El primero de los decretos-ley que se somete a votación es el 18/2026, de 29 de junio, que prolonga el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo, en los primeros compases del conflicto. El texto mantiene, con una retirada paulatina, el alivio fiscal sobre los carburantes y contempla la desaparición progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el llamado impuesto de generación. Esta última medida figura entre las reivindicaciones energéticas del PP y de Junts, lo que despeja el camino para su convalidación.
El segundo decreto-ley, el 19/2026, también del 29 de junio, aborda dos materias dispares: la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas y el complemento de insularidad en las Illes Balears. En el primer caso, flexibiliza la contratación de trabajadores relevistas, de forma que las entidades públicas puedan vincular estas jubilaciones a contratos fijos ya existentes o recurrir a personal temporal de sustitución mientras se resuelven los procesos selectivos definitivos. En el segundo, revisa al alza las indemnizaciones por residencia en el archipiélago balear, con el objetivo declarado de compensar el elevado coste de vida y sostener la calidad de los servicios públicos en la región.
Los reales decretos-ley, dictados por el Gobierno al amparo del artículo 86 de la Constitución en casos de extraordinaria y urgente necesidad, deben ser sometidos a debate y votación de convalidación o derogación en el plazo de treinta días desde su promulgación. Es la vía normativa que más ha utilizado el Ejecutivo en las legislaturas recientes, marcadas por mayorías parlamentarias fragmentadas que dificultan la tramitación de leyes ordinarias.
La reforma del Reglamento y el umbral para formar grupo propio
Uno de los puntos con mayor trascendencia institucional es el dictamen de la Comisión de Reglamento que reforma los requisitos para constituir grupo parlamentario propio. La propuesta rebaja del 5% al 3% el porcentaje de votos exigido a nivel nacional y del 15% al 10% el exigido en las provincias donde una formación se presenta. Se trata de una modificación de calado: el Reglamento del Congreso, vigente desde 1982 y apenas retocado en sus aspectos estructurales desde la Transición, fija el marco que determina la financiación, el tiempo de intervención y la capacidad de iniciativa legislativa de cada fuerza representada en la Cámara.
La rebaja de los umbrales beneficiaría a formaciones con representación territorial concentrada que hasta ahora quedaban por debajo de los mínimos y debían integrarse en el Grupo Mixto, con menores recursos parlamentarios que un grupo propio. El debate no es nuevo: distintas legislaturas han visto propuestas similares, en las que entran en conflicto los intereses de los partidos mayoritarios, que tienden a preferir umbrales altos para evitar la fragmentación, y los de las formaciones minoritarias, que reclaman una relación más proporcional entre votos obtenidos y peso institucional.
El Pleno examina también tres proposiciones de ley a las que el Senado ha incorporado enmiendas, que serán las que se sometan a votación definitiva en el Congreso. La primera es la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y las competencias de la autopista del Atlántico, la AP-9, a la Comunidad Autónoma de Galicia, una reivindicación histórica del Gobierno gallego que afecta a la gestión de peajes y al mantenimiento de una de las principales vías de comunicación del noroeste peninsular.
La segunda modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en lo relativo a las mutualidades alternativas. Se trata de la conocida como pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un mecanismo que permitiría a los mutualistas alternativos —principalmente profesionales colegiados que optaron en su día por mutualidades privadas en lugar de la Seguridad Social— trasladar sus aportaciones al sistema público para asegurarse una pensión pública. La tercera proposición modifica la normativa del programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud.
La previsión es que el Congreso avale las enmiendas introducidas por el Partido Popular en el Senado, en la medida en que su contenido coincide con la posición defendida por el Gobierno. Esta tramitación bicameral, en la que el Senado devuelve el texto con modificaciones que la Cámara Baja puede aceptar o rechazar, corresponde a la última fase del procedimiento legislativo ordinario recogido en el artículo 90 de la Constitución de 1978.
La condonación de deuda autonómica, pendiente de Junts
El asunto que concentra mayor tensión política es la reforma que habilitaría la condonación de deuda autonómica contraída durante la crisis financiera de la pasada década, cuando varias comunidades acumularon pasivo ante la insuficiencia de recursos del sistema de financiación territorial. La iniciativa nació del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez y fue presentada por quien entonces ocupaba la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, hoy líder de la oposición en el Parlamento andaluz.
El Partido Popular y Vox han registrado sendas enmiendas a la totalidad con el objetivo de tumbar la reforma, al considerar que la condonación supone un trato de favor hacia determinadas comunidades en detrimento del principio de igualdad entre territorios. La votación depende, sin embargo, de Junts per Catalunya, que esta semana anunció su respaldo a la introducción de enmiendas parciales al texto, lo que podría modular el alcance de la condonación sin descarrilar la iniciativa. El Gobierno, por su parte, defiende la medida como un mecanismo de alivio para las comunidades infrafinanciadas.
El precedente más directo se remonta a los mecanismos extraordinarios de liquidez habilitados por el Estado entre 2012 y 2015 para asistir a las comunidades autónomas con dificultades de acceso a los mercados de deuda, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La discusión sobre si esa deuda debe condonarse, reestructurarse o mantenerse en los términos originales enfrenta desde entonces a los defensores de la corresponsabilidad fiscal territorial con quienes reclaman un reconocimiento de la infrafinanciación histórica de ciertas comunidades.
La senda de estabilidad, sin visos de prosperar
El Pleno aborda también, por segunda vez, la senda de estabilidad presupuestaria, después de que la pasada semana fuera rechazada en primera votación. La norma, que fija los objetivos de déficit y deuda para las administraciones públicas en los próximos ejercicios conforme a la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no cuenta con expectativas de prosperar en esta segunda oportunidad, con la previsión de un resultado idéntico al de la semana anterior.
Pese al rechazo previsible, el procedimiento contempla que el Gobierno pueda continuar con la tramitación de los techos de gasto y, eventualmente, con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, un mecanismo que permite sortear el rechazo formal sin bloquear la acción de gobierno y que se ha empleado en anteriores legislaturas con mayorías fragmentadas. El marco de disciplina fiscal se enmarca además en las reglas presupuestarias europeas, que la Comisión Europea supervisa junto con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el ámbito interno.
Con este Pleno, el Congreso cierra el periodo ordinario de sesiones antes del receso estival, que se prolongará hasta septiembre según el calendario habitual de la Cámara. Los asuntos que no logren despacharse este jueves quedarán pendientes para la reanudación de la actividad parlamentaria, mientras que las votaciones ya cerradas —previsiblemente los dos decretos-ley y las proposiciones procedentes del Senado— configurarán parte de la agenda legislativa con la que los grupos regresarán en otoño.
