El reporte de la DGI, correspondiente al cierre de junio, es uno de los principales termómetros con los que el Estado mide el pulso de sus finanzas a mitad de año. Los ingresos tributarios financian buena parte de la planilla estatal, las inversiones públicas y el pago de compromisos contractuales que, en última instancia, deben contar con el refrendo del contralor general antes de ejecutarse.
La lectura del semestre admite dos capas. Por un lado, la recaudación creció frente a 2025, lo que apunta a cierta reactivación del consumo interno. Por otro, la brecha con la meta oficial —que ronda el 13% de lo proyectado— reafirma un patrón que se ha repetido en administraciones recientes: presupuestos elaborados sobre supuestos de crecimiento que luego no se materializan en la misma magnitud.
El motor fue el consumo, no la renta
El desglose del informe muestra que el impulso provino sobre todo de los impuestos indirectos, es decir, los que gravan el consumo de bienes y servicios. Este grupo recaudó $1,402.8 millones, un salto de 11.7% frente al primer semestre de 2025, muy por encima del avance de los tributos directos. Dentro de ellos, el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms) sobre las ventas —la tasa del 7% que pagan los consumidores al comprar ropa, calzado, comida en restaurantes o entradas de cine, entre otros bienes gravados— aportó $562.2 millones, la partida individual más relevante del bloque.
También destacó el impuesto al consumo de combustible, que no solo cumplió sino que superó su meta de $57 millones al llegar a $88.4 millones, y los impuestos selectivos al consumo, que se ubicaron en $224 millones, igualmente por encima de lo proyectado. Ambos rubros apuntan a un nivel de actividad comercial y de transporte más dinámico de lo previsto en el diseño presupuestario original.
En contraste, los impuestos directos —encabezados por el impuesto sobre la renta aplicado a personas naturales y jurídicas— avanzaron apenas 2%, hasta $1,988.5 millones, un incremento de $39.7 millones frente al mismo período de 2025. El informe de la DGI precisa que el impuesto sobre la renta de personas naturales mostró menor dinamismo, mientras que el impuesto de inmuebles y el seguro educativo sí registraron aumentos.
Esta disparidad entre los impuestos al consumo y los que gravan la renta y las utilidades empresariales es relevante porque estos últimos suelen considerarse un mejor indicador de la salud estructural de la economía, al estar más ligados a las ganancias de las empresas y a los ingresos formales de los trabajadores, y no únicamente al gasto cotidiano de los hogares.
Los ingresos corrientes del Estado —que agrupan la recaudación tributaria junto con tasas, derechos y otros aportes— sumaron $4,140.1 millones al cierre del primer semestre, de los cuales $3,391.3 millones correspondieron estrictamente a impuestos. Esa proporción confirma que la recaudación tributaria sigue siendo, con amplio margen, la columna vertebral del financiamiento estatal, por encima de otras fuentes de ingreso no tributario.
Una brecha con precedentes
El incumplimiento de las metas de recaudación no es inédito en Panamá. En distintos ejercicios fiscales de la última década el país ha proyectado ingresos tributarios que luego no se concretaron en su totalidad, obligando al Órgano Ejecutivo a ajustar el gasto, recurrir a financiamiento adicional o revisar a la baja sus propias metas a mitad de año. El desplome de la actividad durante la pandemia en 2020, por ejemplo, forzó recortes significativos en el gasto público y una reprogramación de los ingresos esperados, mostrando la sensibilidad de la caja estatal al ciclo económico.
El comportamiento del semestre refleja, según el propio informe preliminar, que el crecimiento estuvo más asociado al consumo y la actividad comercial que a una expansión generalizada de todos los tributos, aunque los ingresos obtenidos todavía no alcanzaron las expectativas fijadas en el presupuesto nacional.
El faltante frente a la meta será previsiblemente objeto de análisis en las vistas presupuestarias que la Asamblea Nacional realiza con las autoridades del MEF cuando el Órgano Ejecutivo presenta el proyecto de presupuesto del siguiente ejercicio, instancia en la que diputados de distintas bancadas suelen cuestionar tanto el nivel de cumplimiento de las metas como los supuestos macroeconómicos que las sustentan. Entre los factores externos que inciden en la recaudación figuran los precios internacionales de las materias primas, el desempeño del comercio exterior y el ritmo de la actividad vinculada al Canal de Panamá, que escapan al control directo de la política fiscal doméstica.
De cara al segundo semestre, el MEF deberá decidir si mantiene la meta anual de recaudación o si la ajusta en función del comportamiento observado hasta junio, una decisión que suele plasmarse en el informe de ejecución presupuestaria de mitad de año y que condiciona el margen de maniobra del Órgano Ejecutivo para el gasto de inversión y el cumplimiento de compromisos ya contraídos, incluidos aquellos que requieren el refrendo de la Contraloría General de la República.