Gutiérrez detalló que, al acudir al domicilio señalado en el reporte anónimo, las autoridades encontraron que la menor ya había sido trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permanece internada. El propio funcionario indicó que la madre de la niña había presentado previamente una denuncia ante la Fiscalía estatal, instancia que confirmó, según sus palabras, que la menor "había sido violentada".
El procurador precisó que por el momento no existe una persona señalada formalmente como responsable, aunque las autoridades manejan dos posibles sospechosos: el padrastro de la menor, quien acudió a la Fiscalía a rendir su declaración, y un tío de la niña. Ninguno de los dos ha sido presentado ante un juez de control ni existe, con la información disponible, vinculación a proceso en su contra. "Estamos viendo la situación médica y psicológica y si es necesario en un momento dado resguardar a la niña, lo vamos a hacer; ahorita lo importante es que la niña esté bien y será la Fiscalía la que determine al responsable", declaró Gutiérrez.
El IMSS informó, mediante un comunicado, que desde el ingreso de la menor al Hospital número 13 recibió atención médica especializada y que, derivado de la valoración clínica, se activaron los protocolos institucionales y se dio aviso de inmediato a las autoridades, tal como lo solicitó la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes. Esa unidad de la Fiscalía tamaulipeca será la instancia encargada de conducir la investigación, que en esta etapa se encuentra en fase de integración de carpeta, es decir, antes de cualquier judicialización o solicitud de orden de aprehensión ante un juez de control.
Marco legal: un embarazo a esa edad es, por definición, resultado de un delito
El caso se inscribe en un marco jurídico inequívoco: los embarazos en niñas menores de 14 años son, por definición legal, resultado de un delito. El Código Penal Federal y los códigos penales estatales —incluido el de Tamaulipas— establecen que ninguna persona menor de esa edad puede otorgar consentimiento válido para una relación sexual, con independencia del vínculo con el agresor. En esos supuestos, la conducta se encuadra en delitos como violación equiparada o abuso sexual infantil, según los elementos que recabe el Ministerio Público.
Bajo el sistema penal acusatorio vigente en todo el país desde 2016, el procedimiento contempla que, una vez reunidos los elementos de prueba —peritajes médicos, psicológicos y, en su caso, pruebas genéticas para determinar la paternidad—, el Ministerio Público puede solicitar la judicialización del caso y, de cumplirse los requisitos del artículo 19 constitucional, pedir la vinculación a proceso de la persona señalada como probable responsable. La actuación debe salvaguardar en todo momento el interés superior de la niñez, principio consagrado en el artículo 4º constitucional y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La prueba de ADN al momento del nacimiento suele resultar determinante para identificar al agresor cuando existe más de un sospechoso, como ocurre en este expediente, en el que las autoridades no han descartado a ninguno de los dos familiares señalados hasta ahora. Hasta el momento, ni el padrastro ni el tío de la menor han sido señalados públicamente como imputados, y las autoridades han evitado adelantar el sentido de la indagatoria mientras continúan las diligencias periciales y las entrevistas con la familia.
El fenómeno de los embarazos en menores de 14 años ha sido documentado de manera recurrente por autoridades de salud y organizaciones civiles en México, que lo vinculan con abuso sexual, en muchos casos en el entorno intrafamiliar, dada la corta edad de las víctimas. Las estadísticas de natalidad que integra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registran cada año nacimientos de madres en el rango de 10 a 14 años, un indicador que las fiscalías estatales asocian de forma sistemática con conductas delictivas.
La atención institucional del caso descansa en dos vías paralelas. Por un lado, la sanitaria, a cargo del IMSS, que activó sus protocolos de detección y aviso a la autoridad ministerial desde el ingreso hospitalario. Por otro, la de protección, en manos del DIF, que —según anticipó Gutiérrez— podría resguardar a la menor de resultar necesario, conforme a las medidas de protección previstas para la infancia.
La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas no ha fijado una fecha para presentar avances formales del caso. Conforme concluyan los estudios médicos y periciales en curso, el Ministerio Público deberá definir si existen elementos suficientes para ejercer acción penal contra alguno de los sospechosos identificados y, en su caso, solicitar su judicialización ante un juez de control.