De acuerdo con el aviso del DHS, la convocatoria para un contrato sin licitación podría publicarse a partir del viernes. El mecanismo de adjudicación directa —sin concurso público— es habitual en compras de equipamiento de seguridad que las agencias federales estadounidenses clasifican como urgentes, aunque suele generar cuestionamientos sobre transparencia y competencia entre proveedores.
El dispositivo se conoce comercialmente como G.L.O.V.E., siglas en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter (Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje). Lo fabrica Compliant Technologies LLC, empresa con sede en Lexington, Kentucky, que desde hace varios años coloca estos guantes entre cárceles y departamentos de policía locales en EU.
Según la compañía, el guante funciona como un equipo de patrulla convencional hasta que el agente activa un interruptor que habilita el modo eléctrico. Para generar el estímulo doloroso debe presionarse directamente sobre la piel de la persona, lo que —afirma el fabricante— permite controlar a un sospechoso en cuestión de segundos.
John Peters, presidente del Instituto para la Prevención de Muertes Bajo Custodia, quien estudia el uso del dispositivo, comparó su efecto con "un piquete de abeja": "Es inmediato y agudo, y te va a distraer", señaló. "Si el agente recibe cualquier tipo de resistencia, sin duda es una herramienta eficaz". A su juicio, la compra prevista por el ICE sería la mayor en la historia de Compliant Technologies, y contempló que los agentes la empleen para retirar a personas de autos y viviendas, así como en traslados hacia y desde centros de detención.
Peters añadió que el guante representaría "una gran ventaja para los agentes de menor estatura o más débiles o de mayor edad", al permitir derribar con rapidez a una persona y acortar el tiempo de una confrontación física.
El fabricante advierte, no obstante, que el dispositivo no debe emplearse como castigo ni contra personas que únicamente se muestren "beligerantes", así como tampoco contra población considerada de alto riesgo: niños, mujeres embarazadas, personas mayores o con alguna discapacidad.
Alarma entre organizaciones de derechos civiles
Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora del proyecto sobre labores policiales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés), sostuvo que el público no debería confiar en que los agentes del ICE utilizarán los dispositivos de manera adecuada. Cuestionó que sean necesarios para la aplicación civil de las leyes migratorias y advirtió que quienes reciban una descarga podrían no tener ninguna advertencia previa. "El ICE pasó el último año demostrándole a este país que recurre a la fuerza con demasiada rapidez", planteó.
Esos señalamientos no son aislados. La fiscalía de Nueva Jersey anunció en fechas recientes que investigará un centro de detención del ICE tras la muerte de migrantes bajo custodia, para revisar posibles abusos de autoridad. Desde su creación en 2003, tras la reorganización de agencias de seguridad posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, la corporación ha enfrentado litigios y reportes de organismos civiles por el trato a personas detenidas, particularmente durante los picos de deportaciones registrados en administraciones tanto demócratas como republicanas.
Consultado por The Associated Press, el DHS señaló que trabajaba en una respuesta y no ofreció comentarios sobre el proceso de adquisición. Jeff Niklaus, fundador y director ejecutivo de Compliant Technologies, escribió en un correo electrónico: "Lamentablemente, no podemos hablar sobre este tema".
Para México, la eventual incorporación de estos dispositivos tiene relevancia directa: buena parte de los operativos de detención y deportación de la agencia estadounidense involucra a personas de origen mexicano y centroamericano, y México figura históricamente como el principal país de origen de los migrantes removidos desde territorio estadounidense, según los reportes anuales del propio DHS.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no se ha pronunciado sobre este plan específico. La cancillería ha mantenido en los últimos años un canal de comunicación con autoridades estadounidenses para el seguimiento de las condiciones de detención de connacionales, en el marco de los convenios consulares bilaterales vigentes desde hace décadas.
De concretarse la compra, el uso de los guantes quedaría sujeto a los protocolos internos que el propio ICE establezca, ya que la normativa federal estadounidense sobre uso de fuerza en detenciones migratorias no contempla de manera específica este tipo de tecnología, un margen de interpretación que las organizaciones civiles ya señalan como un riesgo. El proceso de contratación, de avanzar conforme al calendario del DHS, definirá en las próximas semanas si el dispositivo llega a manos de los agentes antes de marzo de 2027.