La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, reafirmó que la determinación de Rocha Moya fue personal, mientras que la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones morenista, Citlalli Hernández, precisó que la decisión no fue consultada ni dada a conocer previamente a la dirigencia. Ambas trazaron así una línea de separación entre el gobernador y los canales orgánicos del partido que lo llevó al poder.
El especialista en seguridad Raúl Benítez Manaut, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), calificó el episodio como «un acontecimiento inédito en la historia reciente de México» en entrevista con EL UNIVERSAL. A su juicio, Rocha Moya no informó de su regreso ni a la presidenta Claudia Sheinbaum, ni a la Secretaría de Gobernación, ni a la cúpula de su partido, actores que se pronunciaron por separado a lo largo de la jornada.
Benítez Manaut sostuvo que el mandatario retomó el puesto con el fin de recuperar el fuero que le brinda el cargo y evitar una posible captura. «Es un lastre para Morena y está la duda sobre qué hacer con él, debido a que regresó a su puesto y recuperó el fuero. En Sinaloa hay una situación de ingobernabilidad muy fuerte, porque él es gobernador y ahora no tiene apoyo de nadie», expresó el investigador.
Al recuperar el cargo, Rocha Moya vuelve a gozar del fuero constitucional que protege a los servidores públicos electos frente a procesos penales ordinarios mientras ejercen funciones. Conforme al Título Cuarto de la Constitución, el retiro de esa protección exige un procedimiento de declaración de procedencia —el desafuero— que, en el caso de un gobernador, corresponde tramitar al Congreso local. Sin ese paso, el mandatario conserva el blindaje jurídico inherente a su investidura.
Las y los 23 gobernadores emanados de Morena emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advirtieron que las decisiones personales «jamás estarán por encima» del proyecto político del partido y llamaron a Rocha Moya a «la madurez y la responsabilidad». El texto, sin exigir de manera expresa la renuncia, marcó distancia pública respecto del gobernador sinaloense.
Por su parte, las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República expresaron su respeto al Estado de derecho y al debido proceso, sin entrar a valorar la conducta del mandatario. Esa cautela institucional contrastó con los pronunciamientos más directos de la dirigencia nacional y de los gobernadores, y dejó entrever lecturas distintas sobre cómo administrar el caso de cara al calendario electoral.
El trasfondo del expediente se remonta a la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en territorio de EU y al homicidio del dirigente universitario Héctor Melesio Cuén Ojeda, hechos que colocaron bajo escrutinio de la FGR la relación entre el gobierno estatal y estructuras del crimen organizado, y que detonaron una escalada de violencia en la entidad. La licencia de 112 días que ahora concluye fue solicitada por el propio gobernador para comparecer ante las autoridades.
Benítez Manaut advirtió que este retorno constituye un desafío para el gobierno de México, para Morena y para las elecciones estatales del próximo año. Sinaloa renovará cargos en esos comicios, en los que el partido gobernante buscará refrendar el control territorial que ha mantenido en la entidad, un escenario que el investigador describió como de fragilidad política.
El deslinde de un partido gobernante respecto de uno de sus propios gobernadores en funciones carece de un precedente reciente comparable. En episodios anteriores de gobernadores señalados por vínculos con el crimen organizado —como los casos de Tomás Yarrington en Tamaulipas o Javier Duarte en Veracruz, ambos procesados años después de dejar el cargo—, las estructuras partidistas tendieron a cerrar filas o a diferir el distanciamiento hasta que las investigaciones avanzaron, a diferencia del rechazo público e inmediato registrado en esta ocasión.
El caso podría abordarse en la mañanera de los próximos días, dado el seguimiento que ha concitado entre la prensa acreditada en Palacio Nacional.
El desenlace dependerá en buena medida de los avances de la investigación de la FGR y de si llega a presentarse una solicitud de declaración de procedencia ante el Congreso de Sinaloa, procedimiento que requeriría el respaldo de la mayoría de las y los diputados locales. Mientras ese proceso no se active, Rocha Moya conservará la protección constitucional de su cargo, en un escenario que el especialista consultado califica de fragilidad política antes que de resolución jurídica inmediata.