Bajo el sistema vigente en Italia, cuando un adolescente de entre 14 y 17 años comete un delito, corresponde al juez evaluar caso por caso si el menor tenía capacidad de comprensión y decisión al momento de los hechos. El proyecto aprobado por el gabinete de Meloni invertiría esa lógica: introduciría una presunción refutable de responsabilidad penal, de modo que se asumiría que el menor comprendía el alcance de sus actos, salvo que se demuestre lo contrario ante el tribunal.
La primera ministra italiana defendió la medida en un video difundido en sus redes sociales. "Quienes cometen errores deben rendir cuentas por sus actos. Incluso si son menores de edad. Quienes agreden, roban o causan daños deben pagar siempre, incluso si tienen 15 o 16 años", afirmó Meloni, quien encabeza una coalición de derecha en el poder desde octubre de 2022.
La jefa de gobierno italiana señaló que la reforma "se dirige principalmente a aquellos que se creen intocables y explotan a menores como mano de obra para sus propios negocios, pero también sirve para castigar a aquellos chicos que piensan que pueden hacer lo que quieran porque saben que no les pasará nada". El planteamiento apunta a organizaciones criminales que reclutarían adolescentes por la menor severidad de las penas que estos enfrentan.
La iniciativa se inserta en una política de seguridad más amplia impulsada por el ejecutivo italiano contra las llamadas bandas 'Maranza', grupos juveniles asociados a episodios de violencia callejera en distintas ciudades. El 5 de febrero, el Consejo de Ministros ya había aprobado un decreto de seguridad —convalidado por la Cámara de Diputados italiana en abril— que castiga con prisión de entre seis meses y tres años portar en la vía pública, sin justificación, cuchillos de al menos ocho centímetros.
Reparos de Unicef y del marco internacional
La propuesta despertó críticas de organizaciones dedicadas a la defensa de la infancia. Nicola Graziano, presidente de Unicef Italia, expresó "gran preocupación" por la iniciativa y sostuvo que cualquier medida dirigida a menores debe priorizar su bienestar y desarrollo, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que Italia, al igual que México, ha ratificado.
Unicef Italia recordó que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha defendido que la responsabilidad penal de los adolescentes debe determinarse mediante una evaluación individual de madurez psicológica y emocional, y no a través de una presunción general aplicable a todo un rango de edad. La organización advirtió también que la delincuencia juvenil está vinculada a problemas estructurales —abandono escolar, falta de espacios deportivos y culturales, ausencia de redes familiares y comunitarias— que no se resuelven únicamente con el endurecimiento punitivo.
Frente a esos señalamientos, el gobierno de Meloni ha respondido que su estrategia de seguridad busca ofrecer una respuesta firme ante hechos delictivos concretos, mientras que sectores de oposición y organizaciones civiles sostienen que la política privilegia el reforzamiento de sanciones judiciales por encima de políticas sociales de prevención, con los adolescentes como uno de los nuevos focos de la agenda de seguridad del ejecutivo.
Eco en el debate mexicano
El caso italiano se sigue con atención en círculos legislativos mexicanos porque toca un debate que también atraviesa al Congreso de la Unión: cómo endurecer la respuesta penal frente a la participación de menores en estructuras delictivas sin vulnerar los estándares internacionales de justicia para adolescentes que México ha suscrito. En el país opera la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, vigente desde 2016, que establece un sistema de responsabilidad diferenciado para menores de entre 12 y 18 años y privilegia, al menos en su diseño normativo, medidas de reinserción sobre el internamiento.
Legisladores de distintas bancadas han presentado en periodos ordinarios previos iniciativas para endurecer sanciones a adolescentes vinculados con el crimen organizado, sin que hayan prosperado ante el peso del marco de protección de derechos de la niñez consagrado en el artículo 4o. constitucional, que obliga al Estado a velar por el interés superior de la niñez en todas sus decisiones. El paralelismo ilustra una tensión común: la presión por respuestas punitivas frente a la violencia juvenil y los límites que imponen los tratados internacionales.
El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros italiano deberá pasar ahora por ambas cámaras del Parlamento —la Cámara de Diputados y el Senado de la República—, donde podría sufrir modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva. No existe, por el momento, un calendario público para su discusión, y organizaciones como Unicef Italia han anunciado que continuarán su labor de incidencia durante el proceso parlamentario.