en 1971 como memorial viviente al presidente asesinado en 1963, ha funcionado históricamente como una institución cultural independiente de la Casa Blanca, financiada con una combinación de fondos federales y donaciones privadas, y gobernada por una junta cuyos integrantes se designaban con relativa continuidad entre administraciones. El intento de imponer el apellido de un presidente en funciones sobre ese nombre rompe con una tradición de más de medio siglo sin que ningún mandatario hubiera intentado algo semejante.
La junta sostiene además que perder la asociación con el nombre de Trump privaría al centro de un activo clave para levantar los fondos necesarios y superar la crisis de solvencia, un argumento que enlaza el litigio jurídico con la supervivencia económica de la institución. El deterioro de la imagen pública del recinto se refleja en la caída de asistencia: medios televisivos estadounidenses han señalado que la venta de boletos se ubica en sus niveles más bajos desde la pandemia de covid, tras la cancelación de una serie de conciertos por parte de artistas que rechazaron la nueva dirección.
El episodio se inscribe en una controversia más amplia sobre el uso del nombre y la imagen de Trump en instituciones y espacios públicos, un patrón que ha generado litigios durante su gestión, en un ambiente político marcado también por otros episodios de alto perfil, como el que retomó recientemente el propio mandatario al atribuir a un "complot de los demócratas" el atentado que sufrió en Butler en 2024.
El marco que ampara el fallo de Cooper remite a la naturaleza semipública del Centro Kennedy: aunque su junta directiva es nombrada por la presidencia, cualquier alteración permanente de su denominación oficial o la instalación de memoriales requiere, según el juez, el aval expreso del Congreso de Estados Unidos, un contrapeso que la junta trató de eludir primero con el cambio de nombre y después con el letrero conmemorativo.
La votación de la junta para cerrar el edificio principal se produjo este martes, el mismo día del fallo judicial. Cooper no fijó plazo para una decisión definitiva sobre el fondo del caso, por lo que el futuro inmediato del recinto depende tanto de la resolución judicial pendiente como de la capacidad de la junta para sostener financieramente la operación durante el cierre.