La administración federal señaló que no busca una prohibición inmediata del uso de celulares en las aulas, sino construir una regulación tras un proceso de consulta. Durante la conferencia matutina del 20 de julio, Sheinbaum afirmó que la intención no es "prohibir por prohibir", sino generar una discusión pública sobre los efectos del uso de las redes sociales y los dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes. La mandataria sostuvo que cualquier regulación debe acompañarse de educación digital y de un uso responsable de la tecnología.
Para reunir esa base de evidencia, el Gobierno federal realizará tres foros regionales y un encuentro nacional de conclusiones en los que participarán autoridades educativas, investigadores, familias y representantes de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El objetivo declarado es reunir datos y posturas de distintos sectores antes de que la SEP y la presidencia definan el contenido final de la iniciativa que se remitiría al Congreso de la Unión.
La SEP explicó que el debate no se limitará al uso de celulares, sino que abarcará también la inteligencia artificial, la alfabetización digital y la salud mental. La dependencia considera que el acceso a la tecnología debe mantenerse como una herramienta para el aprendizaje, pero con reglas que favorezcan el bienestar físico, emocional y académico de los estudiantes.
Entre los ejes que el Gobierno federal adelantó figuran regular el uso de celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar, con excepciones para actividades pedagógicas, emergencias y necesidades médicas o educativas especiales; impulsar programas de alfabetización digital y uso responsable de la tecnología; promover campañas sobre salud mental, convivencia escolar y riesgos del uso excesivo de pantallas; y establecer lineamientos nacionales que sirvan de referencia para las escuelas del país, donde la educación básica combina competencias federales y estatales.
Delgado subrayó que la propuesta se nutrirá también de experiencias internacionales. De acuerdo con la Unesco, para marzo de 2026 el 58% de los sistemas educativos del mundo ya contaban con algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas. El organismo recomendó, durante la conferencia mañanera del 20 de julio, que cualquier restricción vaya acompañada de estrategias permanentes de alfabetización mediática, digital y algorítmica, además de un debate amplio sobre el impacto de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en el ámbito educativo.
Entre los referentes recientes en la discusión internacional figura Francia, donde el Parlamento aprobó restringir el acceso a redes sociales a menores de 15 años y el país anunció que prohibirá los celulares en las escuelas a partir de septiembre, además de endurecer el acceso a redes para adolescentes. La SEP tomó ese tipo de experiencias como referencia, aunque no ha anunciado hasta ahora una fecha ni un modelo definitivo para México.
Dieciséis entidades ya restringen su uso en educación básica
Mientras se desarrolla la consulta nacional, el Gobierno federal informó que 16 entidades ya cuentan con regulaciones para restringir el uso de celulares en escuelas de educación básica: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas. Esa disparidad normativa entre estados es uno de los argumentos que sostiene la necesidad de lineamientos nacionales que homologuen criterios básicos.
El antecedente más cercano en la política educativa mexicana es la entrega de tabletas y computadoras a estudiantes en distintos sexenios, así como la discusión que generó la introducción de contenidos digitales de la SEP y la reforma a los libros de texto gratuitos, episodios en los que el debate técnico-pedagógico se cruzó con la disputa política en el Congreso de la Unión. La diferencia, en este caso, es que la iniciativa nacería de un proceso de consulta pública previo a su envío al Legislativo.
La discusión sobre el uso de pantallas en la infancia también tiene un correlato en el ámbito de la salud pública. Organismos internacionales han señalado en los últimos años una asociación entre el uso prolongado de dispositivos móviles y problemas de atención, sueño y salud mental en la población infantil y adolescente, aunque la evidencia sobre una causalidad directa continúa siendo objeto de debate académico. Esa cautela explica el enfoque gradual que la SEP ha planteado antes de legislar.
En el plano legislativo, cualquier iniciativa que la presidencia envíe al Congreso de la Unión deberá seguir el proceso ordinario: turno a comisiones, dictamen, discusión y votación en la cámara de origen, y posterior revisión en la cámara revisora. El próximo periodo ordinario de sesiones comienza en septiembre, fecha que coincide con el plazo que el Gobierno federal se fijó para presentar la propuesta ya trabajada.
Hasta ahora, ni la SEP ni la presidencia han precisado si la regulación se tramitará como una reforma a la Ley General de Educación, como una ley específica o como lineamientos administrativos de aplicación federal, una definición que previsiblemente se resolverá al concluir los foros regionales y el encuentro nacional de conclusiones. Tampoco se ha detallado si la normativa incluiría sanciones para las escuelas que incumplan los lineamientos o si su cumplimiento quedará sujeto a la autoridad educativa de cada entidad.
El proceso se encuentra en una etapa preliminar: la construcción de evidencia y consenso antes de la redacción de un texto legislativo. El resultado de los tres foros regionales y del encuentro de conclusiones, cuyas fechas exactas no han sido difundidas, será el primer indicador de la orientación de la propuesta que Sheinbaum y la SEP prevén llevar al Congreso de la Unión en el periodo que arranca en septiembre.