De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la indagatoria se originó luego de que la denunciante recibiera alertas del sistema de seguridad instalado en el inmueble de Cerrada de Matías Romero número 18 y detectara la presencia de personas en su interior. Según el Ministerio Público, las imputadas habrían ingresado y ocupado la propiedad sin el consentimiento de la parte denunciante, conducta que la autoridad ubica dentro del delito de despojo previsto en el Código Penal para el Distrito Federal, aún vigente para la capital.
Para sustentar la solicitud de aprehensión, personal ministerial recabó entrevistas con la denunciante y nueve testigos, además de videograbaciones, inspecciones y dictámenes periciales, entre ellos uno en materia de cerrajería. Con esos datos de prueba, el agente del Ministerio Público acudió ante un juez de control, quien libró las órdenes de captura contra ambas mujeres. Localizadas por la PDI en la colonia Doctores, permanecen recluidas en Santa Martha Acatitla en tanto se define su situación jurídica; en esta etapa conservan la presunción de inocencia y corresponderá al juzgador resolver, en la audiencia inicial, si existen elementos para vincularlas a proceso.
Como parte de las diligencias, la FGJCDMX aseguró el inmueble en disputa el 25 de julio para preservarlo y evitar que se agravara la afectación denunciada. Tres días después, el 28 de julio, un juez de control ratificó la medida, lo que permite continuar con las diligencias periciales sin riesgo de que el bien sea alterado o transferido a terceros. Hasta el cierre no se ha reportado una postura de la defensa de las imputadas.
Un patrón bajo la lupa en la Benito Juárez
La FGJCDMX enmarcó el caso dentro de un seguimiento a los despojos denunciados en la colonia Del Valle, donde durante 2026 se han abierto 30 carpetas de investigación por hechos similares, según la propia dependencia. Un equipo especializado analiza esos expedientes para identificar coincidencias en los modos de operación, posibles vínculos entre distintos hechos y a otras personas involucradas. El despojo inmobiliario se ha concentrado en alcaldías de alta plusvalía —Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc—, donde propiedades desocupadas o en litigio resultan atractivas para su ocupación mediante documentación apócrifa, cambios de cerradura o intimidación.
Para atender estos casos, la Fiscalía capitalina opera la Fiscalía de Investigación del Delito de Despojo y Recuperación de Inmuebles (FIDAPU), unidad especializada creada para centralizar este tipo de indagatorias. En paralelo al caso de la Del Valle, la FGJCDMX reportó el aseguramiento de otro inmueble, en la alcaldía Coyoacán, durante un operativo realizado la madrugada del miércoles como parte de una investigación distinta por presunto despojo con violencia ocurrido en diciembre de 2025. La diligencia estuvo a cargo de la FIDAPU, que mantiene abierta la carpeta correspondiente.
Según la Fiscalía, el aseguramiento del inmueble de Coyoacán permitirá continuar con las diligencias periciales y la recopilación de pruebas para establecer responsabilidades y definir la legal posesión del bien, en un proceso independiente al de la Del Valle pero con la misma lógica de intervención: asegurar la propiedad en disputa antes de resolver el litigio de fondo. En ninguno de los dos casos se ha difundido la versión de las personas imputadas o de sus representantes legales.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, tras una aprehensión, la persona debe ser presentada ante un juez de control para que resuelva su situación jurídica en audiencia inicial. En ella se define si procede la vinculación a proceso —figura que, conforme al artículo 19 constitucional, exige acreditar que existió un hecho señalado como delito y la probable participación del imputado— y si se impone alguna medida cautelar, que puede ir de la prisión preventiva a otras menos restrictivas, según el riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación.
El fenómeno tiene antecedentes de peso en la capital. Uno de los episodios más citados es el de la Casa Blanca de las Lomas y, sobre todo, los casos de predios ocupados que derivaron en la creación de fiscalías especializadas: la propia FIDAPU nació como respuesta institucional al aumento de denuncias por despojo en la Ciudad de México, un delito que en el fuero común compite en visibilidad con el robo de inmuebles documentales registrado desde la primera década del siglo.
Hasta el cierre de esta nota no se ha reportado la resolución de la audiencia inicial de Virginia "N" y Diana "N", por lo que continúan como imputadas, sin vinculación a proceso formal ni sentencia que determine responsabilidad penal. El caso quedará sujeto a las siguientes audiencias del proceso penal acusatorio, en las que ambas partes podrán ofrecer pruebas y argumentos antes de que el juez de control determine si el asunto avanza hacia la etapa intermedia o el juicio oral.