Martínez precisó que el coste de 15 o 16 euros la hora no equivale al salario neto que percibe el trabajador —que, según indicó, rondaría los 11 o 12 euros—, sino a lo que asume la empresa por cada hora trabajada, una vez sumadas cotizaciones y cargas asociadas a la contratación. «Competimos en desigualdad de condiciones, sobre todo laborales», sostuvo el agricultor, para quien ningún productor puede competir con salarios de 5 o 6 euros diarios. A su juicio, ese desequilibrio constituye el principal obstáculo que enfrenta hoy la producción citrícola española frente a la fruta procedente de fuera de la Unión.
El agricultor enmarcó esa diferencia salarial dentro de lo que denominó competencia desleal de países extracomunitarios: España y el resto de la Unión Europea exigen a sus agricultores unas condiciones laborales y medioambientales que otros países no cumplen, aunque vendan sus productos en los mismos mercados. Relacionó ese desequilibrio con episodios de crisis de precios en los que, cuando la entrada de fruta más barata hunde la cotización, algunos productores dejan naranjas sin recoger porque el coste de la recolección supera el precio de venta en origen.
Del coste laboral a los residuos fitosanitarios
Martínez atribuyó buena parte de esa desventaja a las normas sobre productos fitosanitarios. Según expuso en la entrevista, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) prohíbe en el territorio comunitario determinadas sustancias activas que sí emplean países exportadores no comunitarios, cuya fruta llega después a los supermercados españoles sin controles adicionales específicos. Aseguró que «nunca ha escuchado» que las asociaciones del sector adviertan públicamente sobre esos productos, pese a que, según indicó, algunas de las sustancias empleadas fuera de la Unión han sido calificadas como cancerígenas.
La EFSA es el organismo de la Unión Europea encargado de evaluar los riesgos de la cadena alimentaria y de fijar los límites máximos de residuos permitidos en los alimentos, tanto de producción comunitaria como importados. Esos controles se rigen por el Reglamento (CE) 396/2005, que establece los límites máximos aplicables a la fruta que entra en el mercado interior. Las organizaciones agrarias españolas —Asaja, COAG y UPA— han denunciado de forma reiterada que la proporción de controles físicos en frontera resulta reducida respecto al volumen total de importaciones.
La reivindicación que formula Martínez coincide con la de esas organizaciones, que desde hace años reclaman a la Comisión Europea la aplicación de la llamada «cláusula espejo»: exigir a los productos importados desde fuera de la Unión los mismos estándares laborales, fitosanitarios y medioambientales impuestos a los agricultores comunitarios. El Parlamento Europeo ha abordado esta cuestión en el marco de la revisión de la Política Agraria Común y de los acuerdos comerciales, sin que hasta la fecha exista un mecanismo vinculante que iguale esas condiciones de forma generalizada.
Consumidor, fondos de inversión y gran distribución
Martínez extendió parte de la responsabilidad al consumidor final, al que atribuyó una búsqueda de precios bajos difícil de compatibilizar con el mantenimiento de salarios dignos en origen. Consideró que esa exigencia resulta incompatible con sostener retribuciones adecuadas y que «alguien termina pagando la diferencia». Esa tensión entre precio y coste de producción fue uno de los argumentos centrales de las protestas de agricultores registradas en Bruselas y en distintas capitales europeas durante 2024.
El agricultor valenciano señaló además a grandes corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión, a los que acusó de financiar proyectos agrícolas en terceros países —citó como ejemplo cultivos de algarroba destinados a producir harina a bajo coste— sin contribuir, según su versión, a mejorar las condiciones salariales de esos países, porque su interés sería mantener la mano de obra barata. Se trata de una valoración personal del entrevistado, que no aportó datos concretos sobre inversiones específicas ni identificó a las empresas o fondos aludidos, que no han tenido ocasión de pronunciarse.
El debate se inscribe en un contexto comercial más amplio, marcado por el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, cuya ratificación sigue pendiente. Ese acuerdo ha sido rechazado por organizaciones agrarias de varios países europeos, entre ellos Francia y España, por el temor a la entrada de productos agrícolas elaborados con estándares laborales y medioambientales menos exigentes que los comunitarios.
La Comisión Europea ha defendido en distintas ocasiones que sus acuerdos comerciales incluyen cláusulas de sostenibilidad y salvaguardias para productos sensibles, entre ellos los cítricos, mientras las organizaciones agrarias españolas replican que esos mecanismos resultan insuficientes o de aplicación tardía frente a caídas súbitas de precios. El sector citrícola valenciano, que concentra buena parte de la producción de naranjas y mandarinas de España, ha reclamado estudios de impacto previos a la firma de nuevos acuerdos con terceros países productores.
El fenómeno del abandono de cosecha por precios bajos no es exclusivo de España: se ha observado también en Italia y Grecia, los otros grandes productores mediterráneos de cítricos de la Unión. La discrepancia de fondo enfrenta a quienes reclaman condiciones equivalentes para las importaciones con quienes defienden que las exigencias ambientales y laborales internas, recogidas en la Estrategia «De la Granja a la Mesa», son un estándar irrenunciable del modelo agrícola europeo.
El testimonio de Martínez, agricultor profesional en Pedralba, se suma así a una discusión estructural que continuará abierta en dos frentes con calendario definido: las negociaciones sobre la Política Agraria Común posterior a 2027 y la tramitación final del acuerdo con Mercosur, cuya ratificación por los Estados miembros y por el Parlamento Europeo sigue sin fecha cerrada.
