Canal Once, dependiente del IPN, inició transmisiones el 2 de marzo de 1959 y es considerada la televisora pública decana de América Latina. A lo largo de 67 años ha construido un archivo audiovisual que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha reconocido en dos ocasiones con su máximo galardón a televisoras educativas y culturales, además de otras distinciones como el Premio Nacional de Periodismo y los galardones Promax y BDA Latinoamérica.
El acervo incluye materiales de valor histórico único: la clase de matemáticas con la que la señal inició transmisiones en 1959, las emisiones de "Hoy en la Cultura" —considerado el primer programa cultural de la televisión mexicana— y el archivo audiovisual de la periodista y escritora Cristina Pacheco, inscrito por la UNESCO en el Registro Memoria del Mundo de México por su valor documental.
Entre los materiales resguardados figura también la cobertura de episodios centrales de la vida nacional: el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, el caso Fobaproa, el movimiento estudiantil de 1968, los hechos de Atenco y el surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán, además de coberturas de procesos electorales federales a lo largo de varias décadas.
De acuerdo con el IPN, la permanencia de los paristas en las instalaciones ha impedido que el personal técnico realice tareas cotidianas de monitoreo y mantenimiento indispensables para la conservación de materiales audiovisuales, que por su naturaleza requieren condiciones específicas de resguardo y digitalización continua para evitar su deterioro.
Pronunciamientos de escritores y periodistas
La controversia ha generado pronunciamientos de escritores, cronistas y especialistas en digitalización de archivos vinculados a la vida cultural del país. El escritor Fabrizio Mejía Madrid cuestionó la ocupación de un medio público en un texto citado por el instituto: "No recuerdo movimiento social alguno que haya tomado un medio de comunicación para no usarlo y, en cambio, sí destruirlo", escribió.
El periodista Pedro Miguel también manifestó preocupación por el resguardo del archivo histórico de la emisora. "Este acervo que está en riesgo son 67 años de historia nacional que tiene una importancia fundamental para el país y el hecho de no poder ingresar al mismo implica que no se puede preservar como se debiera lo que es un discurso de la nación", señaló, de acuerdo con el comunicado del IPN.
La ocupación de Canal Once se enmarca en un movimiento estudiantil que ha derivado en tomas y paros en distintas escuelas del Politécnico. En la Escuela Superior de Economía, la mayoría estudiantil votó recientemente reanudar actividades tras el paro, mientras el instituto y representantes estudiantiles instalaron una ruta de negociación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), con cuatro mesas de trabajo para atender las demandas. La situación específica de Canal Once, sin embargo, no ha sido resuelta.
El instituto no ha precisado si existen daños materiales confirmados en el acervo o si la advertencia responde al riesgo derivado de la imposibilidad de acceso, distinción relevante para dimensionar el alcance real de la afectación. Tampoco ha trascendido una postura pública de los paristas que ocupan las instalaciones sobre el señalamiento del IPN respecto al riesgo para el patrimonio documental.
El caso no es el primero en que un acervo audiovisual público mexicano enfrenta riesgos por conflictos institucionales: archivos de instituciones culturales del país han sufrido pérdidas parciales en el pasado por falta de recursos para digitalización, cambios administrativos o siniestros, lo que ha llevado a especialistas en archivística a insistir en protocolos de resguardo independientes de la coyuntura de cada institución.
La Ley General de Archivos, vigente desde 2018, establece obligaciones para las instituciones públicas respecto a la conservación de documentos de valor histórico, pero no contempla de manera específica escenarios de ocupación de instalaciones como el que enfrenta Canal Once, lo que deja en un terreno ambiguo la responsabilidad inmediata sobre la preservación del acervo mientras dure la toma.
El desenlace dependerá de los avances en las mesas de negociación entre el IPN, la SEP y los representantes estudiantiles, así como de que se logre un acuerdo específico para permitir el acceso del personal técnico a las instalaciones sin que necesariamente concluya la totalidad del movimiento. Por lo pronto, el IPN ha optado por hacer pública su preocupación como vía para destrabar el acceso al acervo.