Zambrano forma parte de una comisión integrada por el ejército, cuerpos policiales, fiscales y funcionarios de gobierno encargada de diseñar la respuesta contra estas organizaciones. El funcionario evitó nombrar públicamente a los tres grupos porque, dijo, se emprenderán "diferentes acciones" de manera sorpresiva en su contra. La designación, según su versión, permitirá a las autoridades actuar "de inmediato".
En Honduras operan desde hace más de dos décadas la Mara Salvatrucha y su rival histórico, el Barrio 18, pandillas transnacionales vinculadas al narcotráfico y a una tasa de homicidios de 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces superior al promedio mundial. Ambas estructuras tienen presencia también en Guatemala y, en menor medida, en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele emprendió una ofensiva antipandillas que generó controversia por denuncias de violaciones a derechos humanos.
Estados Unidos ya clasifica como terroristas a estas mismas organizaciones. En el caso hondureño la designación llega bajo el gobierno de Asfura, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, quien asumió el cargo con la reducción de la criminalidad como objetivo principal de su administración.
El Congreso hondureño espera además aprobar una reforma legal que permita recluir a los pandilleros en prisiones de alta seguridad incluso sin que exista una condena firme en su contra. La iniciativa contempla también restringir al máximo las comunicaciones dentro de los centros penitenciarios y crear un cuerpo especial de fiscales y jueces dedicados exclusivamente a perseguir a estos grupos.
"Van a ser perseguidos de lunes a domingo, todos los días del año y a cualquier hora", afirmó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras.
La medida evoca el estado de excepción decretado por Bukele en El Salvador en marzo de 2022, que suspendió garantías constitucionales y derivó en más de 80,000 detenciones y en la construcción de una megacárcel de alta seguridad, un modelo que redujo los homicidios pero fue cuestionado por organismos de derechos humanos por detenciones arbitrarias.
La designación hondureña coincide con un periodo de recomposición institucional en el país. Las autoridades desestimaron los cargos por vínculos con el narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández tras años de litigio, mientras que el expresidente Manuel Zelaya viajó recientemente a México para atender una enfermedad cardíaca.
La política de mano dura contra las pandillas centroamericanas coincide con un endurecimiento de la postura migratoria de Washington hacia la región. Estados Unidos ha deportado a mexicanos hacia Guatemala y Honduras como terceros países, una práctica que, como se detalla en la cobertura sobre las expulsiones a terceros países que México rechaza, el gobierno mexicano ha objetado por considerarla contraria a los acuerdos bilaterales de repatriación.