Conviene reparar en la cautela del anuncio. El funcionario que encabeza la política de seguridad no dijo que se pedirá la extradición ni que se descarta: sostuvo que «tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición». La fórmula es impecable en el reparto de competencias, pues la FGR es un órgano constitucional autónomo desde la reforma de 2014, encabezado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Y es también la manera más limpia de trasladar la pelota.
La pregunta de fondo no es procesal, es política: si conviene o no que Zambada regrese a suelo mexicano, aunque sea tras los muros de un penal de máxima seguridad. Para Washington, «El Mayo» es una pieza central en la presión sobre el tráfico de fentanilo. En México, su eventual retorno reabriría capítulos sobre presuntas complicidades políticas que el propio capo ha insinuado a lo largo del tiempo.
El dato de mayor peso, sin embargo, es patrimonial. García Harfuch reconoció que hasta ahora «no se han asegurado bienes» a nombre de Ismael Zambada. «A nombre de él específicamente no, sí de las organizaciones criminales han sido una cantidad considerable de cuentas e inmuebles», precisó el secretario según lo declarado en la conferencia. Es decir: décadas de operación de una de las estructuras criminales más longevas del continente y ningún inmueble ni cuenta que el Estado pueda vincular directamente al capo.
Lo que sí existe, matizó, es «una gran cantidad» de cuentas y propiedades aseguradas a las organizaciones criminales en su conjunto, muchas de ellas cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay decomisos y expedientes, pero ninguno lleva su nombre en el campo del titular registral.
Ese desfase entre la fortuna atribuida y el patrimonio documentado responde al manual de operación de cualquier estructura criminal sofisticada: testaferros, sociedades pantalla, prestanombres y activos diluidos en decenas de figuras legales que jamás mencionan al beneficiario final. Lo relevante no es que exista esa ingeniería, sino que, tras varias administraciones, siga operando sin que el rastro documental llegue al nombre buscado.
México ha transitado antes por este escenario. Cuando fue detenido y luego extraditado Joaquín «El Chapo» Guzmán, socio de Zambada en la fundación del Cártel de Sinaloa, el discurso oficial también prometió golpes patrimoniales. Buena parte de las fortunas atribuidas al capo más mediático del narcotráfico mexicano permaneció sin rastro documentado a su nombre en los registros públicos de la propiedad. El patrón se repite con su antiguo socio.
El componente binacional no es menor. La petición de Zambada de cumplir condena en México coincide con un tramo tenso de la cooperación en seguridad, con Estados Unidos presionando por resultados frente al fentanilo y el gobierno de Sheinbaum defendiendo que colaboración no equivale a subordinación. Un traslado en el sentido inverso —de EU hacia México— sería atípico, pues la mecánica habitual de estos procesos corre en dirección contraria: son los tribunales estadounidenses los que suelen reclamar a los capos.
La decisión que la FGR tiene sobre la mesa trasciende lo procesal. Valorar una eventual solicitud de extradición implica sopesar costos políticos, la capacidad de resguardo penitenciario —los antecedentes de fugas en penales de máxima seguridad en el país no son pocos, incluida la del propio «Chapo» en 2015— y la utilidad de tener físicamente al capo en territorio nacional para reconstruir las estructuras financieras que, según reconoce el propio gobierno, siguen sin nombre y apellido en los expedientes de aseguramiento.
Mientras esa determinación no llegue, la fotografía queda planteada con crudeza: un capo que expresa desde una prisión estadounidense dónde prefiere cumplir condena, y un aparato de seguridad mexicano que admite, sin dramatismo, que el patrimonio de ese capo sigue siendo, en términos registrales, un fantasma. La FGR no ha fijado plazo público para resolver, y cualquier solicitud formal de extradición debería tramitarse por la vía diplomática ante las autoridades de Estados Unidos, competentes sobre quien hoy está bajo su custodia.