Según el expediente judicial, la acusación sostiene que Huawei y algunas de sus filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a las sanciones estadounidenses, y que la compañía instaló equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009 en ese país. Los cargos incluyen además asociación ilícita y conspiración para apropiarse de secretos comerciales de empresas tecnológicas estadounidenses.
Los abogados de Huawei han intentado que el caso sea desestimado al alegar que las acusaciones son "imprecisas" y que los fiscales estadounidenses pretenden extender de manera indebida su jurisdicción a actividades desarrolladas en otros países. La empresa, con sede en Shenzhen, en el sur de China, se declaró no culpable de todos los cargos en marzo de 2020, según los archivos judiciales, frente a una acusación sustitutiva que amplió los delitos imputados.
El litigio recupera el episodio que enfrentó a Huawei con el Departamento de Justicia estadounidense en 2019, cuando los fiscales acusaron a la compañía de utilizar una filial no oficial con sede en Hong Kong, identificada como Skycom, para vender equipos a Irán en violación de las sanciones impuestas por Washington. La acusación se hizo pública ese año, durante el primer mandato de Donald Trump, y fue ampliada posteriormente.
El antecedente de Meng Wanzhou
El capítulo más mediático de esta disputa se abrió con la detención de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la compañía, arrestada en Canadá a finales de 2018 a petición de Estados Unidos por presuntamente engañar al banco HSBC sobre las operaciones de la empresa en Irán. Meng permaneció casi tres años bajo un proceso de extradición en territorio canadiense antes de regresar a China en 2021.
Aquella detención desató una crisis diplomática entre Pekín y Ottawa: el gobierno chino detuvo a dos ciudadanos canadienses que estuvieron encarcelados durante casi tres años acusados de espionaje. Al final, Washington retiró la solicitud de extradición y desestimó los cargos contra Meng, quien volvió a China, mientras que los dos canadienses fueron liberados. El episodio quedó como referencia de hasta dónde puede escalar un litigio corporativo cuando se cruza con la geopolítica entre potencias.
El caso llega en un momento de tensión sostenida entre Estados Unidos y China por el control de tecnología de punta. En los últimos años, Huawei ha sido objeto de restricciones impuestas por Washington que han limitado su acceso a chips y otras tecnologías avanzadas, lo que ha llevado a la compañía a reforzar su capacidad de fabricación de semiconductores, en línea con los esfuerzos de Pekín por reducir la dependencia tecnológica del exterior.
El proceso constituye un nuevo capítulo en la disputa entre Estados Unidos y la tecnológica china, que en los últimos años ha estado cada vez más en el punto de mira de Washington. La jueza Donnelly conducirá la selección del jurado como primer paso de un juicio que, de mantenerse los plazos estimados por la corte, se desarrollaría a lo largo de aproximadamente tres meses.
Para México, el caso resulta pertinente en la medida en que Huawei ha mantenido presencia comercial como proveedor de infraestructura de telecomunicaciones, un sector estratégico cuya regulación quedó reconfigurada tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el traslado de sus atribuciones a la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La relación entre proveedores tecnológicos extranjeros y los estándares de seguridad de sus socios comerciales, incluido Estados Unidos en el marco del T-MEC, forma parte del contexto que ponderan las autoridades del sector.
El desenlace en Nueva York podría tener repercusiones que trasciendan el ámbito judicial estadounidense, al perfilar el margen de acción de empresas chinas de telecomunicaciones en mercados occidentales y, por extensión, en países como México, donde distintas dependencias federales han utilizado equipo de proveedores asiáticos en proyectos de conectividad.
En las próximas semanas se definirá si la defensa de Huawei consigue que se admitan sus objeciones sobre la jurisdicción o si el proceso avanza hacia la presentación de pruebas ante el jurado. La resolución final del litigio no se prevé antes de finales de este 2026, de acuerdo con los plazos estimados por la propia corte, en un juicio que arrastra hechos imputados desde hace más de dos décadas.