Hay algo litúrgico en estas conferencias de seguridad: el secretario despliega el inventario —armas, cartuchos, kilos, detenidos— con la cadencia de un rosario de resultados. La cifra siempre sube. Lo que no aparece en el templete es cuántas de esas 3,300 detenciones han terminado en sentencia firme, cuántas en libertad por falta de pruebas, ni cuánto tardó cada expediente en avanzar por el sistema de justicia penal acusatorio que México estrenó a escala nacional en 2016. El número de arrestos mide actividad policial; no equivale, por sí solo, a justicia consumada.
Sí sabemos, porque el propio García Harfuch lo detalló, que la Operación Enjambre —dirigida contra servidores públicos que protegían o colaboraban con estructuras criminales— arroja 60 personas detenidas y 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos. Es un dato que pesa: perseguir al policía, al mando municipal o al funcionario que cobra por mirar hacia otro lado es más difícil, políticamente más costoso y judicialmente más incierto que decomisar un cargamento. Ahí la cifra, aunque modesta en el conjunto, ilumina el eslabón que casi nunca se toca: la protección institucional.
Pero conviene no confundir el reconocimiento con la ausencia de preguntas. Dieciséis sentencias en veinte meses de operación contra la corrupción policial y municipal, en la entidad más poblada del país, admite dos lecturas: avance genuino en un terreno donde antes no se tocaba a nadie, o prueba de que la condena sigue siendo la excepción y la impunidad, la regla. El propio secretario no ofreció el universo total de servidores públicos señalados frente a los ya sentenciados, dato que permitiría calibrar cuál de las dos lecturas se acerca más.
Las máquinas que operaban a la vista
La pieza central de la comparecencia fue la Operación Dos Bastos: más de 3,300 máquinas tragamonedas retiradas de forma simultánea en 84 municipios, con ingresos que —según detalló García Harfuch— alcanzaban hasta 600 mdp asociados a extorsión, préstamo gota a gota y cobro de derecho de piso. El dato es contundente y también inquietante en su reverso: si esas máquinas generaban semejante caudal de dinero ilícito operando a plena vista, la pregunta obligada no es solo cuántas se retiraron, sino cuántos años llevaban funcionando sin que el cabildo, la policía municipal o las administraciones estatales previas levantaran la ceja.
El Estado de México no es territorio nuevo para estos fenómenos. Durante más de una década, municipios mexiquenses han sido señalados como plaza de disputa entre grupos criminales dedicados al robo de combustible, la extorsión y el narcomenudeo, con una permeabilidad hacia estructuras municipales que ningún gobierno —priista, panista o morenista— ha erradicado. La gobernadora Delfina Gómez, primera morenista al frente de la entidad desde 2023, ha situado la seguridad como eje de su gestión, y el Plan Oriente que hoy se presume es la continuidad de una apuesta que García Harfuch inició cuando fue titular de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México.
El precedente que conviene recordar es que la fórmula de mandos coordinados entre Federación, estados y municipios no nació en este sexenio. Ya en 2019, con la creación de la Guardia Nacional, se intentó resolver por decreto la fragmentación policial heredada del modelo municipal atomizado. Siete años después, el mapa sigue siendo un mosaico de operativos con nombres evocadores —Enjambre, Bastión, Restitución, Atarraya, Liberación— que cada semestre regresan al templete con cifras nuevas. El desafío del modelo nunca fue anunciarlo, sino sostenerlo cuando cambia el municipio, el mando o el gobierno.
La retórica de la coordinación interinstitucional, que el secretario invocó como explicación del resultado —«una estrategia basada en inteligencia, investigación, pero sobre todo una coordinación operativa que nos ha permitido afectar a las estructuras criminales», dijo—, es difícil de rebatir en abstracto. Nadie defiende la descoordinación. El problema es que «coordinación» lleva tanto tiempo sirviendo como explicación de éxitos en el discurso de seguridad mexicano que ha perdido capacidad diagnóstica: es la palabra que se usa lo mismo para explicar por qué baja la incidencia delictiva que, en otro sexenio, por qué no baja lo suficiente.
La Operación Liberación, dirigida contra redes de extorsión que afectaban a comerciantes y productores, apunta a uno de los delitos con mayor cifra negra del país. La extorsión figura de manera sistemática entre los delitos menos denunciados que documenta el INEGI en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, precisamente porque la víctima suele calcular que denunciar cuesta más que pagar. Que exista una operación específica contra ese fenómeno es relevante; que haga falta una, con nombre propio y comparecencia matutina, dice bastante sobre la magnitud del problema de fondo.
Queda pendiente, además, la Cuenta Pública del despliegue: máquinas retiradas, inmuebles intervenidos, propiedades recuperadas. El destino de los bienes asegurados al crimen organizado —destrucción, subasta, almacenamiento— es información tan relevante como el número de decomisos. El secretario no precisó ese desenlace, y sería útil que en próximas comparecencias detallara no solo cuántas máquinas se retiraron, sino qué se hizo con ellas y con los inmuebles recuperados.
Nada de esto invalida el ejercicio de transparencia que supone comparecer con cifras desglosadas por operación y por delito, más de lo que ofrecían administraciones de seguridad de sexenios anteriores, más dadas al comunicado escueto que a la rendición de cuentas por operativo. La pregunta que cabe hacerse no es si las cifras son falsas, sino si son suficientes: si 3,300 detenidos en veinte meses representan una fracción relevante de la estructura criminal del estado o la punta visible de un fenómeno cuya dimensión real nadie en el templete se atrevió a estimar.
El escenario, en todo caso, no es neutral. Sheinbaum y su gabinete de seguridad eligieron Toluca, y no Palacio Nacional, para exhibir que el modelo de mandos coordinados funciona en el Estado de México, entidad de peso histórico en el mapa electoral que en 2027 renovará su Congreso local y buena parte de sus ayuntamientos. Presentar resultados en la vitrina mexiquense es también, aunque el templete no lo diga, un mensaje con destinatario político.
García Harfuch cerró su intervención con un compromiso: «Desde el Gabinete de Seguridad reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para proteger a las familias mexiquenses y garantizar que no haya impunidad», afirmó. La gobernadora Delfina Gómez, por su parte, ha destacado en su propio balance los avances del Plan Oriente y el refuerzo del combate a la extorsión y la revisión de centros penitenciarios en la entidad. Ambos coinciden en el diagnóstico y en la narrativa del éxito coordinado.
Habrá que ver si dentro de otros veinte meses el secretario regresa a Toluca con una nueva ronda de cifras crecientes o si, en algún momento, presenta un balance que incluya también lo que no funcionó: los expedientes caídos, las máquinas reaparecidas en otro municipio, los servidores públicos detenidos que un juez de amparo terminó liberando. Esa comparecencia —la de las cifras incómodas— sigue pendiente.